01/07/2006

Chile: Presos políticos, reconstrucción cultural y recuperación del territorio mapuche

La organización Meli Wixan Mapu lleva más de una década luchando para que el Estado chileno reconozca los derechos del pueblo mapuche. Enrolada en el movimiento autonomista -que brega por la autonomía política y promueve la recuperación territorial-, a mediados de los ’90 se sumó a las protestas contra las empresas forestales en la VIII, IX y X Región. Actualmente pone sus esfuerzos en la promoción de su cultura en Santiago, la ciudad capital, y en la liberación de los 11 presos políticos mapuche. Sobre esta demanda, la llegada Michelle Bachelet a la presidencia del país, la relación con la sociedad chilena y las particularidades de la militancia en un ámbito urbano habló Adolfo Cárdenas, miembro de ‘la Meli’ que viajó a Buenos Aires para participar del Foro de Resistencia a los Agronegocios. Por Marcelo Maggio (ANRed) y Hernán Scandizzo ((i)).


– La huelga de hambre de los presos políticos mapuche generó presión sobre las autoridades chilenas. Sin embargo, esa presión comenzó a disminuir con las idas y vueltas producidas al iniciarse el trámite parlamentario que los beneficiaría. Luego vinieron las movilizaciones estudiantiles que desplazaron la demanda de los presos políticos de la agenda gubernamental. ¿Cómo sigue hoy la lucha por su libertad?

AC: La libertad de los presos políticos mapuche pasa por un tema estrictamente jurídico y de voluntad política. Estamos conscientes que la libertad de los presos políticos mapuche no se va a lograr porque un parlamentario esté consciente de que la aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido una situación aberrante, ni porque la presidenta también entienda que eso ha sido aberrante y que se han cometido injusticias. Nosotros estamos conscientes de que desarrollando movilización, un discurso y una concientización de la gente vamos a lograr la libertad de los presos.

Actualmente el proyecto de ley que acordaron el diputado [socialista Alejandro] Navarro y otros diputados con los presos, que produjo la bajada de la huelga de hambre, fracasó en el Congreso ya que los parlamentarios de la Concertación lo encontraron inconstitucional. Decían que no se respetaba el derecho de igualdad ante la ley, que era una ley hecha a la medida de los presos y que ellos eran delincuentes.

Por todas estas movilizaciones de nosotros y de organizaciones internacionales – las que en Argentina hicieron acampes y que en Europa le restregaban en la cara el tema a la presidenta [Michelle] Bachelet en toda actividad a la que iba – el gobierno se ha visto en la necesidad de buscar una salida. No puede mantener presos políticos – condenados por terrorismo – solamente por el incendio de un fundo o de un par de hectáreas de pino, que ni siquiera han sido probados, porque en los juicios solamente se utilizaron testigos ocultos.

La salida que propone el gobierno y la derecha es modificar la Ley Antiterrorista, que le podría otorgar la libertad a los presos en un plazo de alrededor de 2 meses. El proyecto de ley tiene que pasar por el Congreso, lo tienen que estudiar – según ellos para el mes de agosto o setiembre deberían otorgarle la libertad a los presos políticos mapuche -, pero nosotros igual estamos atentos a todas las maniobras que haga el gobierno. Sabemos que sin movilización ninguna de estas iniciativas va a tener éxito.

– ¿Repercute al interior del movimiento mapuche el cambio de gobierno? ¿Genera algún tipo de crisis o división como sucedió con los movimientos sociales en Argentina al asumir Kirchner?

AC: El movimiento mapuche es bien amplio, eso hay que tenerlo claro, pero la verdad no creo que influya el tema de que sea Bachelet o sea Lagos, ya que pertenecen a la misma Concertación de Partidos por la Democracia. Sí podría haber influido la candidatura para la presidencia de Aucan Huilcamán [dirigente del Consejo de Todas las Tierras, que fue impugnada por las autoridades electorales].

