Volvió la oscuridad a Brasil: prisiones arbitrarias y supresión de garantías individuales
Hoy, sábado 12 de julio, a las 6:30, en Río de Janeiro, se inició la ejecución de una serie de mandatos de prisión contra activistas, profesores, abogados que defienden manifestantes y periodistas independientes. La policía civil está irrumpiendo en las casas de estos ciudadanos portando mandatos de prisión temporaria, en donde puede leerse «Plazo de prisión = 5 días”. Según las informaciones a las que se pudo acceder hasta ahora, hay por lo menos 60 mandatos de este tipo. Por Pavio.net, para ANRed.
Los presos están siendo llevados a la ciudad de la policía, complejo creado en el 2013 para «investigaciones» y que reúne a varias comisarías y a otros organismos similares. Por el momento son cerca de 30 los detenidos, entre otros: Pedro Guilherme Freire, Eloisa Samy Santiago, David Paixão, Camila Jourdan y Filipe Proença. Aún no hay información precisa sobre si permanecerán allí o hacia dónde serán trasladados. Una fuente indica que podrían ser llevados a Bangu, un complejo penitenciaron común. Esto sucede en el más absoluto silencio de la prensa corporativa, mientras que a los medios independientes se les prohibió la entrada a la ciudad de la policía y a los abogados de los activistas no se les brinda información sobre los presos.
Para mañana, final de la copa del Mundo en el Maracaná, Río de Janeiro, están previstos varios actos. Uno de ellos pedirá el esclarecimiento de la desaparición del peón de obra Amarildo, desaparecido en la favela Rocinha hace un año, a manos de la Policía Militar que ocupa esa área de la ciudad. Los implicados en el caso, acusados de tortura y muerte por otros policías que fueron testigos del crimen, están en libertad. Otro de los actos será en apoyo a los trabajadores en lucha, ya que hace algunas semanas los profesores de escuelas públicas están en huelga. La respuesta del gobierno fue simplemente el corte de sus salarios, por decretar la huelga ilegal. Esto es algo inédito en la historia del país e irónico, si consideramos que la presidente Dilma pertenece al Partido de los Trabajadores. Algunos de estos profesores -hasta ahora dos- se encuentran entre las personas que fueron llevadas a la ciudad de la policía.
El objetivo inmediato de esta acción, ilegal y arbitraria como muchas otras que acontecen en el país desde los protestas que comenzaron en junio del año pasado, parecer ser intimidar y amedrentar a aquellos que estén dispuestos a participar de las protestas de mañana. Para esto, se está utilizando la legislación de excepción aprobada a nivel federal y estatal durante el año pasado. Esta legislación fue condenada como atentado al Estado de Derecho por entidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, incluyendo la Organización de Abogados de Brasil (OAB) y Amnistía Internacional.
Los manifestantes denuncian que esta violación a los derechos humanos es inaceptable en un país democrático, al tiempo que afirman que no aceptarán la criminalización de las protestas sociales.
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