09/05/2006

«Los muertos bien muertos y los asesinos, probados, pero sueltos»

ap3tapa.jpgA propósito de cumplirse quince años del asesinato de Walter Bulacio, CORREPI y el Área Queer presentaron un CD que compila textos producidos por las organizaciones políticas y activistas que vienen denunciando y enfrentándose a las practicas represivas del estado desde 1983.
En ese sentido, ANRed se propuso analizar, a partir de esos documentos, los conceptos que caracterizan las prácticas del Estado represivo, cómo se instaló y cuáles son sus mecanismos de control social: el código contravencional y los fusilamientos extrajudiciales (gatillo fácil) entre otros. La vigencia de esta «regulación estatal» muestra una continuidad metodológica y política, opuesta al discurso de los derechos humanos que levanta el gobierno actual.


El trabajo presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el área Queer «trata de una articulación que propone seguir poniendo en evidencia los límites en las prácticas represivas y discriminatorias, y la vigencia de las luchas y los debates sobre una cuestión que no puede ser meramente historizada, porque sigue cobrándose víctimas mientras se propone una visita teatral al pasado como política de estado», sostienen los autores. A la vez que consideran que «las luchas contra los códigos contravencionales y de faltas constituyen una revisión crítica del vínculo entre capitalismo y democracia y, fundamentalmente, de la legitimación de formas crecientes de explotación y opresión en la Argentina del presente».

En un contexto de evidentes diferencias económicas y sociales, el Estado no destina estrategias para «compensar» estas desigualdades ni considera que éstas lesionen los derechos humanos básicos de parte importante de la población. Ante la pobreza, aplica políticas de selectividad penal, es decir, naturaliza la asociación entre «pobreza» y «delito», a través de la categorización de las poblaciones pobres como «clases peligrosas».

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Entonces, las fuerzas policiales establecen una intensa vigilancia de los sectores populares, a la vez que se observa una creciente represión de la venta ambulante, y los actos considerados «desviados» de los jóvenes, trabajadorxs sexuales y la presencia de niños y niñas en las calles.

«Este miedo a la pobreza se generaliza en diversos países del mundo junto con la globalización, mientras los medios de comunicación masiva se encargan de difundirlo cotidianamente desde imágenes y hechos que apuntan a fundamentar y legitimar los discursos «sobre y contra la violencia. Este temor se focaliza en aquellas personas que por su misma existencia develan su condición de vida: vagabundos, mendigos, jóvenes, inmigrantes de países limítrofes, habitantes de barrios marginales, todas características del mundo de la pobreza».(1)

«Así, todo pobre es considerado un delincuente potencial, concepto que el Estado operativiza a través de las instituciones policiales». (2)

ap6.jpg«Esta correlación que se establece entre «inseguridad,» «delito» y «pobreza,» pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas. La emergencia de estas nuevas fronteras abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o «estados de excepción», según la conceptualización de Agamben -en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial».(3)

La criminalización de la pobreza significa, entonces, «tratar la inseguridad social como si fuera meramente inseguridad física, y responder a los conflictos generados por la pobreza persistente y la ausencia de un futuro viable mediante la policía y el aparato penal del Estado. El reclamo de más policía, de aumentar las penas por delitos leves, de «barrer» a los indeseables de las calles, de «tolerancia cero» o «mano dura», de endurecer de los regímenes de prisión, expresa un impulso por delegar en el sistema de justicia criminal el hacerse cargo de las consecuencias negativas de la desregulación de la economía y de la reducción de la protección social; en síntesis, intenta invisibilizar los problemas sociales creados por la sumisión a la dictadura del «libre mercado». La glorificación del Estado Penal sirve a un doble propósito económico: forzar al nuevo proletariado a aceptar empleos inseguros como su horizonte normal de vida y mandar a casa a los que están «de más», aquellos para quienes ya no hay horizonte dentro de la economía. En Argentina y otros países latinoamericanos esta política de penalización de la pobreza es muy drástica porque, a través del Estado, somete a la población pobre a supervisión especial…»(4)

VIOLENCIA INSTITUCIONAL

ap2.jpg«Desde la recuperación del funcionamiento institucional, en 1983, se abrió en la República Argentina un horizonte que pretendía ser signado por la plena vigencia de las libertades individuales y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Sin embargo, esta esperanza de los sectores democráticos se vio frustrada frente al avance paulatino del autoritarismo que en distintos ámbitos fue obteniendo de los gobiernos constitucionales medidas que institucionalizaron la impunidad.