– Los lonkos Aniceto Norin Catriman y Pascual Pichun Paillaleo, detenidos en la cárcel de Angol, plantearon que no veían voluntad del Estado chileno de responder a la demanda mapuche con la libertad de los presos políticos. Más allá de que se reforme la ley y se logre su libertad, ¿cambió la actitud del Estado chileno, desde la llegada al gobierno de Bachelet, en el tratamiento de la demanda mapuche? ¿Existe la voluntad de no apelar a la criminalización de la lucha política mapuche?

AC: Creo que la muestra más clara de que no hay una nueva actitud del gobierno de Bachelet y de que es un continuismo de lo que venían haciendo los gobiernos anteriores, de [Eduardo] Frei y de [Ricardo] Lagos, está en el juicio que tuvieron que enfrentar el lonko [José] Cariqueo y otro peñi por el incendio del fundo Poluco Pidenco. Para que se aplique la Ley Antiterrorista en un juicio tiene que ser el Estado el que se haga parte en la querella y el gobierno de Bachelet, a pocos días de haber iniciado su período, se hizo parte en la querella por terrorismo. Eso es ya una muestra clara de cómo ella va a enfrentar la problemática mapuche. El compromiso con las inversiones es mucho más grande que el compromiso por buscar soluciones a los conflictos sociales.

– ¿Cuál es la política del gobierno de Bachelet respecto del modelo forestal que se viene impulsando en Chile desde los años de Pinochet?

AC: Las leyes que rigen este modelo forestal siguen siendo las mismas. La ley dice que si las forestales talan un pino éste tiene que ser reemplazado por uno nuevo en el período máximo de 2 años; hoy día las empresas forestales dicen que cumplen con eso pero que además plantan un pino más. Están duplicando su patrimonio forestal y creo que se va a cumplir lo que decía [el ex presidente Ricardo] Lagos, que al final de su mandato o un par de años después las plantaciones de pino en Chile podrían llegar fácilmente a los 6 millones de hectáreas.

– En el Foro de Resistencia a los Agronegocios diferentes organizaciones latinoamericanas hablaron sobre sus luchas y los escenarios creados a partir de la promoción de monocultivos. ¿Encontrás similitudes entre el modelo forestal chileno y el modelo sojero que se expande en el Cono Sur?

AC: La similitud principal es que se sigue aplicando un modelo de desarrollo capitalista que más que medir el bienestar de los pueblos mide el bienestar que pueda tener el bolsillo de un par de empresarios internacionales. En ese sentido tiene mucha similitud, ya que de las principales luchas de las que nos pudimos enterar, como la que pasa en Paraguay o en Brasil, están siendo igual de criminalizadas que en Chile. El modelo se repite en todos lados, la balanza siempre se carga para los mismos: los que tienen el poder y el dinero.

Organizarse en Santiago

 ¿En qué contexto surge la organización Meli Wixan Mapu?

AC: Cuando termina la dictadura un número importante de mapuche que estaban en otras organizaciones deciden crear una que se dedique solamente a trabajar el tema de la reconstrucción territorial, la recuperación de los derechos políticos y, posteriormente, lo que se va viendo con el tema de la autonomía.

En los primeros años nos dedicamos a apoyar, principalmente, los conflictos que se estaban desarrollando en el sur. En ese tiempo, el año ’92, había un conflicto forestal con la comunidad Galletué, en Lonquimay. Después empieza el conflicto con las comunidades de Arauco y Malleco, donde la organización también participa activamente a partir del año ’95. Y cuando en el año ’97 se crea la Coordinación de Comunidades Mapuche en Conflicto [de Arauco y Malleco] la organización se dedicó principalmente al proceso de recuperación de tierras que estaban llevando las comunidades. Varios peñis de la organización viajaron al sur y vivieron por hartos meses [allí), entre ellos estaba el peñi Julio Huentecura, que estuvo como 2 años en el sur. [Él] fue preso en el año 2001, pasó por las cárceles de Victoria y Temuco, para en el año 2004 ser asesinado en la Penitenciaría de Santiago por otro interno.

