Soria y Rodríguez: Responsables políticos y autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda
Prontuarios de Carlos Soria y Oscar Rodríguez, quienes, el 26 de junio de 2002, ocupaban los cargos de Jefe y vicejefe, respectivamente, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Por ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente.
ANRed, Argentina Arde y Prensa de Frente, en junio de 2005, elaboraron los prontuarios de los autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda
Los mismos fueron realizados cuando el juicio ya estaba en marcha.
Las condenas que recibieron los autores materiales han sido sólo una parte de la justicia buscada.
Por eso, a un año de la publicación, consideramos necesario recordar quiénes son los responsables políticos de los asesinatos de Darío y Maxi y de los 33 heridos con balas de plomo.
Carlos Soria: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda
¿CUÁL ES SU RESPONSABILIDAD EN LA MASACRE DE AVELLANEDA?
26/6/02: Jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado
DURANTE LA REPRESIÓN
El 26, la SIDE liderada por Soria y Oscar Rodríguez operó como nexo entre las decisiones gubernamentales y las fuerzas de seguridad que las ejecutaron. Durante la represión y en las horas posteriores, el comisario Fanchiotti estuvo en contacto directo con la Sede Billinghurst de esta dependencia: desde allí recibió dos llamadas a su celular.
EN LOS DÃAS POSTERIORES
Durante la tarde, en un encuentro reservado con el presidente Duhalde y el jefe de Gabinete Atanasof, Oscar Soria y Juan José Álvarez fueron los encargados de elevar al gobierno los informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante la jornada. Estos informes reproducían lo dicho por Fanchiotti a las 16 en la sede de la Delegación Departamental de Inteligencia de Avellaneda: «La policía sólo utilizó postas de goma y fue agredida con palos y armas de fuego».
Tanto el 26 como al día siguiente, el gobierno apeló a la lógica de las «balas piqueteras» para explicar las muertes, justificar la represión y dar cuerpo a la causa legal levantada contra los movimientos. Soria fue quien aportó los elementos necesarios para sostener esta versión con una serie de informes producidos a partir de la infiltración de sus agentes en encuentros públicos y organizaciones populares: entre otras cosas, en febrero del 2002 había difundido la presunta infiltración de las FARC de Colombia entre las asambleas populares y piqueteros y, días antes del 26, un nuevo informe reservado sobre la Asamblea Nacional Piquetera del 22 y 23 de junio en Villa Domínico. Según reveló La Nación el 28 de junio, estos informes que la SIDE venía acumulando ya habían sido «analizados por el propio Duhalde con un grupo de jueces, fiscales, autoridades policiales y por el ministro de justicia». En ellos se sostenía la existencia de grupos radicalizados decididos a tomar las armas y atentar contra las instituciones democráticas, teoría que debía sustentar la Causa Complot y que Álvarez y Matzkin asumieron en las conferencias dadas el 26 y 27. El 26 «los piqueteros se habían matado entre ellos» y no se trataba de un hecho aislado sino de un exponente de esta «nueva amenaza subversiva».
Ante la aparición de las fotos y la presión popular, todo este edificio argumental se desmoronó. El gobierno se vio obligado a dar marcha atrás y la Causa Complot, que debía preservar a los argentinos de la amenaza piquetera, aunque aún sigue abierta fue abandonada rápidamente. Duhalde necesitó entonces lavar responsabilidades y, entre otras cosas, hizo renunciar a Soria por sus «errores de apreciación» (La Nación,5/7/02), reemplazándolo por Miguel Angel Toma, ex secretario de Seguridad de Carlos Menem. Pero no se trató de «errores de apreciación», Duhalde no estuvo «mal asesorado». Por el contrario, los informes de Soria eran funcionales a la estrategia del gobierno, estrategia que debió abandonar luego de que las verdaderas responsabilidades materiales de la masacre salieran a la luz. Y entonces rodaron las cabezas más visibles, redimiendo las culpas del Presidente y la mayoría de sus funcionarios ministeriales, quienes se convertían ahora en ingenuas víctimas de una información equivocada.
A pesar de haber sido una de las figuras cuestionadas en aquel momento, esto no supuso ningún tipo de investigación sobre la responsabilidad de Carlos Soria, ni impidió que continuara su carrera política hasta llegar a ser hoy intendente en Río Negro.
