Presos de Haedo: la lucha de los familiares por la excarcelación
Por Adrián Figueroa Díaz.
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolverá el próximo jueves la excarcelación y el sobreseimiento (o no) de «los presos de Haedo».
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolverá el próximo jueves la excarcelación y el sobreseimiento (o no) de aquellos a quienes, desde hace seis meses, el genérico popular sintetiza como «los presos de Haedo».
Sin embargo, debajo del piso agujereado del tren que pasa por el conurbano oeste siguen brotando humo y chispazos. Y el descontento se ve en los rostros de los trabajadores a través de las ventanas sin vidrio de los vagones propiedad de la empresa TBA (Transportes de Buenos Aires, ex Sarmiento), concesionaria del servicio largamente subsidiado por el Gobierno nacional. La indignación diaria y los incesantes retrasos en el recorrido germinan otro brote de hartazgo, como el de aquel «Día D» espontáneo por el que aún siete muchachos están privados de su libertad.
Hace seis meses que Matías Barreto, Roberto Canteros, José Freddy, Julio Gutiérrez, Rodrigo Valdez, Cristian Wenk, Eduardo Navarro y José Gutiérrez están presos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza; al único menor de 18 años se lo «derivó» al instituto Roca. El titular del Juzgado Nº1 de Morón, Germán Castelli, les dictó prisión preventiva y trabó un embargo que va desde los 35.000 hasta los 3.186.000 de pesos. Los acusa de presunta asociación ilícita (por mantener una supuesta reunión previa para incendiar los vagones), lesiones a policías y bomberos, y corte de líneas férreas. Las penas oscilarían entre los 5 y 25 años de prisión. Y para no correr el riesgo de una potencial fuga les negó la excarcelación.
«Claro, él piensa que se van a fugar. Pero somos tan pobres que ¿adónde los vamos a mandar de viaje?», se preguntó Mirta Álvarez, madre de Cristian Wenk. Desde hace seis meses, junto a ella, varias organizaciones políticas y de derechos humanos organizan actos, caravanas que colman los vagones del enfado popular y la desidia empresarial, abrazan a los familiares de los detenidos, volantean, juntan firmas, explican en radios abiertas y agitan banderas que no flamean en los medios comunicación de venta masiva.
El reclamo por una «justicia justa» llevó a los familiares a apelar las excarcelaciones y los procesamientos ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El pedido recayó en la Secretaría Penal 3, cuya titular, Claudia Blanez, dialogó con ANRed y aseguró que «el jueves de esta semana o el martes de la próxima se revisará la situación de algunos de los imputados con vistas a hacer lugar a las excarcelaciones o los procesamientos». Asimismo, la jueza precisó que «hay seis procesamientos y siete excarcelaciones apeladas que se están tramitando normalmente; algunos fueron apelados por la defensa y otros por la fiscalía». Es decir que no quedarían libres o, en el mejor de los casos, fuera de culpas y cargos.
LO QUE LOS MEDIOS MOSTRARON
Aquel 1º de noviembre de 2005, el viaje en el servicio concesionado por el Grupo Plaza-Cirigliano -titular, además de la ex línea Mitre y varias líneas de colectivos- fue como siempre. El tren desbordado de pasajeros llevaba casi una hora de retraso. Los motores chispeaban y humeaban por el esfuerzo de tal modo que, cuando llegó a Haedo, se le dijo a la gente que el viaje terminaba allí, que debían bajar y caminar entre las vías electrificadas. Y la bronca llegó a ser combustible.
Cuatro fueron los vagones incendiados al principio. Pero la liberación de la zona por parte de la policía hizo que once más se quemaran. Puestitos, comercios y parte de la estación también quedaron destruidos. Cinco horas después, las fuerzas de seguridad «actuaron» y -haciendo ley ese refrán que dice que «la miopía obliga a culpar al más cercano»- detuvieron a 113 personas. Actualmente, además de los siete detenidos, hay 86 procesados y el resto está imputado.
En un primer momento, el secretario de Seguridad bonaerense, Martín Arias Duval, atribuyó los hechos a «pasajeros comunes». Pero el ministro del Interior, Aníbal Fernández, negó la reacción espontánea y se refirió a los detenidos como «activistas» de agrupaciones políticas y gremiales «de izquierda» que tuvieron a su cargo un episodio «armado y planificado». Las fuerzas de seguridad y la justicia que reprime la protesta social hicieron el resto. Varios funcionarios apuntaron a los dirigentes Armando Rivas y Edgardo Reynoso, de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, como presuntos instigadores.
