05/12/2014

Asambleas ambientales movilizaron a la Gobernación bonaerense

foto_silvina_martino_tapa.jpg Ayer por la mañana se realizó una Conferencia Pública en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia organizada por espacios asamblearios de La Plata, Berisso y Ensenada junto a distintas organizaciones sociales y políticas para denunciar las consecuencias del proyecto IIRSA en la región. Luego marcharon a la Casa de Gobierno y fueron atendidos por funcionarios de la Jefatura de Gabinete, que se comprometieron a abrir una mesa de trabajo para abordar los distintos problemas planteados. Por ANRed / Foto de Tapa: Silvina Martino


Los reclamos por las consecuencias ambientales que vienen generando las modificaciones urbanas realizadas en La Plata, Berisso y Ensenada desde hace aproximadamente diez años se están empezando a sentir cada vez más fuerte y con mayor frecuencia.

Ayer por la mañana se realizó una Conferencia Pública en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia organizada por espacios asamblearios de La Plata, Berisso y Ensenada junto a distintas organizaciones sociales y políticas para denunciar las consecuencias del proyecto IIRSA en la región. Luego realizaron una marcha a la Casa de Gobierno y fueron atendidos por funcionarios de la Jefatura de Gabinete, que se comprometieron a abrir una mesa técnica para abordar los distintos problemas planteados.

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Salvemos al Monte Ensenada-Berisso; No a la Autopista en el Parque Pereyra-Villa Elisa; Salvemos al Arroyo Doña Flora; Movimiento Las Flores de Ensenada; Observatorio Cultural Pronaneso; Productores Ribereños en resistencia; Foro del Río de La Plata; Familiares de Víctimas de la Inundación; Asamblea de Asambleas Barriales de inundados de La Plata; No a la entrega de la costa Avellaneda-Quilmes; Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas; No+Ceamse; son algunos de los agrupamientos que organizaron la actividad.

Según afirmaron durante la jornada, a través de un boletín que repartieron y en un documento conjunto firmado además por organizaciones políticas y sociales: «En la región hay un antes y un después tras la entrada en vigencia del proyecto IIrsa (Integración de infraestructura regional sudamericana), acuerdo entre gobiernos de al región que abarca las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones, tomando en cuenta los intereses de los inversores que pertenecen a los grandes complejos de extracción de recursos naturales (sectores mineros, agroindustriales «“básicamente monocultivos transgénicos-, forestales, etc) y/o de prestación de servicios (mega obras, transporte, energía eléctrica, gas, agua, etc)”.

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En ese sentido, señalaron: «Las obras de infraestructura pautadas a partir de dicha iniciativa posibilitan la extracción de nuestras materias primas para generar manufactura en los países dominantes, y a su vez, el ingreso de bienes de capitales o bienes intermedios. El acuerdo IIRSA sólo beneficia a unos pocos empresarios, a la vez que perpetúa una economía dependiente en nuestro territorio”.

Luego, detallaron la forma concreta con la que se expresa el problema en el escenario local: «En nuestra región tal perspectiva se manifiesta en la construcción de una terminal de contenedores (Tec Plata) y en las vías de acceso a la misma, atravesando tierras protegidas y zonas rirales, como el caso del vial costero, la autopista Pte. Perón, la obra del Gobierno Provincial por calle 90 en La Plata y Berisso, etc”.

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«Queda en evidencia a quién busca beneficiar el proyecto cuando no se contempla al ramal de tren La Plata-Brandsen para el transporte de contenedores, y se busca construir mega obras a través de espacios públicos o zonas rurales, aún con el gran impacto socio ambiental que esto implica”, aseguraron.

En esa línea denunciaron además que «estas obras vienen siendo acompañadas de grandes proyectos inmobiliarios especulativos, como es el caso del proyecto Nueva Costa del Plata del grupo Techint en el bosque ribereño de Avellaneda-Quilmes. Techint incluso impulsa un nuevo ordenamiento del territorio hecho a su medida”.

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Remarcaron además que «todas estas obras son proyectadas y/o ejecutadas sin la licencia social correspondiente, y sin la realización de los estudios profesionales de impacto ambiental”.

Ahí criticaron fuertemente el rol del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), que hasta el momento ha avalado esta estrategia empresarial, ya que los informes que produce no cuestionan en lo más mínimo las modificaciones que se le están haciendo al territorio.

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En ese marco señalaron el peligro de la desaparición de bosques nativos, humedales, superficies de absorción, en toda la costa bonaerense, situación que anticipa nuevas inundaciones que afectarán fundamentalmente a los barrios más pobres.

Asimismo, cuestionaron la proliferación de barrios cerrados y countries que también carecen de todo tipo de planificación ambiental y que se realizan en desmedro de la construcción de viviendas para los sectores más postergados.

El documento que leyeron en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia, ubicado e 53 entre 8 y 9, finalizaba con los siguientes reclamos: «por la planificación urbana y ambiental que asegure el acceso al ambiente y a la vivienda de toda la población con participación popular y técnica; fiscalización de obras ejecutadas por entes autárquicos y participación popular; unificación del estudio de impacto ambiental de las obras complementarias y del acceso a la nueva terminal de contenedores; la reactivación del transporte férreo y fluvial; No al CEAMSE; No a la planta de incineración de residuos; Juicio y Castigo a los responsables de la inundación del 2 de abril de 2013; número real e identidad de todos los fallecidos; plan de contingencia y obras para evitar futuras inundaciones; ordenamiento territorial que proteja los bosques nativos y humedales; consulta popular para la construcción de infraestructura; regulación de las tierras para vecinos y vecinas de asentamientos de barrios populares de la región; cumplimiento de la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat 14.449”.

Tras la conferencia pública, las organizaciones y asambleas movilizaron hacia la Gobernación bonaerense, donde un grupo fue atendido por un grupo de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, encabezados por Adriana Núñez, que se comprometieron a confeccionar una mesa de trabajo con representantes de los distintos entes vinculados a los diferentes reclamos realizados.



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