El tema no está en agenda, pero las mujeres siguen abortando, Aníbal
«Hay que hacer un debate serio sin ponerse en los extremos ideológicos y religiosos”, dijo el flamante ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, al ser consultado sobre el aborto. A las pocas horas, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, respondió que el tema no está en la agenda del gobierno. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que cuenta con el aval de decenas de legisladores aún no fue tratado en el Congreso. Mientras tanto, en nuestro país, entre 500.000 y 700.000 mujeres se practican un aborto cada año, y es la principal causa de muertes de mujeres vinculadas al embarazo. Dialogamos con la médica generalista Viviana Mazur*, quien cotidianamente brinda información sobre el tema a mujeres que se acercan a centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Por La Retaguardia
Eugenia Otero: En estos días nos sorprendieron las declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional en relación al tema del aborto. La primera es del flamantísimo ministro de Salud, Daniel Gollán, que planteó que era momento de debatir seriamente el aborto y puso como ejemplo el modelo uruguayo. La segunda es una declaración que marca claramente la cancha y es la de Aníbal Fernández que dijo que el aborto no está en agenda, y que si lo hubiera estado la presidenta en su discurso de casi cuatro horas en la apertura de las sesiones legislativas lo hubiera mencionado. Después salió Juliana Di Tullio, que es la jefa de bancada del Frente para la Victoria en Diputados, diciendo que ella creía que había que debatir en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Más allá del análisis político de lo que significan todas estas declaraciones cruzadas y debate hacia adentro del oficialismo sobre el tema, nos interesaba hablar con vos sobre las declaraciones del ministro para entender qué significa este tema en el sistema de salud. Lo primero que dice el ministro es que en el país hay 500.000 abortos por año y que es la principal causa de muerte materna. Como trabajadora de la salud, ¿cuál es la dimensión que entendés que tiene este tema?
Viviana Mazur: En realidad si uno observa todos los partidos políticos de la Argentina o la gran mayoría creo que ninguno tiene una postura absolutamente homogénea al interior de sus fuerzas en relación a la temática del aborto. Esto va para los partidos más conservadores como para los partidos más de izquierda, y ha hecho que al día de hoy en nuestro país no hayamos podido siquiera debatir en el Congreso y sancionar alguna ley que legalice el acceso de las mujeres a un aborto seguro, a pesar de que en nuestro país uno de los principales problemas de salud que padecen las mujeres está vinculado a la práctica del aborto clandestino. Tal como dijo el nuevo ministro, el aborto es un problema absolutamente frecuente en nuestro país: se calcula que entre 500.000 y 700.000 mujeres se practican un aborto cada año, pero el problema no es solo la práctica sino las condiciones en las que se realiza, que termina produciendo la mayor parte de las muertes de mujeres que mueren por causas vinculadas al embarazo. O sea que el principal motivo por el cual las mujeres embarazadas mueren en nuestro país está vinculado al aborto clandestino. Y está totalmente demostrado a nivel mundial que el problema no es el aborto en sí; el aborto es una práctica segura, sencilla, el problema son las condiciones en que se realiza un aborto. Las posibilidades que tiene una mujer de morir por la práctica de un aborto son de 1 en 100.000 en servicios seguros y de entre 100 y 1000 en 100.000 en servicios inseguros. Por lo tanto, las posibilidades de morir están absolutamente aumentadas dependiendo del acceso que las mujeres tengan a una práctica segura. Esto nos lleva rápidamente a pensar quiénes son las mujeres que acceden a una práctica segura, y quiénes las que no. Y las que no son aquellas mujeres pobres, las que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, muchas veces víctimas de violencia de género, las jóvenes que por algunas limitaciones en el acceso al sistema de salud tienen más dificultades para consultar a tiempo, por lo tanto no solo es una práctica que claramente visibiliza el padecimiento de un género sino que por otro lado dentro de ese género las mujeres que más la padecen son aquellas que ya tienen gran parte de sus derechos vulnerados.
E.O.: Otra de las cosas que dijo el ministro de Salud es que, antes de la legalización plena del aborto, lo que se podía hacer era implementar un sistema de consejerías tal como lo hizo Uruguay. Pero en nuestro país ya hay consejerías: contános de qué se tratan y cómo funcionan.
