La resistencia Qom está al derecho, dado vuelta está el Estado
La lucha de los pueblos originarios, y más específicamente, la de la comunidad Qom se agrava, no solo por la reducción de sus territorios, o por el no reconocimiento de la autodeterminación de la comunidad, sino también por la persecución política y judicial a la que el Estado los está sometiendo. Por ANRed
Como sucede desde hace tiempo, tanto el gobierno de la provincia de Formosa a través del poder judicial como el gobierno nacional, se encargan de dar vuelta las cosas, acusando a las víctimas y privilegiando con la libertad a los victimarios. En palabras de Adolfo Pérez Esquivel «una vez más la justicia formoseña y el gobierno de la provincia se unen para descalificar y acusar a los integrantes de la Comunidad, como los responsables de delitos que no cometieron. Si alguien es responsable de la violencia es el gobierno provincial y la total indiferencia del gobierno nacional”.
El mes pasado, la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa, a cargo de Ramón Alberto Sala confirmó el procesamiento de Felix Diaz, y otros tres integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera).
Para saber de qué se los acusa hay que remontarse al año 2010. Durante el mes de noviembre de aquel año la comunidad Qom cortó la ruta nacional 86 en reclamo de sus tierras, que tanto el Estado provincial y la familia Celía les disputan hace tiempo. Aquella mañana de 2010 se iniciaron las causas, mientras los Qom mantenían la medida de fuerza, que luego iba a ser reprimida por la policía de Formosa por orden del gobernador Gildo Insfrán. El resultado de la represión fue de dos muertos: Roberto Lopez, de la comunidad, y Elber Falcon, policía provincial.
La causa que acusa a los indígenas por «robo de armas” y lesiones a policías había sido iniciada por el juez provincial Santos Gabriel Garzón titular del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de Clorinda y fue confirmada el mes pasado por Ramón Alberto Sala. Asimismo, mientras el procesamiento de los Qom avanza, la causa que investiga la represión que dejó dos muertos está estancada.
Por otro lado, mientras distintas leyes nacionales e internacionales avalan la preexistencia de terrenos pertenecientes a los pueblos originarios, el conflicto de las tierras no parece resolverse, y el único procesado es Felix Diaz, en una causa que se caratula «usurpación de tierras”.
Días atrás, la abogada de Félix, Marina Morales Ríos, había expresado respecto a esta situación que es «injusta» la acusación «porque sólo consta de los testimonios de los oficiales de la policía, cuando en realidad el que sufrió posteriormente un atentado contra su vida fue el señor Félix Díaz». Posteriormente aclaró que «Félix Díaz es una víctima de la criminalización de la protesta, les creerán más a los oficiales que a los aborígenes, y contra todo eso tenemos que ir, vamos a recurrir a la Corte Suprema y si ahí no obtenemos respuestas, vamos acudir hasta la Corte Interamericana”.
En este sentido, Felix Díaz en entrevista con ANRed dijo que «la comunidad ya entendió que la lucha nunca fue fácil, y es cada vez más grave porque el gobierno hace todo lo posible para debilitar la lucha. Hacen todo para que aflojemos, pero los indígenas de la comunidad Qom estamos convencidos de que la única lucha que podemos hacer es a través de la unidad, para poder recuperar el territorio que hemos perdido”.
Por otro lado, al ser consultado sobre su representatividad frente a la comunidad Qom, Felix Diaz se refirió al desconocimiento por parte del Estado y dijo que «tenemos bastantes problemas tanto con el gobierno nacional como con el provincial, por no aceptar la autodeterminación de la comunidad de dirigir su propia organización y decidir su destino en cuanto al territorio”.
El qarashe de la comunidad Qom, Felix Diaz, culminó el diálogo explicando que «Nosotros estamos trabajando fuertemente el tema de la capacitación, basado en los derechos ya reconocidos a los pueblos indígenas a través del Estado provincial y nacional, y también los derechos internacionales. Está el respaldo de la ONU, de la OIT y también de las Naciones Unidas que son organismos internacionales que han hecho convenio con los diferentes países para poder garantizar la aplicación de los derechos indignas, para que no se sigan violando lo derechos humanos de los pueblos indígenas y también garantizar los territorios indígenas en manos de las comunidades”.