«Así también sucede con las muertes por violencia policial a través del fenómeno conocido como «gatillo fácil», en el cual homicidios a sangre fría son ocultados tras la mascarada del homicidio en riña o el «enfrentamiento con jóvenes de frondoso prontuario», al decir eterno de las agencias oficiales. Estas penas de muerte impuestas extrajudicialmente por funcionarios policiales se complementan con razzias y redadas en las que arbitrariamente se detiene, retiene y priva ilegalmente de su libertad a miles de ciudadanos, y con la aplicación de sistemas penales «paralelos» y «subterráneos» como los edictos policiales y las normas internas policiales secretas».

«La colaboración con la dictadura insufló en los órganos policiales una reafirmación ideológica claramente fascista, con todas las connotaciones de odio social que aquélla implica. Se profundizaron también aspectos corporativos de la institución, fortaleciendo tanto el espíritu de cuerpo como ciertas «ideas metidas como tatuajes», al decir de Elias Neuman, avizorando a todo pobre como delincuente, y como ofensivo al orden -su orden- todo aquello que contenga algún sesgo transgresor o libertario».

robledo-2.jpg«En el primer aspecto, la policía argentina ha variado el blanco de su guerra sucia. En la década del ’70 este era el subversivo. Hoy el enemigo a derrotar por los guardianes del sistema es eufemísticamente denominado «carenciado».

El primer objetivo policial es «prevenir» cualquier posibilidad de efervescencia, de resistencia, de protesta, a través de ese terror social.

«A pesar de los denodados esfuerzos del presidente Menem, en la República Argentina no existe la pena capital. Desapareció hace tiempo del ordenamiento legal, y como país firmante del Pacto de San José de Costa Rica además, incorporado a la cúspide de la pirámide jurídica con jerarquía constitucional-, tenemos vedado reimplantarla.

«Sin embargo, las fuerzas policiales emplean cotidianamente la pena de muerte en las calles de todo el país.

«Con la reiterada figura de los «pseudoenfrentamientos», tanto en Argentina como en Latinoamérica toda la policía actúa como verdadero verdugo con la anuencia del poder político. En las páginas de los diarios se publica la noticia de un enfrentamiento entre los agentes del orden y delincuentes. El resultado inevitable es la profusión de sangre civil. La información «oficial» abunda en los frondosos prontuarios habidos por los occisos. En enorme cantidad de oportunidades, tan profusos antecedentes penales son endilgados a jovencitos apenas adolescentes.»

«La situación es típicamente la misma: producido el enfrentamiento, junto a los cadáveres de los supuestos ‘malvivientes’ se encuentran armas de fuego que justifican el accionar policial. En el argot policial son por lo general armas «plantadas», es decir, colocadas por las propias fuerzas de seguridad para fundar la inexistencia del delito en la legítima defensa o en el legítimo cumplimiento del deber.

«Generalmente el primero en arribar a la escena de los hechos es el personal policial, por lo que además de la siembra de armas se destruyen las pruebas y evidencias que comprometan al camarada en apuros. Así se limpian las armas, resultando inútil cualquier posterior pericia dactiloscópica, o se lava el cadáver para evitar que el «dermotest» -o prueba de deflagración de pólvora- verifique si disparó armas antes de ser muerto».

«A este aspecto que podríamos llamar «gatillo fácil doloso» se agrega otra modalidad por cierto no menos desgraciada. Son las víctimas alcanzadas por disparos entre la policía y terceros en un enfrentamiento real, causados la mayor parte de las veces por la negligencia o la impericia de los uniformados, sumadas al desprecio por la vida de los ocasionales transeúntes».

ap5.jpg«El fenómeno del «gatillo fácil», lejos de ser exclusivo de la ciudad de Buenos Aires y el denominado Gran Buenos Aires o conurbano, tiene un alcance nacional alarmante. Párrafo aparte merecen los casos de desapariciones, que aunque mucho menos frecuentes que el método utilizado por los militares en la década del ’70, aún hoy ocurren. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza, el 24 de mayo de 1992, desapareció el joven Pablo Cristian Guardati (21). Durante la investigación -que pasó por ocho jueces diferentes- más de 30 policías mendocinos fueron cesanteados y dos jefes de policía pasados a retiro. Sin embargo no hay un solo detenido».