V.M.: Son parte de las consejerías en salud sexual y reproductiva, que en el caso de que se acerque una mujer que explicita su deseo de interrumpir un embarazo se convierten en consejería pre y post aborto. En realidad son dispositivos y formatos de trabajo que lo que hacen es basarse en el derecho que tienen las personas a acceder a la información. Como profesionales de la salud, así como también los profesionales de la educación estamos totalmente obligados a brindar a la población con la que trabajamos toda la información disponible, confiable, en forma clara para que pueda comprenderla, para que la pueda usar en beneficio de su salud. Si nosotros sabemos que hay formas de interrumpir el embarazo que tienen posibilidad de disminuir enormemente el riesgo que las mujeres corren cuando lo hacen y no brindamos esa información estaríamos en un problema ético muy importante, porque estamos negando a la mujer la posibilidad de que la práctica que realice para interrumpir el embarazo sea la menos nociva posible para su salud. Basados en ese derecho, y más allá de lo que cada uno de nosotros opine o no sobre la legalización del aborto, estamos obligados y obligadas a brindar la información. En nuestro país, al igual que en la mayoría de los países del mundo, existe una medicación que es el misoprostol, que aquí viene combinado con otro medicamento con un analgésico porque tiene otro uso medicinal. Ese medicamento es un fármaco que produce contracciones uterinas y que expulsa el contenido uterino en caso de un embarazo; es el medicamento que el movimiento de mujeres a nivel mundial aprendió a usar para interrumpir embarazos. Los trabajadores de la salud hemos aprendido de esas prácticas: cómo se usa, cómo conviene dosificarlo, cuál es la mejor vía de administración. Hay muchísimos estudios y una gran evidencia a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud incluso publicó un manual hace dos años acerca del uso del misoprostol para poder normatizar la forma de uso en todo el mundo. Contando con esa información, que tiene que estar accesible para las mujeres, nuestra práctica en las consejerías consiste en ofrecer esa información, que las mujeres sepan cómo usarlo correctamente, cuál es la mejor vía, y por supuesto ofrecer todas las prácticas de cuidado para la salud de las mujeres que sean necesarias para evitar complicaciones. Entonces, no se realiza la práctica en los servicios de salud, salvo en el caso que sea un aborto no punible, pero sí se ofrece toda la información y en algunos casos y en algunos servicios también se ofrece la receta si se trata de un embarazo que la mujer vaya a interrumpir por todos los medios, y en función de la política de reducción de riesgos y daños lo que se hace es garantizar el acceso a la medicación, porque lo peor que puede pasar es que esa mujer para interrumpir el embarazo recurra a prácticas clandestinas como la sonda, etcétera, etcétera o a ponerse objetos en el útero que sí la pueden llevar a la muerte.
Fernando Tebele: Nosotros estamos haciendo esta nota en un centro de salud que está dentro del área del Hospital Santojanni de la Ciudad de Buenos Aires, donde funciona la Consejería. ¿El funcionamiento de estas consejerías forman parte de una política de Estado clara tanto a nivel nacional como de la ciudad?
V.M.: No, lamentablemente las Consejerías existen solo en aquellas instituciones en las que los equipos de salud o integrantes de los equipos de salud por sus propias convicciones o a veces hasta por militancia en relación a los derechos sexuales y reproductivos llevan adelante esta propuesta y la sostienen, incluso algunas veces al margen de las propias autoridades de la institución. Es una práctica que por suerte está mucho más extendida, yo pienso en el proceso que se dio en los últimos años en nuestro país en relación a este tema y la verdad que hace cinco años podíamos contar con los dedos de una mano la cantidad de consejerías que había en la ciudad de Buenos Aires y en este momento podemos decir que en la mayoría de los centros de atención primaria se puede acceder a consejerías, que en algunos hospitales también funcionan. Eso todavía no es una política clara de Estado, no hay normativas al respecto, salvo las incluidas en algunas generales como las guías sobre Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva, pero no hay una capacitación permanente de los equipos de salud para trabajar en esta temática. Podemos decir que no es una política de Estado clara, aunque tiene sí el aval de algunas autoridades ya sea a niveles locales, como los municipios, incluso la Ciudad de Buenos Aires, o a nivel nacional, pero todavía no se puede decir que sea política de Estado. De todos modos, a nivel nacional, si uno llama al 0800 del Ministerio de Salud se brinda información y se deriva a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo para que sean asesoradas en las Consejerías que ya se sabe que funcionan; esto está contemplado en las capacitaciones que el Ministerio hace y en los materiales del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable también aparece. Falta la fuerza de la definición política, de la reglamentación, de la construcción de una herramienta desde el punto de vista también del derecho que amplíe ese paraguas, para dar posibilidad de permanencia y que no dependa de la fragilidad que tiene el tiempo que permanecen algunos funcionarios en determinados roles o funciones dentro de los ministerios, o de la permanencia de determinados equipos en algunos lugares, que garanticen la continuidad y que institucionalicen de manera quizás más permanente.
