«El Estado es cómplice de quienes explotan a la gente»
La muerte de seis personas que fallecieron calcinadas por un incendio en un taller textil (que a su vez funcionaba como vivienda) volvió a poner en el tapete no sólo la falta de controles por parte del gobierno de la Ciudad de Bs. As. sino también la precarización laboral y la forma de vida de los inmigrantes bolivianos en la Argentina. ANRed dialogó, entonces, con Guillermo Mamani, director del periódico Renacer, quien sostuvo que «hay un montón de irregularidades, no solamente el trabajo esclavo. También está la seguridad, cómo llegó esa gente ahí, el tema del DNI. Hay un montón de variantes de por qué se da esta situación». Asimismo, afirmó que «el boliviano tiene menos derechos que el argentino para la visión de los policías, del Estado y de la población. Uno encuentra testimonios en los que de pronto se dice ‘no es lo mismo uno que es extranjero’. Por eso puede prosperar este tipo de sistema: porque lo tolera la sociedad misma».
Durante la tarde del jueves 30 de marzo, un taller textil ubicado en Luis Viale 1269 (entre Fragata Sarmiento y Paysandú, Ciudad de Buenos Aires) ardía en llamas y seis personas de nacionalidad boliviana -4 de ellas menores- morían calcinadas.
Desde el 2001, la edificación de dos plantas de la calle Viale estaba habilitada como taller de bordado y otras actividades del rubro textil, a nombre de Jaime Geiler y Daniel Fischberg. Sin embargo, funcionaba como centro de producción y como vivienda, lo que constituye una primera irregularidad. Según informó la Unión de Trabajadores Costureros, en el taller de Luis Viale trabajaban 25 personas, quienes junto con sus familias conformaban un grupo de 50 personas. La jornada de trabajo era de 16 a 18 horas, sin descanso, y confeccionaban jeans para la firma JD a 0,80 centavos por prenda.
La Unión de Trabajadores Costureros detectó y denunció en octubre del año pasado la existencia de más de cien talleres, cuyas características generales son: falta de higiene, deficiencias habitacionales, no contar con seguridades mínimas o sistemas contra incendios, de ventilación o de extracción de aire, que termina siendo puro polvillo emergente del propio trabajo textil.
Muchos ciudadanos de origen boliviano llegan a la Argentina atraídos por avisos laborales en los que se les promete trabajo estable y salarios en dólares. Al suponer que podrán ahorrar cierta cantidad de dinero en un corto plazo, las personas no se preocupan por el tema de la documentación. Sin embargo, cuando arriban a nuestro país, el panorama es distinto: son explotados laboralmente en jornadas extenuantes y no se les reconoce ningún derecho laboral (salario digno, aguinaldo, jubilación, obra social, escolaridad, vacaciones).
«Los trabajadores se sienten sin salida»
En diálogo con ANRed, Guillermo Mamani, director de Renacer (periódico de la colectividad boliviana en la Argentina), relata que los avisos clasificados o radiales para traer gente salen en ambos países, «pero en Bolivia es notorio porque piden gente para trabajar, a la que le van a dar tanta plata y se encargan de llevarlos allá», afirma Mamani y agrega que «el aviso dice: ‘Se necesita gente joven, emprendedora, que quiera trabajar en la Argentina con un buen sueldo’. Y se les paga el pasaje. Y ahí hay toda una maquinaria entre la gente que los va a llevar. O sea, el tema de migraciones: ¿cómo hacen para llegar con toda esa gente? No hay control ni seguimiento, porque tampoco parece que hubiera habido interés. Ese es el problema. Y no llegan a ver este problema, esta desgracia social, hasta que pasan estas cosas. Y cuando pasan estas cosas, ven la desgracia social en el otro, pero parte por culpa de uno que existe esa situación y eso lo tenemos que ver todos».
El periodista señala que los talleres textiles están generalmente ubicados en el sudoeste de la capital y que «hay diferentes tipos: familiares; medianos; grandes, como el de la tragedia. La gente cobra por prenda, por trabajo, no por cantidad de horas». Y expone que «mucha gente, que vino en la época de la convertibilidad, le convenía trabajar en los talleres porque se cobraba por producción y ellos optaban por 6, 8 o 12 horas. A veces, el tiempo era una cuestión de elección de los que venían porque querían hacer dinero para mandar a sus familias. Este trato de empleador-empleado, durante la convertibilidad, no pasó a mayores problemas porque, si bien lamentablemente las personas trabajaban más horario del que debían, trabajar era como una elección en última instancia… Aunque sabemos que esto no es así: de alguna manera tenían que pagar su alquiler, la alimentación, y únicamente trabajando esa cantidad de horas podían llegar a ahorrar y sobrevivir en Buenos Aires».
