Trabajadores de la UTC escrachan talleres clandestinos
Este viernes 23 de junio por la tarde, unos 50 trabajadores de la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) y miembros de La Alameda se movilizaron para escrachar dos talleres clandestinos, ubicados en la ciudad de Buenos Aires, que fueron denunciados por trabajadores. La medida forma parte de «un plan de lucha frente a la acción maquillada» del gobierno de la Ciudad y de la Nación.
De los dos talleres escrachados, el primero produce para la marca Kosiuko y se ubica en Bermudez 45 (casi Rivadavia), barrio de Floresta. El segundo está en el barrio de Mataderos, Pilar 1872, cerca de la avenida J.B. Alberdi. Ambos lugares son de circulación masiva de personas y se encuentran a metros de grandes avenidas.
Saya, miembro de La Alameda, cuenta que «todos los días nosotros estamos recibiendo en La Alameda costureros que se acercan a denunciar, y todo esto después del 31 de marzo [día del incendio del taller de Luis Viale que costó la vida de seis ciudadanos inmigrantes]. La idea es aunar sectores que se aboquen en pleno contra la esclavización y la precarización, contra estas grandes marcas que trabajan con este sistema de trabajo».
Gustavo Vera, vocero de la Unión de Trabajadores Costureros, explica el por qué de estos dos casos: «Kosiuko [taller de Floresta] es un ejemplo de que no hay ninguna marca sancionada, que son los principales responsables. Según la ley penal hay responsabilidad entre talleristas y fabricantes. Marta Quispe es dueña de tres talleres y cinco locales de venta, tiene una marca propia, y la particularidad es que tuvo dos clausuras y que trasladó todas sus máquinas acá, a Mataderos».
En el comunicado de prensa, la UTC afirma:
«No se trata de casos aislados, sino de un sistema de producción esclavista forjado en los últimos años que se desarrolla al amparo del Estado, con innumerables situaciones de cohecho que comienzan en la frontera y terminan en la comisaría de los barrios».
«Al día de la fecha no hay ningún tallerista preso, ni una sóla máquina decomisada, ni una sola marca que haya sido sancionada por su corresponsabilidad penal en las condiciones de trabajo de los talleres como lo establece la ley 12.713».
«Mientras tanto los jueces juegan a las escondidas. Pasándose las causas de fuero en fuero, declarándose incompetentes, tomándose los máximos plazos para cualquier pequeño trámite administrativo, con la obvia intención de dilatar el tema hasta que baje la presión social y mediática y todo quede empantanado».
Durante la realización del primer escrache fue significativa la denuncia de unos vecinos que se acercaron a la movilización para señalar una esquina donde funciona otro taller clandestino y esclavista, a escasos metros del que produce para Kosiuko, como si fuera una olla que se destapa de a poco.
Lo que sigue es parte de la entrevista que ANRed mantuvo con Gustavo Vera durante la movilización:
Cómo es el trabajo esclavo que se denuncia
«Las características de estos talleres son comunes. 16 a 18 horas de trabajo diario, están encerrados de lunes hasta el sábado al mediodía, van de la cama a la máquina y de la máquina a la cama, están aspirando polvillo permanentemente, hay muchos casos de anemia por mala alimentación, cobran salarios por prenda donde les pagan centavos y hay casos en que tampoco pagan y les ofrecen vales, donde nunca llegan a tener más de 300 pesos por mes por jornadas de trabajo absolutamente extenuantes, donde la energía física del costurero se destruye. También hay hacinamiento y servidumbre dentro de los talleres, hay tráfico de personas, hay explotación de indocumentados para violar el convenio laboral, y a todo esto se suma el cohecho de la policía».
Sobre la responsabilidad estatal hay tela para cortar:
«El gobierno no cumplió con nada. Está haciendo inspecciones de tipo administrativas que apuntan a cuestiones de higiene y seguridad secundarias en relación a lo que es el problema principal: la reducción a la servidumbre, la super explotación laboral, la situación indigna de hacinamiento en la que viven los compañeros frente a lo cual el gobierno no está haciendo nada. Simplemente coloca una faja de clausura sabiendo que el tallerista se va a mudar, o que incluso a pesar de la faja siguen trabajando igual.
Nosotros ya hemos identificado cerca de 200 talleres con precisiones exactas de lo que ocurre adentro porque han sido denunciado por los propios costureros, pero los vecinos de la Ciudad han denunciado 1900 talleres.
El gobierno de la Ciudad hizo 269 clausuras muchas de las cuales son truchas, de tipo administrativas, dejando al tallerista la libertad de mudarse y que se lleve las máquinas y los costureros como si fueran objetos de su propiedad y por otra parte hay 400 talleres que los encontró cerrados porque les avisaba la policía que llegaba la inspección. Acá hay muchas situaciones de cohecho que se han denunciado.
La autoridad de aplicación es el ministerio de Trabajo de la Nación y el del Interior. Nación le cedió todo el poder de policía en trabajo a la Ciudad, menos el «régimen de trabajo a domicilio». No obstante la subsecretaría de Seguridad también tiene responsabilidad en lo que tiene que ver con la habilitación y la evolución.
Concretamente acá lo que se está haciendo es un operativo de maquillaje, para hacerle creer a la gente que se están clausurando muchos talleres, tratar de incitar a algunos para que se vayan a provincia, como para correr el problema geográficamente, no importa si el problema sigue existiendo».
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