22/06/2006

Los responsables políticos siguen sueltos

9-22bisbis.jpgA cuatro años de la Masacre de Avellaneda, ningún funcionario público del gobierno encabezado por Eduardo Duhalde fue juzgado por su responsabilidad como autor intelectual de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.


Seis meses antes de la Masacre de Avellaneda, en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, el Estado asesinaba a 38 personas. Desde la caída de Fernando De la Rúa, los manifestantes seguirían ocupando las calles; pero los partidos tradicionales, con una precisión casi exacta, se ‘repartían’ el papel que les tocaba a cada uno.

En enero de 2002, Eduardo Duhalde asume como presidente de la Nación. En febrero, las fuerzas policiales asesinan a Javier Barrionuevo (MTD de Esteban Echeverría) y, en abril, balean a Juan Arredondo (MTD Aníbal Verón). Para algunos sectores de la sociedad serían dos hechos aislados y la excusa del «loco suelto». Sin embargo, ambos casos son el puntapié de la represión del 26 de junio de 2002.

Antes, el espontaneísmo de miles de manifestantes se reduciría paulatinamente. Quedarían entonces los movimientos de trabajadores desocupados, junto con otros actores (asambleas populares, organismos de DDHH»¦), como parte de una incipiente recomposición de los lazos sociales y el consecuente crecimiento de la movilización.

En este contexto, la Masacre de Avellaneda -con dos asesinatos y más de 60 heridos de bala de plomo- es la continuación de la política de un Estado que reprime para quebrar formas de organización, que surgen para dar respuesta a las condiciones que impone el sistema capitalista.

Si bien los responsables materiales recibieron condenas, ningún funcionario fue juzgado. Eduardo Duhalde, Juan José Álvarez (ex secretario de seguridad), Alfredo Atanasoff (ex Jefe de Gabinete), Felipe Solá (Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia), Luis Genoud (ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires), Jorge Matzkin (ex Ministro del Interior), Carlos Soria (ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE) y su segundo, Oscar Rodríguez, siguen gozando de libertad e impunidad.

En octubre de 2003, el presidente Néstor Kirchner sostuvo que se abrirían los archivos de inteligencia de la SIDE y de la Policía Federal y Bonaerense. Sin embargo, el decreto sólo permitió a los tres jueces del tribunal ver y decidir sobre esos archivos. Ni la familia ni la querella tuvieron acceso a los mismos. La voluntad política de condenar a los responsables de la Masacre de Avellaneda finalizó con las sentencias a los autores materiales.

Luciana/Valeria (ANRed)



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