08/10/2013

«Ahora a la Sala Alberdi sólo podés acceder si pagás»

SALA_1_-_TAPA.jpg Luego del violento desalojo que sufrieron los integrantes de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín el 13 de marzo de este año (que dejó el saldo de numerosos heridos de bala de goma y tres heridos de balas de plomo, que disparó la policía metropolitana), los cuatro procesados por la toma de dos meses del centro cultural tuvieron que presentarse a declarar en un tribunal, en lo que fue su primer audiencia. Afuera del edificio acompañaron organizaciones y otros integrantes de la Sala Alberdi, con un desayuno colectivo y una muestra fotográfica. Finalmente, la justicia decidió sobreseer a los cuatro precesados, por falta de pruebas que sostengan su imputación, según informó CADEP en un comunicado. Informe e imágenes: ANRed.


En el marco de un fuerte y exagerado operativo policial, que incluyó la movilización de tres móviles policiales y de al menos 40 oficiales, los integrantes de la sala, familiares de los cuatro procesados y diversas organizaciones tuvieron que sortear varias requisas y obstáculos para acercar su apoyo a quienes hoy debían declarar en la primer audiencia en la causa contra quienes ocuparon durante unos dos meses el hall de la calle Sarmiento del centro cultural.

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A pesar del esfuerzo que hicieron muchos tuvieron que conformarse con quedarse del otro lado de la valla, arengando y apoyando moralmente a quienes sí habían podido acceder a la entrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 (Tacuarí 138).

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«Tenemos cuatro compañeros procesados, que se los acusa de usurpación, hoy es la primer audiencia, que es para presentar pruebas, principalmente, y para ver cuáles son los argumentos de la acusación (…) La causa únicamente es por usurpación, no es por daño al espacio ni por haber robado nada, como difundieron varios emdios masivos», explicó Rodrigo, de la asamblea de la Sala Alberdi, en diálogo con ANRed.

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Con respecto a la reapertura de la Sala Alberdi que llevó a cabo el pasado viernes 27 de septiembre el gobierno porteño, con la paradójica exhibición de una obra teatral sobre la dictadura, Rodrigo fijó su posición sobre esta nueva etapa de la sala: «No es lo mismo, ellos hicieron varios de los arreglos y refacciones que nosotros ya proponíamos desde hace mucho. Pero el hecho es que en esa sala ahora todos los cursos van a ser pagos, y así se limita la posibilidad de que todos puedan acceder (…) Nosotros dábamos talleres a la gorra porque creemos que todos tienen el derecho natural – y no legal – de poder acceder a la cultura, el arte y la enseñanza, y acá sólo podés accedes si pagás».

Por su parte, Marcos, unos de los imputados por «usurpación» de la Sala Alberdi indicó a ANRed: «Pueden acusarnos de lo que sea, pero no tienen pruebas. No tienen ni fundamentos ni lógica para que nos estén acusando de haber dejado la sala en mal estado (…) Es netamente difamación y calumnias».

Con respecto a la reapertura de la sala también dio su opinión: «Refaccionaron pero rompieron todo lo que la sala era desde hace 20 años, un centro de aprendizaje y de trabajo artístico. La sala ahora es una vitrina artística. Pueden tener las herramientas más modernas, pero no es un semillero de artistas, no se enseña arte. Encima tienen la hipocresía de decir que es un espacio para los artistas independientes siendo que el gobierno de ciudad tiene la política de privatizar todo lo que se aun espacio de cultura autónomo o comunitario (…) La entrada cuesta 60 pesos, y nunca una entrada a la Sala Alberdi había costado eso». Entre los aspectos positivos que rescata al hacer un balance del proceso de la sala, Marcos rescata el acercamiento a otros colectivos: «se acercaron muchos otros espacios, con las mismas características y problemáticas. Nosotros también nos solidarizamos y difundimos los conflictos que tienen que ver no sólo con la Sala Alberdi. Es una construcción diaria.»

Finalmente, al salir del juzgado, los procesados y su abogado informaron a los presentes que la causa se elevó a cámara, porque la fiscal a cargo, de apellido Varsia, así lo solicitó porque no está de acuerdo con los argumentos del juez que tuvo la causa inicialmente y que la caratuló como «protesta social», con lo cual, según el criterio de la fiscal, es imposible imputar a los acusados.

La actividad contó, además, con el apoyo de algunos delegados de la Línea 60 – MONSA, quienes también tuvieron cita (aunque más temprano, desde las 8) en los mismos tribunales por una causa contravencional que les abrieron por realizar un corte de calles en el marco de un conflicto gremial con la empresa por precarias condiciones de trabajo y persecusión a la organización sindical dentro de la línea.

Cabe recordar que en el violento desalojo de la sala que llevó adelante la policía metropolitana el 13 de marzo de este año (causa cuya querella impulsan de manera conjunta CORREPI, CADEP y COPODH), dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron baleados con balas de plomo, heridas que se milagro no resultaron de gravedad, al no haber afectado arterias importantes.

En declaraciones a radio La Retaguardia, la abogada María del Caérmen Verdú, de CORREPI, especificó: «se había encargado a Gendarmería una pericia bastante compleja sobre las imágenes obtenidas de los distintos medios que filmaron y fotografiaron el ataque, y hay que destacar la importancia del sitio web de la RNMA y de aquella conferencia de prensa que hicimos en el Hotel Bauen, donde presentamos este material en crudo y después editado con las distintas cámaras compañeras y calculando los distintos ángulos, el instante en que los compañeros fueron heridos. Resulta ser que el fiscal tuvo la curiosidad de meterse en la página de la RNMA, vio ese material y ahora nos pidió que se lo alcancemos. Nosotros ya habíamos aportado las cámaras que teníamos en nuestro poder, pero ahora nos pidieron que también aportemos la totalidad de ese material en bruto y editado para que Gendarmería pueda también trabajar sobre esas imágenes”.

La letrada aclaró que en estos casos se debe estar encima de los fiscales, y destacó que en esta causa el control estricto del expediente está dando resultados por lo menos en términos de que la fiscalía está trabajando: «después veremos qué es lo que concluye Gendarmería y hasta dónde nos permite llegar porque allí tenemos un problema que va a ser bastante insalvable. Es el mismo que hemos enfrentado por ejemplo en la causa del 20 de diciembre en relación a nuestro compañero Carlos Petete Almirón. El único proyectil que tenemos recuperado ha sido sometido a pericias balísticas y no es un proyectil único, es decir no es una bala completa de un arma que permita por el estriado del cañón que queda marcado en el cuerpo del proyectil identificar el proyectil con el arma que lo disparó, sino que es una posta contenida en un cartucho de proyectil múltiple; lo que significa que al no tener el cartucho donde esa posta estaba contenida no podemos unirlo a un arma en particular, porque en las armas de ánima lisa como las escopetas lo que permite la identificación es la marca de la aguja percutora que queda en el culote del cartucho, pero las postas que van adentro no tocan nunca el arma, por lo que identificar al autor material del disparo, al individuo, se va a complicar. De todas maneras, con todas estas medidas de prueba estamos absolutamente seguros que tenemos identificado el grupo del personal de las fuerzas especiales de la Policía Metropolitana desde donde salió el disparo”, finalizó María del Carmen Verdú.



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