«Otra modalidad lamentablemente frecuente es la aplicación de tormentos a detenidos. Formalmente las torturas fueron excluidas de nuestro sistema legal en 1813. Tanto la vieja Constitución de 1853 como la recientemente reformada las prohíben expresamente. La Argentina, además, es signataria de la Convención Internacional contra las Torturas, Penas Crueles e Infamantes, incluida expresamente en el texto constitucional. Una vez más encontramos la dicotomía entre la norma y la realidad. Como en casi todos los casos de apremios y torturas, el parte oficial informa que «el joven se descompensó durante su estancia en la dependencia».

«Si estudiamos la realidad argentina en este tema a partir de lo escrito, de las normas constitucionales, de los tratados internacionales receptados por el derecho interno, de las leyes nacionales y provinciales, concluiremos que pocos países tienen un sistema de garantías individuales tan completo y perfecto como el nuestro.

«Si, por el contrario, nos atenemos a la realidad cotidiana del manejo policial y judicial en la materia, veremos que distamos mucho de ser un Estado en el que los habitantes gocen en plenitud de sus derechos. Y, triste corolario, lo confuso del sistema lleva a que esa contradicción se viva como natural, sin que la enorme mayoría de los afectados perciba su ilegalidad, ni reclame, por ende, contra lo que resulta «normal».

ap7.jpg«A partir del caso de Walter Bulacio(5), el Congreso Nacional sancionó uno de los proyectos que más suavemente reglamentaba los alcances de la detención por averiguación de antecedentes. No prosperaron los proyectos que derogaban la cuestionada facultad policial, pero se aprobó uno que reglamenta el art. 1º de la Ley Orgánica de la Policía Federal, restringiendo las facultades para detener y retener ciudadanos mayores de edad en averiguación de antecedentes, y reafirmando los deberes legales de los funcionarios policiales, como la inmediata intervención judicial.
Sin embargo, que una ley esté vigente no significa, necesariamente, que las autoridades competentes efectivamente la apliquen.

«Todo el sistema contravencional funciona como herramienta de control social«.
(6)

LA DISCRIMINACIÓN ES UN ACTO DE REPRESIÓN

«Nosotros no creemos que exista diferencia entre represión y discriminación. La discriminación es un acto de represión. Entonces, la relación entre gatillo fácil y la cuestión de clase se amplía a su relación con género e identidad sexual. Alrededor de 200 travestis fueron asesinadas tanto por tiros de la policía como atropelladas por los mismos policías», señala Flavio Rapisardi, desde el Área Queer.
Entonces, es importante ampliar a mirada para constatar que la lucha contra el Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, significó la oposición a uno de los mecanismos de regulación del Estado.

ap1.jpg«En las reuniones semanales se fue articulando una clara política de intervención en la que los reclamos del las mujeres y travestis en estado de prostitución, cartoner@s, vendedor@s ambulantes, artistas callejeros, artesan@s, jóvenes y movimientos sociales en general no fueron piezas particulares de un complejo rompecabezas, sino una serie de posiciones antiautoritarias que pronto adquirieron un claro perfil antihegemónico, de carácter clasista y antipatriarcal, opuesto a las limitadas posibilidades y «ofertas» de ciudadanización imperantes. Esta construcción no fue fácil, sino que de manera constante se produjeron revisiones de las propias posiciones que a veces tomaron la forma de «discursos humanistas» de integración y tolerancia con sus consabidas limitaciones, pero también se produjeron complejos debates sobre el carácter de clase de los reclamos, sobre los alcances de una acción en común y sobre la redefinición y ampliación de la noción de «campo popular» y de la propia identidad y lugar en el mismo espacio».

«Cuando en las asambleas contra las propuestas de reforma contra el código, las travestis y mujeres en estado de prostitución criticaron los intentos de penalizar la oferta y demanda de sexo en la vía pública, l@s piqueter@s arremetieron contra los intentos de regular la protesta, las organizaciones de niños, niñas y adolescentes desarmaron los argumentos que proponen la baja de edad de imputabilidad y l@s vendedor@s ambulantes alertaron no sin razón que l@s condenan al exterminiol L@s que participamos en las asambleas no consideramos que estábamos frente a un coro desafinado ni frente a un intento de sumatoria de última hora, sino que la palabra «articulación» no es un categoría que necesite de una justificación epistemológica, sino una práctica real y concreta en la que a partir de una complejización de planteos múltiples, las «opiniones» son replanteadas como una verdadera puesta en crisis de las concepciones que las sostienen, de su puesta en discusión y de la construcción de una plano de reflexión y acción compartido.

