Avanza un casillero, retrocede dos
La semana que viene comienza el juicio contra el policía acusado de matar al adolescente Braian Hernández de 14 años en Neuquén. En tanto, familiares y amigos de otros jóvenes, en cuyas muertes también están involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, reclaman a la justicia que avance con las investigaciones. Por Red Eco Alternativo
(Red Eco) Argentina «“ Este 19 de diciembre podría ocurrir un hecho muy poco común. Ese día se cumple un año del asesinato de Braian Hernández de 14 años y la fecha podría llegar con algo de justicia para su familia y amigos. El martes 26 de noviembre comienza el juicio contra el policía Claudio Salas, que se encuentra con prisión preventiva, acusado de haber disparado contra el adolescente cuando viajaba en un auto con sus amigos. El efectivo confesó ser el autor de los tiros aunque se excusó de su responsabilidad al afirmar que los jóvenes no habían detenido el vehículo a pesar de su pedido y que supuestamente había visto un arma en su interior. La presencia del revolver fue desestimada en las pericias efectuadas posteriormente.
Lo concreto es que desde el 26 al 29 de noviembre se desarrollará el juicio en la Cámara Criminal II, ubicada en Irigoyen 177 de la capital neuquina, y se espera en este marco la declaración de veintiséis testigos. El tribunal estará integrado por Hector Dedominichi, Florencia Martini y Fernando Zvilling.
Los abogados Angélica Acosta y Federico Eguea, de la organización Zainuco, serán los querellantes en la causa, y este viernes 22 realizarán una conferencia de prensa junto a Elyzabeth Hernández, la mamá de Braian, en la sede de Aten Provincial (Alcorta 863 de Neuquén Capital), a partir de las 10.30.
En tanto, familiares y amigos de otros jóvenes víctimas del accionar policial continúan reclamando justicia.
El Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón se concentrará este viernes 22, a las 8, en los murales de Otoño Uriarte y Coco Garrido de la Plaza Pagano, para viajar hasta el juzgado de Bariloche donde denunciarán la complicidad de los poderes del Estado.
Según explicaron, Martín Lozada, el juez que entiende en la causa por la muerte de Guillermo «Coco” Garrido, ocurrida el 13 de enero de 2011, pidió a funcionarios de la Policía de Salta la realización de un tercer peritaje, para el que envió material incompleto del expediente. Cabe recordar que Garrido, de 25 años, había sido detenido por la policía de Río Negro tras un accidente de tránsito, y tan solo una hora después se había ahorcado en el calabozo, según se le informó luego a su familia. Los resultados de los dos peritajes anteriores habían dado cuenta que era imposible que el joven se suicidara en el lugar donde se encontraba, lo que dejaba en evidencia que se estaba ante un asesinato.
«Una vez más los vecinos decidimos en la última marcha realizada convocarnos para denunciar esta maniobra que ampara a los verdaderos asesinos de Coco e intenta desviar las acusaciones hacia quienes supuestamente olvidaron sacarle el cinturón. A Guillermo «˜Coco»™ Garrido lo asesinó la policía el 13 de enero de 2011. Todos los policías que estaban en la comisaría son cómplices. Doce de ellos habían sido imputados por ser la guardia involucrada en el asesinato”, afirmaron desde el Colectivo a través de un comunicado.
La Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut también emitió un documento en reclamo de justicia. El martes 19 de noviembre se cumplieron dos meses de la muerte de Andrés Gastón «Ángelo” Vargas, de 25 años, que fue arrestado por una contravención en Trelew y también apareció ahorcado, en este caso en una celda de la Comisaría Nº2 de esa localidad.
Hasta el momento, la fiscalía maneja como principal hipótesis el suicido; sin embargo, quienes conocieron a Vargas aseguran que esta opción no es posible, había sido padre por segunda vez hacía poco tiempo y había accedido junto a su familia a un terreno en el Barrio Moreira. En ese sentido, desde la Comisión se preguntaron: «¿A qué conclusiones llegó la Policía Federal que intervino en la investigación de los hechos? ¿Dónde se encuentran reubicados el Comisario Luciano Yapileo y el Subcomisario Juan Carlos Jara? ¿Qué ocurrió con el personal de turno que «˜debía»™ custodiar a Ángelo? ¿Continúa ese personal en funciones, «˜cuidando»™, a otros detenidos en las Comisarías de Chubut?”.
Las mismas preguntas que surgen en la mayoría de los casos de gatillo fácil. ¿Los policías acusados continúan en funciones? ¿Lo hacen en la misma comisaría o fueron trasladados para pasar desapercibidos mientras algunos funcionarios judiciales miran para otro lado y dilatan las investigaciones?
Fuentes: Puerta E / 8300 web