Oscar Rodríguez: Responsable político y autor intelectual de la Masacre de Avellaneda
¿CUÁL ES SU RESPONSABILIDAD EN LA MASACRE DE AVELLANEDA?
26/6/02: Vicejefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado
TUVO RESPONSABILIDAD DIRECTA EN LA MASACRE. DESDE SU SEDE OPERATIVA PARTIERON TRES LLAMADAS AL CELULAR DE FANCHIOTTI. ESTRECHA RELACIÓN CON EL ENTORNO DUHALDISTA. VINCULACIÓN CON FANCHIOTTI EN OTROS HECHOS PREVIOS A LA MASACRE.
LA PREVIA AL 26
Días antes del 26 de junio de 2002, espías de la SIDE -bajo el mando de Oscar Rodríguez- infiltraron encuentros públicos y organizaciones populares, a partir de lo cual produjeron un nuevo documento reservado que se sumó a otros presentados anteriormente. Eran las desgrabaciones de los discursos pronunciados en la Asamblea Nacional Piquetera, realizada los días 22 y 23 de junio en el estadio Gatica de Villa Dominico. En el encuentro, cuya convocatoria fue pública y abierta a los medios de comunicación, se discutió lo que podía leerse en cualquier prensa de los grupos de izquierda que acompañan al Bloque Piquetero. La Secretaría de Inteligencia destinó agentes, sueldos y recursos del Estado para producir páginas y páginas dedicadas a reflejar lo mismo que pudo escucharse en la transmisión en vivo hecha por Crónica TV. El objetivo era motivar operaciones de prensa y campañas de acción psicológica que alimentaran decisiones políticas como la represión del 26, tras la necesidad de reinventar un nuevo «enemigo subversivo»: si no se lograba convencer a parte de la sociedad de este «peligro» no se podría avanzar con la represión para frenar el creciente descontento social.
Los informes sobre los piqueteros que la SIDE venía acumulando y que debían sustentar la Causa Complot «ya habían sido analizados por el propio Duhalde con un grupo de jueces, fiscales, autoridades policiales y por el ministro de justicia», según informó La Nación el 28 de junio de 2002. Cabe resaltar que también estuvieron involucrados en otorgarle sustento y verosimilitud a la lógica del enemigo subversivo los medios de comunicación y algunos periodistas que, al dar entidad a los informes, intentaron justificar los crímenes.
DURANTE LA REPRESIÓN
Durante la jornada de lucha piquetera, Franchiotti estuvo en contacto directo con un área secreta del Poder Ejecutivo Nacional: la Sede de Billinghurst de la SIDE, base de operaciones al mando de Oscar Rodríguez. Estos llamados seguramente no fueron ajenos al presidente si se tiene en cuenta su estrecha relación con el vicejefe. Por otro lado, este vínculo de Rodríguez con los despachos de la Casa Rosada así como con las comisarías y jefaturas departamentales presupone que la línea ascendente desde los comisarios Fanchiotti y Vega hasta el presidente Duhalde pasó necesariamente por su persona.
EN LOS DÃAS POSTERIORES
Para comprender como se utilizó el informe de la SIDE que anunciaba la existencia de un «enemigo subversivo interno», basta recordar las versiones que algunos ministros del gabinete echaron a andar en los días posteriores a la Masacre de Avellaneda con la condición de que no fueran publicados sus nombres. La agencia DyN refiere a esos funcionarios como «altas fuentes de gobierno» que dijeron: «Los manifestantes utilizan una estrategia de lucha urbana, con la utilización de bombas molotov o palos con puntas que permiten atravesar los chalecos antibalas de los policías» y que insistieron en caracterizar el plan de lucha votado en asamblea pública de Villa Domínico como «un plan de grupos radicalizados para incrementar la violencia social». Sobre esta idea se sustentó tanto la interpretación oficial sobre lo ocurrido el 26 como la presentación de la Causa Complot contra los movimientos al día siguiente. El 26 había sido el producto de esta radicalización contra el gobierno de Duhalde y la Causa Complot venía a resguardar las instituciones democráticas. Una vez aparecidas las fotografías, el gobierno debió dar marcha atrás. La Causa Complot fue dejada en segundo plano y abandonada rápidamente.