Las muertes de Ceuta llegan a los tribunales en España
Veintiún colectivos y entidades han presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades por la muerte de 15 personas en Ceuta tras la intervención de la Guardia Civil con material antidisturbios. Por Gladys Martínez López – Redacción Periódico Diagonal
La actuación de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta con Marruecos, que se saldó el jueves con la muerte de 15 inmigrantes que trataban de acceder a territorio nacional, se encuentra ya ante los tribunales. Veintiún colectivos y entidades de defensa de derechos humanos han presentado este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la posible existencia de delito y se determinen, en su caso, los responsables penales de estas muertes.
A pesar de que en una primera versión de los hechos, la Delegación de Gobierno negaba el uso de material antidisturbios contra los migrantes, las evidencias y testimonios de los supervivientes han llevado a las autoridades a reconocer su uso, aunque niegan haberlos lanzado contra las personas que se encontraban en el agua. Pero según los testimonios recabados tanto por medios de comunicación como por los denunciantes, sí «se desprende que hubo una acción directa de la Guardia Civil consistente en lanzamiento de pelotas de goma que impactaban sobre las personas que estaban en el mar”, afirma Patricia Fernández, abogada de la Coordinadora de Barrios, un colectivo pro derechos humanos de Madrid que participa en la denuncia. Fernández asevera que «disparar contra personas desarmadas que están en el agua, que están fatigadas, que están en una situación de extrema vulnerabilidad, que tienen el concepto legal de náufragos es una acción que los colectivos firmantes deploramos y exigimos que se investigue, que se delimiten posibles responsabilidades y que no se vuelva a repetir”.
Los hechos, que también han llevado a la apertura de una investigación por la Defensora del Pueblo y a que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) muestre su «preocupación” por los inmigrantes que arriesgan y pierden sus vidas en las fronteras europeas, podrían ser objeto de nuevas denuncias penales o querellas en los próximos días, como la que están preparando las organizaciones pertenecientes a Migreurop España.
Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la APDHA, perteneciente a la red europea Migreurop, mantiene que, aparte de la vía penal, han «planteado la necesidad de asunción de responsabilidades políticas por los máximos responsables, apuntando en última instancia al ministro del Interior. Si el ministro ha reconocido que se está violando la legalidad vigente, o bien depura responsabilidades o bien que dimita”.
En el plazo de dos días, las autoridades no sólo se han visto obligadas a rectificar una primera versión de los hechos en la que negaban el uso de material antidisturbios contra los migrantes. También, después de la aparición de un vídeo que pone en evidencia que ocho de los supervivientes de la tragedia sí llegaron a costas españolas y de varios vídeos que documentan expulsiones irregulares, han tenido que reconocer que las «devoluciones en caliente”, expulsiones inmediatas de migrantes que violan la legalidad vigente y que venían siendo denunciadas por diversas organizaciones de derechos humanos, se están produciendo de manera regular en la frontera. «Nos preocupa que el Gobierno pretenda recortar en derechos humanos y derechos fundamentales de personas vulnerables, muchas de ellas provenientes de países empobrecidos o países en conflicto y que podrían ser beneficiarias de mecanismos de protección internacional de los que España forma parte», dice Patricia Fernández.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecerá el próximo jueves ante la Comisión de Interior del Congreso, y varios partidos de oposición ya han pedido su dimisión. Migreurop, por su parte, ha solicitado que tras esta comparecencia se forme una comisión parlamentaria de investigación «tanto de los hechos de Ceuta, que son gravísimos, como de toda la gestión que se está haciendo de la frontera de Ceuta y Melilla, que vulnera la legislación vigente”, explica Arce. Desde esta organización dejan la puerta abierta a futuras acciones tanto ante el Parlamento Europeo como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si las acciones emprendidas en el Estado español caen en saco roto.
En las últimas horas, en las redes se están convocando movilizaciones en diversas ciudades en repulsa por lo ocurrido y para exigir que se depuren responsabilidades. «Estas personas salieron de sus países para intentar ayudar a sus familias, a sus barrios, a sus pueblos y no merecen morir así. Esto es apartheid, esto es xenofobia, esto son asesinatos y no podemos permitirlo”, afirma Ibrahima Seydi, de la organización Espacio Inmigrante, de Barcelona, que concluye: «Hacemos un llamamiento a todos los centros sociales y movimientos sociales que luchan junto con Tanquem els CIE [Cerremos los CIE] para que hagamos todo por parar los muertos que está habiendo desde Ceuta a Lampedusa estos últimos tiempos, y que los gobiernos pongan todas las medidas para que los migrantes no sufran y cierren los CIE”.
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