Aprobación de Ley de Recursos Hídricos en Ecuador provoca movilización

La Constitución, aprobada en 2008, dio plazo de un año para tratar la llamada Ley de Aguas. Seis años después fue aprobada este martes 24 de junio. En tanto, sectores sociales llevan a cabo una caminata desde el sur del país hasta Quito, en señal de protesta. Por ANRed desde Ecuador.

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó con 103 votos la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. En el texto se incluye la no privatización del agua; el acceso al agua como derecho humano y que el Estado promueva su gestión pública y comunitaria. Además se incorporaron aspectos sobre la conservación de fuentes hídricas, patrimonio y sanciones.

Sin embargo sectores sociales organizados la cuestionan. Sus representantes señalan que están a favor de la elaboración de una ley, pero denuncian que la actual centraliza la administración de este recurso. Los sistemas de riegos en el país son tres: privado, comunal y estatal. El comunal beneficia al 83% de usuarios del agua, estos han sido construidos a lo largo de los años por medio de mingas (formas colectivas de trabajo) y sustentados por administración comunal, esto como reacción al abandono histórico de los gobiernos hacia las necesidades de los campesinos del país. Sin embargo la ley de aprobada en su artículo 1 señala: «los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (municipios)” dejando por fuera a los sistemas comunales quienes garantizaron hasta hoy su acceso a los agricultores que hacen posible la producción de alimentos económicos en el país. La administración comunitaria tiene la particularidad de que aplica criterios solidarios para su distribución y cobro. Sin embargo a partir de ahora será la Autoridad única del agua quien regulara la distribución del recurso cuyos integrantes en su mayoría serán designados por el ejecutivo.

Otro punto álgido es aquel que refiere a la privatización del agua. El gobierno señala que la ley garantiza que no se privatizara. Sin embargo actualmente el 63% del caudal se encuentra en manos del 1% de los beneficiarios. Intelectuales, indígenas, sectores sociales, estudiantes y otros actores señalan no se está garantizando el derecho al agua pues esta ya esta privatizada. Por ello denuncian que en ella no conste una de las demandas más fuertes que han empujado las movilizaciones en el país por este tema (que datan de las luchas indígenas por la reforma agraria de los años 60´y 70) aquel que refiere a garantizar su desprivatización y evitar su acaparamiento, lo cual implicaría revertir concesiones.

Con su aprobación, la ley de recursos hídricos empata con ley de seguridad nacional sobre zonas con recursos estratégicos, estos son «la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley” La Conaie (Confederación de nacionalidades y pueblos indígenas del ecuador) señala que al ser considerada como «recurso estratégico” esta queda a merced de los intereses económicos. De hecho en el artículo 7 de la ley plantea que la iniciativa privada podrá participar en las actividades de los sectores estratégicos y servicios públicos del agua.

La aplicación de este artículo que afirma que «el estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos»¦ (estos últimos) de decisión y control exclusivo del estado”, permitió en el 2009 la aprobación de la ley de minería (que estimulo estudios para la delimitación de áreas de explotación de cobre, plata y oro) y la firma de acuerdos de explotación con Kinross (2011) y la empresa china Ecuacorriente (2012).

Actualmente existen 590 concesiones en el país. El proyecto el Mirador es uno de los mas grandes, está a cargo de la compañía Shaolin quien explota varios proyectos en la zona. La compañía desembolso 1 000 millones de dólares de adelanto por los cuales el gobierno se comprometió a entregar 96 mil barriles de petróleo diarios durante dos años; los segundos mil a cambio de 3 600 barriles diarios por cuatro años, reajustables. A cambio traslada 30% de cobre, 60% de otros minerales (tierras raras o pesadas que contienen minerales irremplazables para la elaboración de aparatos electrónicos) y 10% de agua desde Zamora hasta puerto Bolivar y desde allí a china. Las cifras muestran que para obtener una tonelada de cobre, se genera un promedio de 300 toneladas de desechos tóxicos o contaminantes, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo del yacimiento. En el caso del oro, las proporciones son más aberrantes: para producir un anillo de 10 gramos, se produce un promedio de 20 toneladas de desechos y el tratamiento inicial de la roca consume un promedio de 7 a 8 mil litros de agua.

Aunque el articulo 57 numeral 7 de la constitución señala que la población tiene derecho a ser consultada «sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente” esta consulta, que fue realizada el año pasado, tuvo un carácter formal, es decir no fue vinculante, de esta forma las observaciones hechas a la ley no fueron tomadas en cuenta para su redacción final.

Como respuesta este sábado 21 de junio partió una marcha denominada por el agua, la dignidad y la vida. Indígenas, campesinos, trabajadores, ecologistas, estudiantes y otros sectores caminan desde el sur del país hasta la capital, Quito, socializando información sobre los impactos de la minería, la demanda de educación bilingüe, defensa del territorio, la soberanía alimentaria, el código de trabajo, la controversia sobre la explotación minera en el parque nacional Yasuni, entre otros, demandando que el destino de los recursos del país sea normado y controlados en conjunto con la sociedad civil.