Río Negro: Tras 72 horas de detención y torturas liberaron a familiares y amigos de Pablo Vera
Todos los y las detenidas, salvajemente golpeados entre el viernes y este lunes, terminaron de ser liberados en Fiske Menuko (Roca). Los habían secuestrado por manifestarse en contra de la excarcelación del asesino policial de Pablo Vera. Las y los menores y mujeres recuperaron su libertad el sábado a la madrugada. Por El Zumbido. Foto Emisora Newen Che
Pasadas las 16 horas, todas y todos los detenidos en las comisarías 3 y 21 habían sido liberados. Cada uno y una de ellos fue torturado, incluso menores de entre 11 y 13 años y una mujer embarazada de ocho meses.
La institución policial no tiene límites, pero no podría actuar como lo hace sin el aval de los gobiernos y de la justicia. Sin ir más lejos, el juez Maximiliano Camarda fue denunciado penalmente por privación ilegítima de la libertad, ya que mantuvo durante 72 horas presos a las y los jóvenes, teniendo 24 para resolver. Cabe recordar que Camarda no solo los mantuvo encerrados, sino que rechazó el pedido de hábeas corpus presentado por la abogada Victoria Naffa tras constatar que todos los detenidos estaban siendo torturados.
Por la mañana, desde distintos sectores (entre los que se encuentran Familiares y Amigos de Pablo Vera, Kuruf, Independencia, Centro de Estudiantes Fadecs-Fadel, La Grieta en Fits, Cob La Brecha, Zainuco y Frente Popular Darío Santillán, entre otros) se emitió un comunicado denunciando lo acontecido. «Señalamos que durante estos días además de las detenciones se cometieron torturas, privación ilegítima de la libertad, maltrato físico y psicológico, manoseo y vejaciones a las compañeras y amenazas a la integridad física de sus hijos”, expresaron. «Responsabilizamos por estos hechos a todo el personal de la comisaria 21 y a la policía provincial, al juez Maximiliano Camarda, quien tuvo en sus manos la liberación de los compañeros durante estos tres días habiendo rechazado en este ínterin un habeas corpus y un pedido de eximición de prisión y quien es el responsable de velar por su integridad física, al fiscal Garrido, quien conociendo los hechos no intervino de manera adecuada y al Ministro de Gobierno de la provincia Di Giacomo”, remarcaron.
En el comunicado, también se denuncia la situación de un trabajador del poder judicial, que siendo víctima de una actitud sumamente persecutoria no pudo ingresar a su trabajo por haber participado de la lucha.
«Estos hechos junto al asesinato de Pablo Vera se enmarcan en una política de encubrimiento y protección del Estado provincial hacia la policía, implicada ésta en los crimines más aberrantes de la provincia, como lo son los casos de gatillo fácil en Bariloche, el secuestro y desaparición de Daniel Solano, la violación de una niña ocurrida en 2011 por los policías Rubio y Chumbita, la complicidad en los casos de trata y prostitución que salieron a la luz con el caso de Otoño Uriarte y la reciente liberación de todos los implicados en el asesinato de Atahualpa Vinaya”, denuncia el comunicado: «esta cadena de impunidad solo se puede romper con la movilización unitaria de todos los sectores populares”, concluye.
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