Culminó la tercer audiencia del Juicio Ético y Popular a las Corporaciones
El pasado jueves 24 de octubre en la estación Terminal Once del ferrocarril Sarmiento, continuó el Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en la ciudad de Buenos Aires, ante más de 300 personas y en su tercer audiencia pública y abierta, en esta oportunidad contra Roggio y Cirigliano. A estas empresas favorecidas por millonarios subsidios, los organismos convocantes los acusan por el mal uso de esos fondos y las posteriores muertes evitables, consecuencia de las desinversiones en mantenimiento y seguridad. Por corresponsal popular, para ANRed.
Entre sus argumentaciones, expusieron como desde 1991 a 2012 los subsidios se multiplicaron al triple, mientras que los kilómetros de vía se redujeron a menos del 33 %, y los trabajadores casi 6 veces, de 92 mil a 15 mil. Entre los argumentos que presentan destacan el favorecimiento de las empresas desde las privatizaciones, la precarización laboral, el mal servicio y los accidentes que resultaron en muertes de trabajadores y usuarios.
Como testigos declararon ante el tribunal representantes de organizaciones sociales, sindicales y familiares de la tragedia de Once. Los fiscales fueron Pablo Zisman, del Laboratorio de Políticas Públicas y Alejandro Bercovich, uno de los periodistas con más conocimiento sobre el problema del transporte ferroviario y sus desinversiones, que comentó anécdotas acerca de los lujos que los Cirigliano y sus familiares disfrutaron con los millonarios subsidios que debían ser destinados para los ferrocarriles. Bercovich ya había puesto en jaque al grupo empresario con su cobertura de la denuncia de trabajadores por la quema de documentación de TBA en un volquete de EMFER, empresa de Cirigliano con la que continúa cobrando subsidios por el mantenimiento de formaciones.
En representación del cuerpo de delegados de la fábrica asistieron Ezequiel Peralta y Pablo Barberán, que habló sobre la persecución judicial que sufren, con todos sus delegados con pedidos de desafuero, causas abiertas con penas que van de entre 8 a 25 años, como la misma denuncia de la quema de documentación que Cirigliano dio vuelta contra ellos. En su discurso denunció como la empresa fue reduciendo progresivamente el nivel de las refacciones, la compra de los trenes chinos que podrían haberse fabricado 100 por ciento en Argentina, y como sus proyectos fueron ignorados en cuanto ministerio fueron presentados. «Los trabajadores no tenemos la culpa de trabajar para Cirigliano” lamentó ante la continua negativa de estatizar totalmente el sistema ferroviario. También reclamó por la quita de las fábricas a Roggio, Romero, Taselli y Cirigliano, y el control por parte de los usuarios y trabajadores. «Hay que hacer revisiones sindicales también, o vamos a dejar que Pedraza controle los trenes?”, preguntó retóricamente llegando al final de su exposición.
Los trabajadores de EMFER habían marchado el miércoles 23 a los tribunales de San Martín junto a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, para apoyar al delegado Julián Radic que tenía audiencia indagatoria en una causa que Cirgliano levantó en su contra, por un corte de vías en protesta por la falta de pagos de sueldos en 2012. «Tenemos que apoyar y mostrar que estamos unidos” dice el delegado Ezequiel Peralta, «para que lo sepan y no les sea tan fácil avanzar contra nosotros”.
Entre los familiares de la tragedia de Once, brindaron su testimonio Adrián Martínez Moreira (militante de HIJOS Paraguay), que perdió a su novio, contando a los presentes algunos sueños y momentos que ya no podría compartir con su pareja, y un padre que ya no vería a su hijo, que empezaba a trabajar y vivir su vida adulta. La organización Autoconvocados por los trenes, que viene haciendo un relevamiento sobre el estado general de los ferrocarriles, en su exposición hizo hincapié en la falta de mantenimiento de vías y barreras y sus repercusiones directas en la seguridad. Su representante, Fernando Bruni, llevando el análisis a un grado de mayor profundidad, se preguntó sobre la naturalización de la negligencia de las autoridades, el maltrato de empresarios y la responsabilidad del gobierno teniendo que garantizar la vida, amenazada por la situación actual del transporte.
Las asociaciones de usuarios y trabajadores del ferrocarril reclaman una auditoría externa sobre el servicio, revisión de contratos, expropiación de talleres de Roggio, Romero y Cirigliano, medidas inmediatas para mejorar la seguridad y juicio a los responsables del deterioro del servicio y la malversación de subsidios. También crear un programa de asistencia a las víctimas, audiencias públicas y control de usuarios y trabajadores, reestatización de los ferrocarriles y la reapertura de la industria ferroviaria argentina.
Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, alentó a los participantes, «tienen que decir sus verdad, pese a quien le pese”. Como miembros del jurado del Tribunal Ético Popular estuvieron Liliana Daunes, locutora, periodista y activista feminista, y Nora Cortiñas, también de Madres Línea Fundadora, que habló sobre lo habitual que es viajar en tren para ella, incluso con cierto romanticismo recordó el ruido del pasar del tren como una música en su cabeza de cuando vivía en Caseros. Dijo que ella iba a un juicio justamente en la mañana del 22 de febrero de 2012, y no tomó el tren porque la pasaron a buscar en auto. En charlas con personas cercanas acerca de viajar en tren hoy en día comenta un interrogante común, «Cuando subís que sentís? Yo siento miedo.”
