«No se puede explicar legalmente un crimen ambiental”
Vecinos y organizaciones sociales, encabezadas por la asamblea «No a la entrega de la costa” exigen mayor participación de la población ante un proyecto de fuerte impacto ambiental. Entrevista de El Caminante con sus integrantes explicando cuales son los reclamos concretos. Por Florencia Bargellini.
El pasado 10 de septiembre, vecinos y organizaciones sociales se hicieron presentes en la sesión de Honorable Concejo Deliberante de Quilmes. No fueron bien recibidos por los ediles locales por lo que el comienzo de la sesión fue interrumpido por gritos de ambos lados y por insultos y agravios de los concejales y miembros del municipio hacia quienes se manifestaban. «Nos vimos obligados a levantar la voz porque es la única manera de hacernos escuchar ya que se nos niega el derecho a la participación en las decisiones”, dijo a El Caminante un miembro de «No a la Entrega de la Costa”.
Se exigen dos cuestiones: la anulación del convenio firmado entre el municipio y la corporación Antiguo Puerto Madero S.A. el 27 de diciembre del 2012 y, por otro lado, la anulación de la ordenanza votada en la sesión del 27 de agosto pasado en el HCD. Este último es un Convenio Marco que autoriza al Ejecutivo a suscribir los convenios particulares a través de sucesivos anexos derivado del presente Convenio Marco. Es decir, cada vez que se haga un acuerdo no es necesario que pase por el Concejo Deliberante ya que se establece que las decisiones serán tomadas por el ejecutivo de la corporación junto al ejecutivo municipal. Leopoldo, miembro de la asamblea «No a la Entrega de la Costa” explicó que «a partir de este convenio se garantiza que no habrá difusión de los acuerdos entre la empresa y el municipio a menos que ambas partes firmen una autorización escrita. Esto es un claro ninguneo de las personas que venimos estudiando este tema desde hace más de diez años y luchando para que no destruyan nuestra reserva natural. Se trata de un abuso de autoridad. La sociedad va a enterarse de las obras que se inicien una vez que todo esté en marcha, sin posibilidad de opinar”.
Los vecinos denuncian que los concejales votaron sin siquiera conocer el contenido del convenio y que se firmó a espaldas de la sociedad. Afirman que fueron reiteradas las veces que reclamaron el acceso a la información que, dicen, «debería ser púbica”. Como recurso iniciaron un expediente el 7 de agosto haciendo mención a la ley 25.831. Pero recién el 27 de agosto los vecinos consiguieron la ordenanza, después de solicitársela al concejal Bufone, siendo éste uno de los pocos que tenía conocimiento sobre su contenido por participar en una de las comisiones por las que pasó y se discutió el convenio. Los vecinos denuncian que «los concejales votan sin saber, ni haber leído las ordenanzas. Otros concejales no tenían la ordenanza y nos solicitaron una copia”.
Luego de lo ocurrido el 10 de septiembre, al finalizar la sesión, los vecinos fueron llamados a una reunión con José Migliaccio, presidente del HCD, y representantes de otros bloques. Se tomó el compromiso de averiguar quién es la persona por parte del municipio que está al frente del convenio y de mediar en la relación entre la corporación y la sociedad civil (tal como está escrito en papeles) dado que en ese momento aseguraron que era alguien de otra dependencia y que no tenían conocimiento aún.
Los asambleístas señalaron que a este medio que «nos llevamos un montón de imprecisiones. Salimos con la certeza de que tenemos que seguir haciendo marca personal para que no nos duerman de nuevo con otras decisiones en el futuro. Además señaló no hay una definición real sobre qué pasa con la información pública que se pide. No hay un compromiso real de trabajar mano a mano con la ciudadanía ni de controlar las decisiones de la corporación o los convenios anexos que se puedan firmar en el futuro”.
Por último, los activistas que vienen informándose de los detalles de este tema complejo aseguran que «se trata de un crimen ambiental, que no se puede tratar de explicar en el marco de la ley”. Lo que se argumenta es que se está violando la Ley de presupuesto mínimo para la protección de bosques nativos N°26.331. En este sentido, Leopoldo explica: «a partir de este recurso se debería garantizar que hasta que no se haga el ordenamiento territorial con talleres participativos y la corrección desde las organizaciones sociales no se puede tocar el suelo porque está cubierto por la medida. Eso el municipio lo desconoce y avanza con planes para desmontar el bosque”.
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