Foto-Informe: a 19 años de la masacre de Budge

La Masacre de Budge -ocurrida el 8 de Mayo de 1987 en Ingeniero Budge- constituye un caso que ejemplifica varios aspectos que hacen al funcionamiento del poder judicial, del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Asimismo, también resulta paradigmático por la reacción popular frente al hecho, es decir, el accionar espontáneo de los vecinos y su posterior organización para repudiar lo sucedido y fundamentalmente para que no quede en el olvido.

En Ingeniero Budge, en la esquina de Figueredo y Guanami -un lugar más en uno de los tantos barrios del conurbano bonaerense en dónde los amigos suelen encontrase, tomarse una cerveza y hablar de ocurrencias- la policía llegó tras una denuncia efectuada por una vecina, tiró 34 balazos y mató a Oscar, Agustín y Roberto, de 19, 20 y 24 años.

Según datos estadísticos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde el momento en el que a una persona la detienen por averiguación de antecedentes hasta que la trasladan a la comisaría la torturan y matan pueden transcurrir 12 horas. Sin embargo, para juzgar a los asesinos de Oscar, Agustín y Roberto pasaron tres años.

En 1990, se dictan las sentencias: 5 años de prisión por homicidio en riña al Suboficial Mayor Juan Ramón Balmaceda y al Cabo Primero Jorge Alberto Miño y 12 por homicidio simple el Cabo Isidro Rito Romero de la policía bonaerense. Ese mismo año, la Corte Suprema provincial anuló el juicio por «incongruencias y falta de fundamentación», es decir, error técnico.

Los tres efectivos fueron juzgados nuevamente el 24 de Junio de 1994, condenando a cada uno de ellos a 11 años de prisión por homicidio simple. En febrero de 1998, la Corte resuelve enviar la causa a la Sala II de Lomas de Zamora para que se haga efectivo el cumplimiento de la sentencia y en mayo de ese mismo año se ordena la detención. Esta orden no logró hacerse efectiva, ya que Balmaceda y Miño se dieron a la fuga. A Romero lo detuvieron en 1999 y hoy cumple su condena.

Con respecto a la fuga, la Correpi declaró mediante un documento de mayo de 2004 que «las responsabilidades son tanto de la Cámara como de la Corte, por no tomar ninguna medida preventiva para detenerlos. Lo mismo para la Policía que no ha hecho nada para que se cumpla con la detención». Esta afirmación sigue vigente: tanto el poder judicial como el Estado poco han hecho para encontrar a los asesinos y para que paguen su condena.

Transcurrieron 19 años de este hecho. Pasaron 19 marchas de antorchas para reclamar por juicio y castigo a los asesinos, al mismo tiempo que se realizaron pegatinas de afiches con las caras de los autores materiales de esta masacre, como forma de repudio.

Testimonios de la marcha:

 Toto Zimmermann, abogado de la causa Masacre de Budge: «Diecinueve años no es ni poco ni mucho, pero es la suma de un tiempo continuado de lucha por el castigo a los culpables de un crimen cometido por policías. Si bien los ejecutores son policías y hablamos de gatillo fácil, lo importante es determinar que pueden hacer eso porque los poderes político y económico se lo consienten. Los que generan la posibilidad de la existencia del gatillo fácil son los que provocan la situación económica, política y social que tiene nuestro país desde hace varios años. Éstos parecería que nada tienen que ver con el gatillo fácil y sí tienen mucho que ver: son tan culpables, como la justicia que no condena a los ejecutores físicos y no condena a los que mandan hacer esto.

«Cuando me preguntan si han bajado los excesos de la policía, yo contesto que no son excesos, sino que son parte de una política oficialmente organizada destinada desde hace años a aterrorizar al pueblo y para hacer creer que la ley es el uniforme y la reglamentaria a la cintura. Cuando un hecho como es la muerte por gatillo fácil se repiten durante años y años es porque se quiere que eso ocurra. También si saben que hay torturas saben como se pueden parar y no sólo eso: quieren que se las utilice como método de control social de la gente, fundamentalmente de los más pobres de los más jóvenes, de los más humildes.

«Hoy estamos reivindicando la memoria y el derecho a la vida de tres pibes de un barrio popular que querían vivir y el derecho a la vida es un derecho fundamental de los pueblos y de los sectores mas humildes de cada pueblo. Los que están arriba, los poderosos, los que son dueños de todo no les importa todo eso. Nosotros con nuestra lucha tenemos que demostrar la memoria del Negro, Willy y Oscar, tres pibes que recorrían estos barrios, estos lugares, estas calles y lo hacían como tenían derecho a hacerlo.

«Seguiremos peleando e iniciamos una campaña con la idea que llegaremos a ver
presos a los culpables al cumplirse los 20 años de la masacre, marcando que la responsabilidad mayor está en el gobernador de la provincia y en el ministro de Seguridad, porque ellos tienen que responder ante nosotros por no hacer la captura. Tenemos derecho a exigir, no peticionamos nada, es una orden del pueblo de Budge, para que salga a buscar a quienes debe y sino lo hace es porque no quiere y en última instancia es cómplice de ellos».

 Sr. Olivera, padre de Agustín: «No tengo palabras con que agradecer la presencia de ustedes cada vez que veo esta multitud para pedir justicia y apoyar la causa de estas muertes injustas.

«Cuando los veo a ustedes, se me parte el alma, porque recuerdo cómo fue todo aquella noche. Yo me siento devastado. Quisiera saber si algún día los asesinos caerán presos. Muchos no lo sabremos, por eso cuando los veo a todos ustedes, me duele mucho y tengo presentes a los chicos, salgo al portón y creo verlos allí, pero lo que veo en esta esquina de la traición son sólo 3 velas y a todos ustedes. Por eso, compañeros, les agradezco de corazón su presencia. Que caigan estos asesinos es gracias al esfuerzo de esta gente, de los vecinos. Yo sólo no hago nada. Gracias por acompañarnos».