E.O.: Me llamó mucho la atención que Gollán diga que en Uruguay habían sido absolutamente exitosas las Consejerías porque el 30% de las mujeres que habían ido decididas a abortar habían cambiado de idea.
V.M.: Si bien son un modelo, fueron un avance muy importante y sirvieron como material para aprender y garantizar el avance de las Consejerías en nuestro país, las Consejerías en Uruguay tienen grandes limitaciones. Por ejemplo, el acceso de las mujeres sólo se hace si son ciudadanas uruguayas, y para nosotras que venimos de una práctica en salud que intenta cobijar en el acceso a quienes transitan por nuestro país y que permanentemente peleamos por una política en salud que sea inclusiva sobre todo para las poblaciones migrantes, esa restricción es muy importante. También tienen restricciones en relación a las semanas, estas Consejerías en Uruguay están garantizadas hasta las 12 semanas, en nuestro país el derecho a la información la tiene cualquier mujer, no importa las semanas de embarazo que esté cursando, y la verdad es que en general cuando las mujeres acuden a la consulta en salud lo hacen con la decisión tomada, y lo que uno se encuentra habitualmente son mujeres con un enorme grado de sufrimiento y de desesperación, con una decisión tomada, y con mucho temor de que esa decisión de interrumpir el embarazo también termine con su propia vida. Las Consejerías no están abocadas a convencer a las mujeres a que continúen con el embarazo, las Consejerías están basadas en el derecho que tienen las mujeres en base a su autonomía, a decidir sobre su vida, sobre su propio cuerpo, entonces en función de eso si una mujer ya tomó la decisión no se va a intentar convencerla de nada; sí se ofrece por supuesto toda la información disponible y si la mujer tiene dudas de si continuar o no con el embarazo uno puede trabajar sobre todas las acciones que hay, que incluye la adopción y un montón de variables, pero es sobre la base del respeto a lo que la mujer ya tiene pensado y definido para su salud y su vida. Se propicia la decisión libre y autónoma de las mujeres, sí es muy importante muchas veces chequear en función de qué toma esa decisión. Algunas mujeres lo hacen en función de su proyecto de vida, por su situación económica, porque no es el momento en el que quieren ser madres, y algunas otras por otros aspectos vinculadas a la salud de la mujer, a la violencia de género, por ejemplo. Algunas mujeres interrumpen el embarazo por mandato de sus parejas, en esos casos podemos trabajar un poco más sobre si ella realmente quiere continuar con el embarazo, trabajar el aspecto más vinculado a la violencia que está limitando su autonomía. En otros casos, son mujeres víctimas de violencia doméstica, con situaciones que las llevan muchas veces a no poder acceder a la anticoncepción porque sus parejas se lo impiden, entonces esta interrupción del embarazo se hace a escondidas de la pareja. Por lo tanto, nuestra misión nada tiene que ver con convencer a las mujeres. Lo que sí tenemos que hacer es formarnos y tener muchos recursos para las consultas como para poder ser capaces de escuchar lo que a la mujer le está pasando o lo que está pidiendo.
E.O.: El ministro de Salud también se refirió a una herramienta que ya tenemos y que es el aborto no punible. En este punto dijo que sí hay que cumplir con la ley, y se refirió justamente a los objetores de conciencia.
