Brutal desalojo a familia campesina del noreste de Córdoba

Una mujer de 76 años y sus dos hijos fueron dejados en la calle. Su vivienda fue arrasada por una topadora. No hubo juicio de desalojo. Participaron 7 efectivos policiales ante la desprotección de la anciana que no tuvo tiempo de llamar a su abogado.

Una familia campesina fue literalmente dejada en la calle después de un violento desalojo que culminó con la destrucción total de una casa de material y dos casas ranchos, viviendas construidas a lo largo de los sesenta años de posesión de la familia en el lugar.

El hecho ocurrió el día martes 30, un día antes de los festejos de año nuevo y último día de normal funcionamiento judicial hasta febrero, en un inmueble rural ubicado a seis kilómetros de la localidad de Puesto de Castro en el departamento Río Seco, a 180 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.

A las diez de la mañana se presentaron ante Ramona Bustamante de 76 años, propietaria del campo, el Juez de Paz de Puesto de Castro, Roque Benchetrit, el Dr. Chiavassa, representante del Sr. Scaramuza, quien dice ser el legítimo dueño del campo en cuestión y siete efectivos policiales de los destacamentos de Sebastián Elcano y Puesto de Castro encabezados por el Subcomisario Moyano, a cargo del operativo.

Benchetrit, Moyano y Chiavassa intimaron a la Sra. Bustamante a desocupar el lugar. Ante la negativa, los efectivos comenzaron a retirar las pertenencias, rompiendo a mazazos las ventanas.

Vale aclarar que Orlando Bustamante, hijo de Doña Ramona, no se encontraba en el lugar ya que había viajado a la ciudad de Deán Funes a realizar una denuncia a la fiscalía. El Sr. Orlando Bustamante poseedor desde hace 48 años de este predio, venía realizando las tramitaciones para registrarse como poseedor en el marco de la ley provincial 9100 y buscaba también el amparo de la Ley de Posesión Veinteañal que prevé el Código Civil en el artículo 2468.

En este sentido es importante recalcar que el desalojo no se realizó con el juicio correspondiente, sino simplemente con una orden judicial mediada por la homologación de un dudoso escrito realizado por el anterior Juez de Paz hace unos años atrás, lo cual impide la oposición de pruebas por parte de los damnificados.

En otro sentido, durante el procedimiento Ramona Bustamante tuvo varios picos de tensión y debió ser atendida por una enfermera del lugar.

Una vez que todas las pertenencias fueron quitadas de la vivienda de material, el Dr. Chiavassa salió en busca de un tractor con frente de rejas para comenzar a topar la casa.

Durante aproximadamente tres horas el tractor estuvo destruyendo parte por parte las habitaciones de la vivienda ante la desesperación de Doña Ramona y su hija quien ya se había hecho presente en el lugar.

En todo momento el Dr. Chiavassa agredió y desprestigió verbalmente a la anciana y a todos los que se acercaron a exigir explicaciones. Es de hacer notar que tanto el Juez de Paz como el oficial Moyano actuaban de acuerdo a lo que Chiavassa exigía, siendo que este abogado sólo estaba en calidad de representante de una de las partes y no tenía porqué intervenir directamente en el procedimiento. Chiavassa imperaba: «sacame esto», «retirame a aquel», «volteemos rápido», «tiráselo a la mierda», etc, y el Juez y la policía actuaban consecuentemente.

Posteriormente, alrededor de las seis de la tarde se hizo presente Orlando Bustamante intentando frenar la destrucción de los ranchos y fue reducido por la policía en pleno shock nervioso, mientras amenazaba con prenderse fuego con un bidón de nafta en una mano y un encendedor en la otra.

Ante esto, Chiavassa le sugirió a Moyano: «Atenlo y llévenlo preso, así terminamos»

Finalmente cuando todo ya había sido realizado, pareció como que todos emprendieran una especie de «festejo», ya que el Juez Benchetrit tomaba champán mientras tecleaba la máquina de escribir y la policía y Chiavassa tomaban y comían salame con queso traído de una conservadora que estaba en la camioneta cuatro por cuatro del letrado.

Contexto

Este procedimiento no es un caso aislado sino parte de una metodología que se viene llevando adelante desde hace aproximadamente veinte años, donde los pobladores del lugar quedan totalmente desprotegidos de la justicia.

La frontera agropecuaria se abre y corre hacía el norte de la provincia, no sólo topando ilegalmente montes y bosques nativos (sin cumplir las leyes forestales vigentes), sino también desalojando y aplastando a campesinos y a sus sistemas sustentables de producción que durante cientos de años viene alimentando y dando trabajo a miles de argentinos.

La desprotección legal en la que se encuentran las tierras de los campesinos del norte de Córdoba ha sido históricamente desoída por las autoridades; el problema ahora se recrudece con este tipo de situaciones ya que el valor que han adquirido los campos en los últimos tres años con la «fiebre de la soja» hace que muchos empresarios quieran obtener parcelas de campos sin importar los medios.

La llegada de la soja al noreste provincial ha puesto en jaque a las familias campesinas, ya que el encierre de los campos, la matanza de animales, el cierre de caminos vitales, la fragmentación de comunidades, las fumigaciones y demás fenómenos desconocidos años atrás impiden el desarrollo normal de un estilo de vida genuino que se ha quedado con pocas alternativas de subsistencia.

Una hectárea de campo en la zona donde ocurrió el desalojo está cotizándose entre 3500 y 4000 pesos y la rentabilidad que otorga esa misma superficie sembrada con soja es de cuatro a cinco toneladas por cosecha (entre 2500 y 3000 pesos)

El papel de la policía y de la justicia a nivel local siempre ha quedado supeditada a los favores y al poder económico de las partes. Un campesino que denuncia la matanza de un animal o la colocación de postes u otros elementos en su propiedad, deberá resignarse a no encontrar respuestas, en cambio un propietario adinerado pagará el gasoil de los móviles policiales, regalará camionetas a los destacamentos, pagará con honores cada certificación del Juez de Paz y así podrá acceder a la «justicia» y el «derecho». Así es que ambos brazos de la justicia en las zonas rurales se verán «comprometidos» a devolver esos favores que les permiten funcionar.

Del mismo modo una justicia que impide el embargo o el remate en el ámbito urbano, lo permite con gracia en las zonas rurales.

Las causas del proceso de concentración de las zonas urbanas no son consecuencias sólo de «una natural tendencia de las personas» a vivir en las ciudades sino también de la desigualdad de derechos.

Para repudiar o pedir explicaciones sobre este hecho:

 Subcomisaría de Sebastián Elcano (03522) 498940

 Comisaría de Villa de María del Río Seco (03522) 426001 / 426002

 Unidad Regional Nro 11 de Deán Funes (03521) 426210 / 426221

 Juzgado Civil y Comercial 38 nominación: Juez Adolfo Coronel (0351)

Unión Campesina del Noreste (UCAN)

TE: 0351 – 155326133