El puente caído en Tartagal. El gobierno de Romero. Nada de que sorprenderse.
«Diez años de Romero nos dejan como saldo 6 asesinatos impunes; más de 200
heridos con balas de plomo; más de 1200 salteños con causas/contravenciones; más
de 80 causas judiciales sobre «Pepino» Fernández (UTD Mosconi); y más de 200 familias evacuadas con sus viviendas totalmente
destruidas».
Por Asamblea de Angel Gallardo y Corrientes, Asamblea Interclaustros de Ciencia Política, Colectivo La Rabia, Equipo de Educación Popular «Pañuelos en Rebeldía», Grupo Usucapión, Grupo de Trabajo Barrial «Ã‘ande Retá» y Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP en el FOL).
Un poco de memoria
El 29 de diciembre del pasado año las lluvias en el norte
de nuestro país comenzaron a generar estragos, llegando a derribar el puente
ubicado en la localidad de Embarcación, en el Departamento de Gral. San Martín.
Pasaje estratégico que como vaso conductor vinculaba a través de la ruta
nacional 34 el norte de Salta con el resto de la República Argentina.
En aquel
momento, el derrumbe mantuvo aislados durante más de un mes a más de 200 mil
personas, dejándolas en estado de absoluto desabastecimiento, y agudizando los
problemas ya «naturalmente crónicos» de la región, como ser la carencia de
energía eléctrica y de agua potable. No es casual que en estas tierras -segundas
en producción de gas natural del país y proveedoras del mismo a la zona norte de
Chile- los hombres y mujeres que las habitan no tienen acceso desde siempre a
ninguno de estos recursos vitales.
La situación de desastre climático y crisis social causada por el
desequilibrio del ecosistema de la región se tornó insostenible. A principios
del mes de enero comerciantes, desocupados y personal de hospitales, entre
otros, realizaron asambleas y manifestaciones en pos de exigir una solución
inmediata.
El 24 de enero la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral.
Mosconi solicitó una reunión con Walter Wayar, vicegobernador de la Provincia de
Salta, aprovechando su presencia en Tartagal. La finalidad de la misma era
obtener autorización para el montaje de un puente alternativo diseñado por la
propia oficina técnica de la UTD, (que entre otras cosas tiene a su cargo la
planificación y construcción de cientos de viviendas), haciéndose cargo
voluntariamente de todo el trabajo y proponiendo que las multinacionales
petroleras -directamente relacionadas con la alteración climática- asuman los
costos materiales de dicha obra de infraestructura. No hubo voluntad política
del vicegobernador para tal reunión. Sí hubo represión: balas de goma, gases
lacrimógenos y un saldo de 26 detenidos.
Semanas después, las lluvias cesaron y el ejército instaló el denominado
puente Bailey. Sin embargo, la naturaleza dio tregua sólo hasta el 18 de enero,
cuando volvieron las lluvias derrumbando el puente provisorio.
Esta comprobado técnicamente que tal desastre natural es el efecto del
accionar de las multinacionales que deforestan indiscriminadamente las Yungas
salteño-bolivianas, barreras naturales contra las fuertes lluvias típicas del
clima de la región. Las aguas de las vertientes de los cerros en el verano no
encuentran contención cayendo directo al suelo, erosionándolo, y a los ríos,
modificando y multiplicando sus cauces hasta hacerlos desbordar. Las
consecuencias lógicas son grandes inundaciones en ciudades sin desagües
pluviales y con pocas calles pavimentadas, cientos de familias evacuadas,
destrucción de viviendas y proyectos de vida e incluso el derrumbe del puente de
hormigón y del puente Bailey. Todo esto con el fin de cosechar soja transgénica
y lucrar con las cuantiosas ganancias que hoy día genera este negocio.
Obviamente, detrás de esto hay una decisión política que avala, resguarda y
vela por estos intereses económicos.
No es un problema de la naturaleza. Es un
problema político.
El Gobierno de Juan Carlos Romero, los intereses económicos del empresariado y
las multinacionales conforman un complejo entramado que digita las políticas
públicas de acuerdo a sus conveniencias. Esto es totalmente coherente con la
lógica del capitalismo, el cuál adecua, entre otras cosas, las estructuras
estatales a su necesidad.
Como correlato, el aparato represor de Romero no tiene freno. El 24 de marzo
último, mientras en todo el país se repudiaba y recordaba los 30 años del Golpe
de Estado y sus mecanismos de terror, la Policía de Salta asesinaba en la
comisaría de Gral. Mosconi a Marcelo Castillo, un joven de 24 años integrante de
una de las cooperativas de vivienda de la UTD.
