Tarjeta Sube: ¿Que ves cuando me ves?
Al cumplirse casi dos años desde que fue introducido masivamente el uso de la tarjeta SUBE, El Caminante analiza las posturas en defensa de la «practicidad” de este sistema y las que consideran que se trata de un avance en pos de conformar una estructura estatal que aborde indiscriminadamente toda información confidencial de la población. Por Pablo Esquivel.
¿Cómo se introdujo la SUBE?
La implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) se llevó adelante desalentando económicamente a todo pasajero que dispusiera de pagar su boleto de tren o colectivo con efectivo en el área metropolitana y del Gran Buenos Aires. En este último caso el servicio dejaría de ser subsidiado, lo que equivale a pagar el doble de lo que se abona con la tarjeta. El mínimo para viajar en colectivo pasó así a costar $3, sin tarjeta.
Además ahora se incluye dentro de los usos de la tarjeta SUBE el del pago de los peajes de las autopistas de concesionarios como Grupo Concesionario del Oeste y Autopistas del Sol.
El requisito para poder retirarla es el de presentar el DNI o la cédula. En el caso de menores se requiere el acompañamiento de un adulto. Su obtención fue gratis en un primer momento y ahora se consigue en puntos de entrega, kioscos y el Correo Argentino a un precio de $15. En caso de extravío este sistema contempla una total reintegración del monto que se disponía en el momento de la perdida de la tarjeta.
¿Por qué se SUBE?
El argumento esgrimido desde la Secretaría de Transporte, ante la introducción de la SUBE, tenía como objeto «saber a ciencia cierta quién es el que verdaderamente requiere tener el subsidio total o parcial de lo que cuesta el boleto de colectivo, tren o subte”, como señalaba en su momento el ex funcionario Schiavi. En lo que concierne al plan de tarifas diferenciales a agregaba: «mediante la SUBE el Estado podrá identificar a muchos ciudadanos que tienen que tomar tres medios de transporte para llegar al trabajo para que puedan integrar esos viajes pagando una tarifa o un tramo único”. Incluso el conocimiento de quienes utilizan el transporte público permitió que en los últimos días el fiscal Madrea llamase a declarar a los pasajeros de la línea de colectivos 118, para investigar a fondo sobre el accidente de tránsito que ocasionó la muerte de Mariana Filgueira Risso.
Estas premisas de certera eficiencia fueron cuestionadas por abogados, intelectuales y expertos en seguridad informática. Desde su óptica, la identificación y recolección de los datos personales de los pasajeros y de sus movimientos diarios en el transporte, tanto público como particular, por parte del Estado representa «una medida abusiva e innecesaria que invade la privacidad y viola el derecho a la intimidad del que gozan los ciudadanos”. Esto significa que un esquema diferencial de tarifas puede otorgarse sin necesidad de recolectar datos personales que sean almacenados (por ejemplo, los boletos escolares, los boletos para discapacitados y jubilados y pensionados).
Además no hubo puesta en práctica de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales que, en su artículo 4, señala que los datos personales que se recojan deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad con la que se los obtiene, y destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes.
El experto en seguridad informática, Cristian Borghello, denuncia a la SUBE como una «violación de intimidad”. A través de ella, «el Estado tiene la capacidad de controlar datos que deberían ser confidenciales”.
A pesar de que la venta de la tarjeta SUBE puede también obtenerse de forma innominada, es decir que se puede comprar en distintos puntos de venta sin que sea necesario notificar con los datos personales que se obtuvo esta nueva tarjeta, lo que se profundizó desde inicios del año 2012, desde la Secretaría de Transporte, es la aplicación de políticas públicas de recolección de datos privados. Ese almacenamiento ya está hecho.
Una política destinada a poder brindar un mejor servicio a la población debe ser criteriosamente manejada y no debe contemplar el guardado en una base de datos que marque todos nuestros movimientos diarios. Estos resultan innecesarios.
El caso de la SUBE permite pensar cómo la falta de control y de acceso a información sensible por parte de la población sigue siendo una falencia luego de 30 años de democracia. Y esto debe considerarse porque se trata de una matriz de datos que será utilizada no solo por el gobierno actual sino por cualquiera que le siga, del color político que sea, y conducente con el uso que decida darle.
LA SUBE EN NUMEROS:
15 millones: Son las tarjetas emitidas desde su implementación.
11 millones: Son las tarjetas que se usan frecuentemente.
18.000: Son los lectores instalados en las unidades de 340 líneas de colectivos.
Fuente: La Nación.
Por El Caminante