Pero, como le sucedió a la mayoría de los trabajadores, tras la devaluación, el salario real cayó fuertemente. Por eso, «después de la convertibilidad, es otro el panorama. El sistema cambió, los salarios son más bajos y el tema de que cada uno de los talleristas por ahí traía gente, a la que le quitaban los documentos y los hacían trabajar en jornadas extenuantes», cuenta Guillermo.
En este sentido, asevera que «hay casos -que fueron sostenidos por personas explotadas- en que los talleristas arreglan con la policía. Les pagan coimas y se aseguran de cualquier tipo de denuncia por parte de los ‘esclavizados’. Si van a una comisaría, no sólo no prospera nada; es más, va a tener más problema porque el policía está con el tallerista que los explota. Los trabajadores se sienten sin salida». Esto mismo sucede con vecinos que realizan denuncias: «muchos vecinos sabían esta situación y hacían las denuncias pero no pasaba nada. Se silenciaba esta situación y se la permitía en última instancia. Y ahí hay mucha responsabilidad del Estado«, indica el director de Renacer.
Cabe destacar que Mamani reseña que «la historia de la colectividad con la policía es terrible. Se le tiene mucho miedo, sobre todo porque les piden documento. Hace poco tiempo pasó que la misma policía casi mata a un joven boliviano y lo tiró al riachuelo y eso no salió en ningún medio. Si ese muchacho hubiera estado muerto, nadie reclamaba. El boliviano tiene menos derechos que el argentino para la visión de los policías, del Estado y de la población. Uno encuentra testimonios en los que de pronto de dice ‘no es lo mismo uno que es extranjero’. Por eso puede prosperar este tipo de sistema: porque lo tolera la sociedad misma».
Con respecto a las condiciones de trabajo en cuanto a lo habitacional, Mamani afirma que «supuestamente tienen que tener controles. Supuestamente muchos no están en condiciones de funcionar porque no tienen las condiciones de seguridad, pero funcionan. Hay una parte de los talleres que sí funcionan en regla. Pero, como en el del caso que pasó, si bien estaba habilitado, no había un control periódico necesario. Si tienen un permiso del 2001, ¿qué pasó entre ese año y el 2006? ¿Estaba permitida la construcción de arriba? ¿Podía vivir gente? Si está legislado o no, hay que adecuar las normas a la situación real. Y si hay cosas que no están escritas, como el tema de la vivienda, hay que escribirlas. Porque sino quedan cuestiones que atentan contra la seguridad de vida».
«No tienen documentos y, por ende, tienen menos derechos»
Guillermo Mamani también explicó a ANRed el tema de la documentación de los ciudadanos bolivianos residentes en la Argentina. A pesar de que la Constitución Nacional establece en el artículo 20 que otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales, ningún gobierno asumió el problema de los llamados «inmigrantes ilegales», porque al ser indocumentados no figuran en censos.
«De estos casos, este es en particular desesperante porque no tienen documentos, y por ende tienen menos derechos. Lo que hace que estas personas también estén explotadas es que no tienen una documentación que les permita sobrevivir en Buenos Aires y cuando se encuentran en situaciones como estos casos, como el de la esclavitud, tienen pocas opciones de poder salir de ese círculo vicioso. El Estado no les da esa posibilidad. El Estado es en esta instancia cómplice de quienes explotan a la gente. Cuando digo Estado, me refiero al argentino y al boliviano, a la institución Estado. Los reclutan en Bolivia y poco hacen allá para llegar a una solución y poco hicieron acá… porque se llegó a estas muertes. Estas denuncias nosotros las venimos publicando en el periódico hace más de 5 años».
Por eso Guillermo señala que «hay un montón de irregularidades, no solamente el trabajo esclavo. También está la seguridad, cómo llegó esa gente ahí, el tema del DNI. Hay un montón de variantes de por qué se da esta situación. Hay algo más profundo. En el rubro textil, esta gente trabaja para un explotador, pero el que se beneficia es la empresa grande. Y de alguna manera el gobierno apaña esa situación al no permitirles tener el DNI. Muchos vienen en forma ilegal. Al tener el DNI sería diferente. Sería diferente el miedo».
«Hace poco hubo una visita de dos viceministros de Estado, que asumieron con Evo Morales. De alguna manera, uno de los rasgos interesante que hubo -y que ojalá que prospere y ojalá no quede en palabras- es que se comprometieron a que en la agenda esté el tema de los migrantes. Ningún gobierno anterior lo puso como tema a tratar con el gobierno argentino» -dice Mamani- «Es un punto que los dos gobiernos tendrán que charlar y más ante este situación. El gobierno boliviano está enterado de estas situaciones, el tema es cómo va a accionar en forma conjunta con el gobierno argentino, porque no hay otra forma de poder trabajar para encontrar soluciones ante los dramas sociales que viven los bolivianos con el tema de la explotación, de la discriminación y otros problemas ligados a la pobreza y al acceso al DNI, que acá en la Argentina -aunque todos opinen distinto- hace diferencia tener o no tener DNI».