En cambio, Reynoso, titular de la Comisión de Reclamo de ese gremio, explicó a ANRed que aquel día llegó a la estación de Haedo apenas unos minutos después de que empezara el incendio «porque vivo a 150 metros de allí, y debía ir como delegado». Aseguró que «no conocía a ninguno de los chicos que ahora están detenidos» y consideró que se lo incrimina porque «somos críticos a la política ferroviaria del Gobierno, que es la continuidad del sistema de concesiones que arruinó al país».
Por su parte, los titulares de la Unión Ferroviaria y La Fraternidad atribuyeron los hechos a «agentes de izquierda» o «grupos organizados que viajaban a la anticumbre de Mar del Plata». Pero las historias particulares muestran otra realidad.
LO QUE LOS MEDIOS NO CUENTAN (O LO QUE NO CUENTA EN LOS MEDIOS)
Los familiares de los detenidos relataron a ANRed que, aquella mañana, Cristian Wenk, de 19 años, viajaba a Capital para presentar su currículum para trabajar en las colonias de verano del gobierno porteño. Luego iría a Caballito a seguir su tratamiento de ortodoncia -que tras su detención la perdió-. Estudiaba el profesorado de educación física y «no militaba en ningún lado ni se conocía con ninguno de los chicos», aseguró Mirta, su madre. Las imágenes de TV lo mostraron arrojando un tubo de gas sobre las vías. Sin embargo, «lo acusaron de robárselo. Pero la kiosquera que salió de testigo dijo que les pidió que sacaran las garrafas y los freezer para que no explotaran con el fuego», añadió la mujer.
Lo llevaron a la comisaría de Haedo junto a los demás. Luego a Marcos Paz. La directora del lugar donde estudiaba tramitó un pedido para que Cristian pudiera asistir a clases, «pero él no quiso para no exponerse a bajar esposado de un patrullero». De su estadía en la comisaría le quedó una marca: aún «sueña con el llanto de un chiquito de 7 años, hermanito de Matías Barreto, otro de los detenidos», afirmó Mirta.
Matías Barreto tiene 22 años. No era pasajero, sino cartonero. Ese día, junto con su hermanito, pasó por ahí con un carro que -según el relato de los familiares- había alquilado a las 9, una hora después de que se incendiaran los vagones. Dentro de dos meses será padre por primera vez. Y no sabe cuándo conocerá a su bebé.
José Freddy no tiene padres, sino hermanos «que van a visitarlo de vez en cuando». Pese a sus 20 años «padece una edad mental de un chico de 10», afirman; es discapacitado. A Julio Gutiérrez, de 22 años y padre de un bebé de 2, tampoco van a visitarlo. Pero «no porque no tenga familia, sino porque no tiene documentos y ni la madre puede demostrar el vínculo», afirmaron las fuentes. Aquel 1° de noviembre tenía una partida de nacimiento, pero «se le perdió». Lo vinculan con el MTP y la televisión lo mostró dando vueltas con un chaleco antibalas de la policía. «Yo me pregunto -comentó Mirta Álvarez- ¿un activista va a ser tan gil como para hacer eso?»
Rodrigo Valdés tiene 26 años. Era sostén de sus padres enfermos y trabajaba en una fábrica textil de Floresta como cortador de jeans. Lo describen como «tan buen tipo» que la empresa, en reconocimiento por su labor, le guardó el puesto y manda dinero a la familia.
El mayor, Roberto Cantero, de 30 años, es tapicero y padre de cinco hijos de entre 13 años y 8 meses. Aquel día iba a trabajar. Ahora, «la esposa está sola y nosotros juntamos dinero una vez por mes para que vaya a visitarlo», contaron.
Según los familiares, «ninguno tiene antecedentes penales ni militaban en un partido ni se conocían entre sí». Pero esas afirmaciones no parecen coincidir con las de los testigos que los incriminan: policías bonaerenses y personal de Centauro, la empresa de seguridad de TBA. Mirta, la mamá de Cristian, supone que «la causa se mantiene en pie porque si a los chicos se los hallan culpables, el Estado deberá hacerse cargo de los gastos por los vagones rotos; en cambio, si se los declara inocentes, TBA es quien deberá hacerse cargo. Ninguno quiere asumir la responsabilidad. Pero bueno, nosotros somos pobres.»
Foto: diarionco.com