V.M.: Este es un claro ejemplo de la importancia del trabajo en el sector salud, en simultáneo, mientras luchamos y peleamos por leyes que realmente respeten el derecho de las mujeres. De poco o nada sirve tener algunas leyes si no se puede garantizar su cumplimiento y, en ese sentido, trabajar con los equipos de salud acerca de por qué las objeciones de conciencia, del derecho que tienen las mujeres, de por qué los servicios de salud no son servicios que tengan que estar trabajando en la fiscalización de las decisiones de las mujeres. Yo siempre digo que si uno quiere trabajar sobre la creación de leyes y derechos tiene que dedicarse a la abogacía, si somos trabajadores de la salud tenemos que cumplir las leyes que existen en nuestro país y garantizar el acceso de las personas al cumplimiento de las mismas. Tenemos una ley de hace casi 100 años vinculada a la no punibilidad del aborto que es la que plantea el Código Penal, pero que a pesar de la existencia de esa ley los servicios de salud no garantizan el acceso en las condiciones que esa norma plantea, como puede ser el caso de violación, o el caso de causal salud. A partir del año 2012 y de una resolución que la Corte Suprema de Justicia dio en función de situaciones en las que no se estaba cumpliendo, con esa ley podemos decir que los servicios de salud han flexibilizado y han mejorado sus prácticas, pero hoy todavía es bastante difícil garantizar el acceso al aborto no punible. En el caso de las mujeres víctimas de abuso sexual está un poco más flexibilizado y se fue comprendiendo que no es necesario tener la denuncia policial, ni la cuestión legal, sino que uno puede con una declaración jurada de la mujer garantizar el acceso a la práctica. La observación de la causal salud es un poco más compleja, porque en realidad tal como lo plantea la ley y la Corte Suprema de Justicia, y también como está escrito en la normativa que el Ministerio de Salud de la Nación trabajó en relación a las guías de prácticas de abortos no punibles, tienen que hacernos pensar en la salud como un fenómeno amplio, no se debe pensar a la salud solo como una contraposición entre vida o muerte o como algún problema grave. Todos sabemos que vivir en una situación de pobreza, de marginalidad, de maltrato, impacta sobre la salud, no poder cumplir con el propio proyecto de vida impacta contra la salud, eso lo sabemos hasta para cuando tratamos problemas de salud mucho más banales, pero parecería que cuando nos estamos refiriendo al aborto esas concepciones se nos caen y nos quedan restringidas a riesgo de vida, enfermedades graves, etcétera. Esto nos impide ver a la salud como un proceso integral desde el aspecto biológico pero también desde el aspecto psicosocial; en este sentido, un trabajo para hacer en el sector salud es profundizar un poco más este concepto de que la causal salud incluye algunas otras cuestiones como las que se ponen en juego en una mujer que debe ejercer la maternidad de manera forzada.
E.O.: Si lo pensáramos de esa manera, todas las situaciones en las que una mujer decide practicar un aborto serían legales.
V.M.: Podríamos pensarlo así pero no alcanza con sostenerlo desde allí, porque siempre termina jugando la decisión del sistema de salud, de si lo autoriza o no. Y en realidad eso limita la autonomía de las mujeres. Yo puedo pensar como profesional de la salud que algo influye o no sobre la salud de la persona, pero la verdad es que la única que lo sabe realmente es la persona que está transcurriendo por esa circunstancia, por eso es importante la legalización porque nos tiene que sacar de las manos del sector salud y del sector jurídico la decisión de quién sí y quién no.
F.T.: Con toda esta polémica que se armó con la cantidad de firmas de diputados que avalaron la apertura del debate, la invitación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, con el sí del ministro y el no del jefe de gabinete, ¿crees que estamos más cerca o más lejos de la legalización?
V.M.: Yo creo que estamos más cerca, en primer lugar porque soy una optimista severa y porque veo que hay un proceso de cambio en las formas de mirar esta problemática en gran parte de la población, y en particular en el sector en el que trabajo, el sector salud. Personas que jamás hubieran pensado que podían aportar en algo a garantizar la autonomía de las mujeres, hoy a pesar de estar en contra de la práctica del aborto pueden garantizar el acceso, eso me hace como pensar que estamos más cerca. Creo que la gran heterogeneidad que hay al interior de los partidos políticos y los movimientos sociales también es una ayuda en el sentido de que la división no está generada solamente por quiénes son los partidos gobernantes y quiénes no, sino que me parece que hay un avance en ese sentido. Creo que algunos partidos no podrán seguir sosteniendo por mucho más tiempo, porque uno ve gente muy comprometida, muy militante en relación a este derecho en el marco de partidos que orgánicamente sostienen el no, y eso tiene un límite que no va a poder ser sostenido demasiado tiempo. Por otro lado, porque no podemos seguir viendo el padecimiento de tantas mujeres por negar una práctica que de alguna manera van a hacer, y viendo que las cifras de mortalidad materna en nuestro país no solo no bajaron, sino que en el último año han aumentado a pesar de los compromisos mundiales y la única manera que van a tener los representantes del Estado para modificar esta cifra en función del compromiso va a ser garantizar el acceso de las mujeres a un aborto seguro. Todo eso me parece que tiene una fuerza que va a ser imposible de detener. El tema será cuándo y esperemos que sea lo antes posible porque cada día que pasa una mujer entra en riesgo de pasar por una situación de injusticia.
Cuantos más seamos los que sostengamos este debate, más obligados van a estar, quienes hacen las leyes y quienes ejecutan los programas de salud, a responder a esta demanda.
*Viviana Mazur es médica generalista, miembro de AMEGES (Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipo de Salud), docente de la Carrera de Medicina en la Universidad de la Matanza y en la Especialización Superior en Educación Sexual Integral en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González.