Como si esto fuera poco, a
finales del mes de abril fuerzas policiales detuvieron en la localidad de
Aguaray a estudiantes y maestros de primaria, incluida la propia directora de la
Escuela, cuando estaban realizando un corte de acceso a la empresa Panamerican
Energy solicitando la instalación de luz y agua potable para todo el paraje que
habitan. Ese mismo día, en el paraje de Madrejones, desocupados del MTD de
Salvador Mazza que bloqueaban las puertas de entrada a Tec Petrol en respuesta a
un pedido de puestos de trabajo a la empresa norteamericana HP fueron reprimidos
brutalmente por la infantería de la provincia,
poniendo incluso la empresa a disposición de los efectivos vehículos de su
propiedad para realizar las detenciones y traslados.
También en la localidad de
Embarcación tres niños de entre 8 y 13 años fueron apresados bajo el cargo de
«amenaza en patota con arma blanca», a pesar de que al ser requisados solo se
les encontró en su poder algunas bolillas con las que estaban jugando. En los
tres casos, las personas detenidas (muchas de ellas menores de edad) estuvieron
incomunicadas durante varios días.
Lamentablemente, lo que viene sucediendo en la provincia de Salta no es un
exabrupto de la naturaleza o de un policía: es producto de la política de Estado
que lleva adelante Juan Carlos Romero hace más de 10 años, uno de los mejores
alumnos del neoliberalismo en nuestro país, y fiel compañero de fórmula
presidencial de Carlos Saúl Menem en el año 2003.
Diez años de Romero nos dejan como saldo 6 asesinatos impunes; más de 200
heridos con balas de plomo; más de 1200 salteños con causas/contravenciones; más
de 80 causas judiciales sobre José «Pepino» Fernández (referente de la UTD de
Gral. Mosconi); y más de 200 familias evacuadas con sus viviendas totalmente
destruidas.
¿Y el gobierno nacional? ¿Y Kirchner?
El actual presidente, paladín de los derechos humanos de ayer, lejos de
intervenir la provincia de Salta y desarrollar una investigación seria,
necesaria para la toma de medidas de fondo frente al desempeño de las
multinacionales en estas regiones que explotan nuestros recursos, no propicia
desde el Estado nacional ningún tipo de control ni regulación. Posicionamiento
que genera en el corto plazo pobreza, hambre, enfermedades, desocupación y
alteraciones de todo tipo en el medio ambiente.
Sabida es la vinculación histórica de Néstor y Cristina con el gran negocio de
las petroleras en la Argentina. Sólo basta recordar que la del actual presidente
fue la primera mano en levantarse en el recinto del Congreso votando a favor de
la privatización de YPF. De allí en más el enriquecimiento acelerado, dentro de
las cuestiones que trascendieron, surge como producto del porcentaje recibido
por la conocida Ley de Coparticipación Federal, de la cual la provincia de Santa
Cruz ha sido altamente beneficiada, como así también de las regalías petroleras.
Es necesario considerar históricamente los hechos que denunciamos, pues, en ese
sentido, Kirchner como gobernador de Santa Cruz no debería pensarse por fuera de
lo que implicó el menemismo para la Argentina. Su gestión como gobernador fue de
vital importancia, ya que fue uno de los cómplices provinciales que mejor supo
garantizar las condiciones necesarias para su implementación, al igual que Juan
Carlos Romero en Salta.
En este marco resulta importante añadir que la actual militarización de Las
Heras encuentra relación directa con los sucesos de junio del 2001 en Gral.
Mosconi y Tartagal, ya que el mismo grupo de gendarmería -con francotiradores
incluidos- que hoy se encuentra en la localidad santacruceña efectuando
detenciones y apremios ilegales, es el que en su momento participó de los
operativos represivos en Salta, dejando un saldo de cinco muertos y doscientos
heridos de bala de plomo.
Néstor Kirchner evade la responsabilidad política que le corresponde frente a
semejante situación, al tiempo que se reúne con Juan Carlos Romero y promete
inversiones en infraestructura para ayudar a los inundados. Son estas medidas
paliativas que, aunque necesarias, corren el eje de la cuestión, enfatizando
sobre la catástrofe climática y soslayando el punto neurálgico de un proceso que
se viene desarrollando hace por lo menos veinte años, cuyo detonante principal
es el método de extracción y explotación de los recursos naturales de una de las
zonas más ricas en biodiversidad de nuestro país. En este contexto ¿No resulta
la salida fácil echarle la culpa a la naturaleza?…
Asamblea de Angel Gallardo y Corrientes
Asamblea Interclaustros de Ciencia Política
Colectivo La Rabia
Equipo de Educación Popular «Pañuelos en Rebeldía»
Grupo Usucapión
Grupo de Trabajo Barrial «Ã‘ande Retá»
Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP en el FOL)