ap8888bis.jpg«En este sentido la constitución de un sujeto político emancipatorio no es el resultado-reflejo de una posición objetiva, sino una construcción compleja en la que intervienen no sólo los modos en los que l@s sujet@s autoperciben sus vidas, sus prácticas y las condiciones reales de existencia, sino también una caracterización de la opresión y la dinámica política. La violación a los derechos humanos que opera tanto el código actual como en los intentos de reforma no era una violación de «derechos subjetivos», es decir, de derechos en términos del «modelo acreedor-deudor», sino un desconocimiento de una necesidad social objetivada ante la que no cabía más que la lucha y el repudio general, colectivo y democráticamente construido, en tanto se consideró que se estaba frente a un claro límite del propio sistema democrático liberal burgués, el cual ya no resiste modificaciones cosméticas, lo que queda demostrado al comprobar diariamente el doble discurso y las limitaciones del progresismo y el envalentonamiento de la propia derecha».

«Trabajo y clase son entonces dos conceptos claves que articularon tanto la resistencia a los proyectos de reforma como las diferencias al interior de la misma. Y que también permiten explicar la no participación de otros movimientos sociales y activistas en el conflicto. En una Ciudad con el 23% de su población bajo la línea de pobreza, la clase no es un dato estadístico aislado, sino un complejo entramado cultural que nos condiciona y que pone en jaque nuestras praxis políticas. En este sentido se problematizaron las nociones de identidad y ciudadanía no solo para las mujeres y travestis en estado de prostitución, sino también para los propios movimientos piqueteros que tienden a considerar de manera reduccionista el «campo popular». Y, por otra parte, se cuestionó nuevamente el alcance de las políticas de las ONGs que reproducen algunas organizaciones, en tanto estas funcionan como apósitos del estado neoliberal y sus políticas de exclusión, por lo que necesariamente obstruyeron de manera directa este conflicto. Este es el caso de las organizaciones que construyen sus agendas en función de los subsidios multilaterales que obligan a focalizar el trabajo en cuestiones como HIV y SIDA para los movimientos de diversidades sexuales, desarrollo local para organizaciones de base, participación política y monitoreo de políticas públicas para organizaciones de mujeres, entre otras cuestiones. Esto no quiere quitar importancia a estos temas, pero si es claro que es necesario replantear las propias posiciones en función del alcance emancipatorio de las propias prácticas en un contexto de profunda pobreza y represión«(7).

NO TODOS SERÁN LOS BENEFICIARIOS DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS

queer.jpgPor todo lo expuesto resulta imperioso para un Estado que protege a los ciudadanos, instaurar un sistema de «no derecho» para que gobierne al mundo de la pobreza: las fuerzas represivas de seguridad ingresan a ese territorio y proceden a acabar con él, o bien actúan en su reducto, bajo rejas, utilizando otros instrumentos y prácticas que la caracterizan. Esto lo hacen varias veces en un día, cientos de veces al mes, miles de veces al año. El actual sistema democrático estipula: no todos serán los beneficiarios de los derechos y garantías.

correpi_banner_cabecerabisbis2.gifLas instituciones estatales, en democracia, se encargaron de construir las condiciones para que la criminalización de la pobreza y todos sus mecanismos sean vistos con naturalidad. Casi dos mil muertos por gatillo fácil, cientos de detenciones ilegales por día, medio centenar de presos políticos, miles de procesos iniciados a luchadores populares, cárcel hacinadas (de pobres). Todo un escenario que se completa con el telón de la impunidad. En este sentido, son adecuadas las palabras del periodista Rodolfo Walsh : «los muertos bien muertos, y los asesinos probados pero sueltos».

Mariana y Valeria (ANRed)


Notas:

 (1) (2) y (3) Informe Alerta Argentina

 (4) Wacquant, Lois; entrevista diario Clarín

 (5) Violencia institucional (León Zimerman, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá)

 (6) Caso Bulacio: ver en esta misma página cobertura de la marcha: «La represión se ejerce selectivamente contra sectores empobrecidos y contra los que ponen en crisis la hegemonía»

 (7)»Sobre los límites de la ciudadanía liberal: identidades, clase y trabajo en la lucha contra el Código Contravencional porteño» Flavio Rapisardi, en Actitud Queer, Montevideo, 2004



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