Resistencia Campesina: lo que las topadoras no pueden derribar
La «fiebre de la soja» llegó al noreste cordobés, y con ella, las topadoras llegan voraces a las puertas de las casas. La codicia de grandes productores, de la mano de concesiones políticas, fragmenta comunidades y deja a familias desprotegidas legalmente y con pocas alternativas de subsistencia.
A dos meses del desalojo de la familia Bustamante en el noreste de Córdoba, mientras la legislación no hace más que encubrir la real problemática de la Tierra, Ramona (76) -propietaria del campo expropiado- continúa en una carpa ubicada a la vera del camino frente a lo que era su casa.
La expulsión tuvo lugar el pasado 30 de diciembre, un día antes de los festejos de año nuevo y del comienzo de la feria judicial, en el departamento de Río Seco a 180 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. El Juez de Paz y el representante de quien dice ser el legítimo dueño del campo, escoltados por 7 efectivos policiales, irrumpieron en el predio y practicaron un brutal desalojo del inmueble rural sin ningún juicio que así lo hubiera resuelto. Munidos de un tractor con frente de rejas que ofició de topadora remataron el procedimiento de destrucción material de la casa, condimentando la escena con duras agresiones verbales a la familia Bustamante, poseedora del campo desde hace casi 50 años.
El caso se suma a una larga y, en muchos casos, ignorada lista de desalojos campesinos, devastación de montes, matanza de animales, cierre de caminos, fumigaciones y similares metodologías que la «fiebre de la soja» trajo consigo. El incremento en el valor de los terrenos y la rentabilidad que ellos otorgan desata una vil demanda entre empresarios, quienes no reparan en los medios para saciarla.
Al día de hoy, el proceso de los Bustamante está judicializado en el ámbito penal por delito de defraudación. La Unión Campesina del Noreste (UCAN) está organizando varias jornadas con organizaciones provinciales y reuniéndose con familias desplazadas para demostrar que el caso de Ramona no es un caso aislado. Conforme esta organización manifestó a ANRed, «una lucha de baja intensidad se está dando con los sectores de los grandes productores, quienes no quieren que la problemática se instale y argumentan que ellos han llevado el progreso al norte de Córdoba».
Asimismo, la UCAN ha presentado un escrito a la Legislatura Provincial en el marco de la sanción de la Ley de Registro Personal de Posesiones Nº 9100, cuyo artículo 12 dispone la designación de una Unidad Ejecutora que «tendrá las funciones de organizar, coordinar y promover el saneamiento de títulos», contará con un presupuesto propio y tendrá amplias facultades para suscribir convenios con otras entidades y organismos. En este marco, la Unidad Campesina denuncia al Estado Provincial por el nombramiento como coordinador de esta Unidad Ejecutora a un puntero menemista, poseedor de 4.500 hectáreas y de claros intereses sobre los sembradíos.
Éste es el cuadro de situación. Funcionarios de las tres órbitas del gobierno provincial -Ejecutiva, Legislativa y Judicial- tapan con paños fríos la fiebre que la rentabilidad de la soja desató; entretanto, las topadoras pasan, la resistencia queda.