«Ellos creen que si cuidan la seguridad de sus patrones están cuidando la propia»
El periodista también declaró que «hay una omisión por parte del gobierno boliviano, representado por el consulado. Dejó mucho que desear en los últimos años y ante estos casos se ve desbordado. Tampoco actúan de la manera que sería la ideal. Lo que pasa es que ellos responden a algún tipo de apoyo, que viene de más arriba, del gobierno boliviano. Tienen poco presupuesto y terminan actuando de mediadores, cuando su función no es mediar. Y de alguna manera sale favorecida la gente que tiene el poder económico, los patrones« -y continúa- «También hay muchos patrones que son bolivianos y van a mediar al consulado y arreglan por unos ‘mangos’ y es como si fueran curas haciendo la señal de la cruz. Parece que con eso está todo bien: arreglan y siguen. Esto viene hace un par de años. Nosotros lo criticamos y por eso no tenemos acceso a determinadas informaciones y hay gente dentro de la colectividad que está muy pegada al consulado y que trata de hacerle el caldo gordo a esta situación o trata de apoyarlo».
En este sentido, cuando ANRed se acercó a la Asociación Deportiva Altiplano (ADA, Gregorio de Laferrere 3300, Ciudad de Bs.As.) para dialogar sobre las condiciones laborales con los trabajadores del taller incendiado, distintas personas de la colectividad boliviana se acercaban y no permitían continuar las entrevistas y hacían hincapié en que «estaba todo bien» y que «lo de la explotación es una mentira».
Para Mamani, «el tema es que ellos (los trabajadores), para resguardar su seguridad, tratan de resguardar la seguridad de sus patrones. Ellos creen que si cuidan la seguridad de sus patrones están cuidando la propia. Y pueden llegar a decir cosas que en realidad no son así. A mí no me extrañaría de que estén haciendo algún lavado de cabeza. El sistema de la supuesta protección -porque supuestamente dan la pauta de que están protegiendo- en realidad está cubriendo determinadas situaciones de determinadas realidades. No sé cuál es el objetivo». Y añade que «ni el cónsul (Álvaro González Quint) ni el encargado de negocios (William Torres) -quienes se presentaron en ADA- se juntaron para hablar con ellos. Lo que quedó fue el tema del listado, de los subsidios, como para remediar, silenciar y poner el tema sobre ese lado«.
Con respecto al papel del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hoy encabezado por Jorge Telerman, Mamani afirma que «personalmente me preocupa el después. El gobierno de la Ciudad anuncia una caza de brujas: ‘vamos a buscar a todos los explotadores y los vamos a encerrar’. Cuando en realidad esto es producto de una situación económica que hace que alguna gente tome este tipo de medidas y que se vea favorecida por la estructura económica vigente. Esta gente que explota a otros necesita de cómplices directos e indirectos. Si no se desactiva esa coincidencia de intereses, poco vamos a solucionar con unas razzias en talleres de costuras, que es por lo que creo que apunta el Gobierno de la Ciudad, lamentablemente».
De hecho, al día siguiente del incendio en el taller de la calle Viale, el gobierno porteño clausuró otro taller de los mismos dueños, ubicado en Galicia 1241. «Al gobierno porteño, por un golpe de efecto, le conviene clausurar talleres de costura como para demostrar que están trabajando. Y esto es un problema de toda la sociedad, no solamente de los bolivianos y de las textiles», describe Mamani y agrega que «tiene que ver con un sistema de trabajo que se supone que se superó, que no puede existir, pero que existe a metros de la Casa Rosada. Esto es como las políticas represivas. Lo mismo con la discriminación. Por mandar preso al tipo no se encuentra la solución. Hay otras formas de llegar a soluciones a largo plazo pero más efectivas, que tienen que ver con el lado de la prevención y de la educación».
Por último, Guillermo Mamani indicó: «La gente está en un sistema carcelario y si salen están controlados por los patrones, que son de todo tipo: bolivianos, argentinos, coreanos… Nosotros sabemos que la cuestión va más allá de la nacionalidad, pero poca gente lo ve. Del lado argentino, de los medios, se hace hincapié en la explotación de los bolivianos. Pero este trabajo en negro lo hace el 45% de la población argentina».
Luciana (ANRed)
Para mayor información: www.renacerbol.com.ar