La organización continua ese trabajo hasta el año 2002, que empieza a elaborar un diagnóstico nuevo y ve que la lucha que está llevando el Pueblo Mapuche no solamente tenía que pasar por un proceso de recuperación de territorio sino también por un proceso de reconstrucción cultural y política. El discurso de autonomía no se agotaba en recuperar tierras, lo contrario suponía que solamente las comunidades podían participar en este proceso y no se integraba a los estudiantes mapuche ni de los profesionales mapuche ni de la gente mapuche que vivía en las ciudades.

Según los últimos censos alrededor del 50% de la población mapuche vive en las ciudades – producto del proceso de migración por la extrema pobreza de las comunidades [generado] por la incursión de las forestales y de otras empresas transnacionales. Ante esa realidad no nos podíamos quedar ciegos, teníamos que hacer un diagnóstico más aterrizado, calculando que el 36% de los mapuche vive en Santiago.

A partir de ese año elaboramos un proyecto político que incluía a la gente de las ciudades y empezamos a trabajar dándole vueltas a un concepto: ‘mapuche urbano’, que son los mapuche que viven exiliados en las ciudades. No dejando de lado el tema de las comunidades ni de los presos políticos, estamos tratando de reconstruir un poco esta identidad mapuche en la ciudad. En la actualidad desarrollamos talleres de mapuzungun y de historia y trabajamos con otras organizaciones que se han ido sumando en este último tiempo.

– ¿Cuál es la problemática particular que se le plantea a los mapuche que están en Santiago?

AC: La problemática particular es ser mapuche. Cómo se puede ser mapuche en la ciudad, cómo se puede crear una identidad mapuche sin tierra.

– ¿A qué metodología de trabajo recurren para organizar a aquellos que se acercan?

AC: Lo que hacemos principalmente en Santiago es organizar palines – que es el deporte mapuche – para apoyar a los presos, donde recolectamos alimentos y útiles escolares. Ahí se acerca mucha gente mapuche a jugar palín y entre medio del juego aprovechamos para hacer trawunes – que son encuentros – donde aportamos el tema de las violaciones a los derechos humanos, de los presos políticos, de Alex Lemun [joven asesinado en noviembre de 2002 por las Fuerzas Especiales de Carabineros durante un desalojo]. Ahí conversamos y la gente se aclara, se va dando cuenta de que el Estado no es solamente la CONADI [Corporación Nacional de Desarrollo Indígena] y la entrega de recursos, sino que por un lado entrega recursos y por el otro lado nos reprime y asesina hermanos.

– ¿Qué posibilidad de articulación tienen con las organizaciones no mapuche en Santiago?

AC: El principio general que debe regir para todas las relaciones entre las distintas organizaciones es el respeto y nosotros tenemos un gran respeto por todas las organizaciones sociales que existen en Chile. Todas las organizaciones de base siempre nos apoyan y nosotros, en la medida de nuestras capacidades, las apoyamos en sus reivindicaciones y en sus actividades, pero entendemos que son proyectos políticos distintos. Las organizaciones sociales chilenas tienen su proyecto político, su forma de articularse, su razón de ser, en otro ámbito. Nosotros entendemos que el proceso por la recuperación cultural y política mapuche tiene que ser llevado por los mapuche.

En un principio costó harto, principalmente con los partidos políticos, ellos entendían que la lucha mapuche tenía que ser una lucha más que abarcaba su partido – como podía ser el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil. Pero con las organizaciones de base no hemos tenido ningún problema, han respetado siempre lo que planteamos y el principal apoyo que tenemos en Santiago es de parte de ellos. Cuando convocamos a marchas o cualquier actividad son las organizaciones sociales de base no mapuche las que más nos ayudan.



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