Amenaza de desalojos en la costa uruguaya

Vecinos del barrio La Cumbre de Neptunia organizados en la Coordinadora Contra los Desalojos junto con estudiantes agrupados en V21 realizaron el miércoles pasado una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (UDELAR), para visibilizar las denuncias de usurpación y amenazas de desalojo que recibieron más de 60 familias en septiembre. Exigen «se archiven las causas judiciales y que no se criminalice a los ocupantes”. Por ANRed, desde Uruguay

No a los desalojos en la costa uruguaya

Bajo la consigna «Tierra para quien la habita, tierra para quien la cuida” los vecinos se acercaron a la facultad con la intención de dar a conocer una realidad que sucede sólo a 35 kilómetros del centro montevideano. Sobre la ruta Interbalnearia que conecta Montevideo con el este uruguayo, en el kilómetro 35 y del lado norte emergió el barrio La Cumbre hace más de 15 años.

Sin embargo hace un poco más de un año la zona que tenía pocos habitantes se pobló rápidamente. Llegaron familias de diferentes zonas de la capital con el sueño de construir sus casas en un monte que hacía más de 50 años había sido abandonado por su dueña original, la empresa Neptunia S.A.

Manuela, una de las integrantes de la Coordinadora subrayó que las denuncias recibidas de parte de supuestos vecinos de barrios privados de la zona no están separadas de una política pública: «El Frente Amplio presiona para que paguen las deudas millonarias de contribución municipal a las Sociedades Anónimas tomando a los vecinos de rehenes”.

«El alcalde de Salinas, Salvador Bernal está detrás de las más de 60 citaciones que recibieron familias del barrio, por lo tanto no nos dan confianza ni los juzgados, ni la policía, ni ningún sector político, nuestra lucha está en la calle, en el debate, en la discusión, por eso apelamos a estos espacios” agregó Manuela frente a la decenas de estudiantes que se acercaron a conocer el conflicto de tierra.

Martín, también integrante del grupo de vecinos agregó que «existe especulación inmobiliaria, debido al atractivo turístico de la zona, junto con políticas públicas que cuidan esos intereses y que dan lugar a las denuncias porque no quieren pobres en la costa”. «Hay problemas sociales como en todos los barrios, porque son propios de toda la sociedad, a esto le sumamos la criminalización del ocupante y los operativos policiales enmascarados de censos que hemos vivido, el hostigamiento con helicópteros que vuelan sobre las casas sacando fotos, la realidad es que no podemos existir sin una porción de tierra” aseguró el vecino.

Junto a los vecinos participó de la charla el abogado que lleva las causas judiciales defendiendo a los ocupantes, Pablo Girhardi, quien al momento de expresar su interpretación de los hechos denunció que «el proceso penal de estas 60 familias no se pueden separar de las respuestas que da el Estado uruguayo al conflicto social en general, siempre son la criminalización en el nivel normativo y en el nivel judicial”.

«En 2008 todos los partidos políticos modificaron la Ley de Usurpación para aumentar la posibilidad de desalojar, además no excluir la represión como método de desalojo, incluyendo la penalización del ocupante que sin importar las condiciones en la que ocupa el terreno o la vivienda, es decir no importa si es de forma pacífica y pública o no, pasa a ser usurpador”.

El abogado asegura que «No se pueden desenmarcar estas denuncias contra el derecho a la vivienda y la organización social como respuesta, con esta criminalización. Donde hay protesta o la gente de organiza para reclamar sus derechos, el Estado responde con penalización convirtiendo en criminales a los que protestan. El sistema penal es selectivo, ataca a determinadas personas y a determinadas conductas, especialmente a las clases bajas”.

Uno de los vecinos presentes, Nilton remarcó que «hay un interés político para desarticular la organización social en la llamada Costa de Oro, no hay nada personal con Salvador Bernal, es el parte de un proyecto político, nosotros no estamos ni ahí con pedirle algo al ministerio de Desarrollo Social, hacemos nuestras casas con nuestras manos, sin pedir nada. Hace más de 10 años que existe organización social en la zona, eso molesta a las autoridades, no pueden manipular a la gente organizada”.

El encuentro fue parte de un «Ciclo de Charlas Imperdibles” que el grupo abierto de estudiantes V21 organizan dentro de la facultad. El objetivo de los estudiantes es realizar actividades que «fomenten el pensamiento crítico y la toma de conciencia de algunos temas como megaminería, megaproyectos para extraer gas, y en este caso ocupaciones de tierra” como comentó Mercedes, estudiante de la facultad de Humanidades que se acercó a participar del encuentro.

En la actualidad los vecinos esperan que «se archiven las causas que continúan en el juzgado de Atlántida” asegura Ana, una de las vecinas.

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