Crónicas del juicio por Walter Bulacio
La tercera jornada (lunes 30 de septiembre) empezó con la declaración testimonial del abogado y comisario general de la PFA Silvio Latanzio, que fue citado por la fiscalía y la defensa porque antes de su retiro, en 2001, fue Director de Asuntos Jurídicos, y contestó algunos oficios requeridos a la policía sobre el famoso Memo 40, la disposición policial que derogaba la ley de menores. Diario del juicio por Walter Bulacio
DÃA 3 «“ 30 DE SEPTIEMBRE
La tercera jornada empezó con la declaración testimonial del abogado y comisario general de la PFA Silvio Latanzio, que fue citado por la fiscalía y la defensa porque antes de su retiro, en 2001, fue Director de Asuntos Jurídicos, y contestó algunos oficios requeridos a la policía sobre el famoso Memo 40, la disposición policial que derogaba la ley de menores.
Contó que, de acuerdo a lo que recordaba, el Memo 40 era una forma de «agilizar la entrega a sus padres de menores encontrados en peligro para su salud física o moral, por ejemplo si un comerciante inescrupuloso les estaba expendiendo bebidas alcohólicas, o si eran chicas en riesgo de ser abusadas por mayores”. Claramente un situación bien distinta a la de Walter y los demás pibes, que no estaban en ninguna situación de peligro para su salud física o moral hasta que fueron detenidos y llevados a la comisaría. «Me imagino que sigue siendo igual”, dijo sin que nadie le preguntara. Y vaya si tiene razón. centenares de miles de pibes son detenidos sin causa alguna por año, y sin que ningún juez se entere que están en una comisaría, salvo que, como a Walter, los maten.
Después, el comisario general se dedicó a mandar preso a Espósito. «Ningún policía está facultado a desoír una instrucción judicial ni es el exégeta de una instrucción judicial», contestó cuando se le preguntó qué pasaba si una orden del día o un memorando policial decía una cosa, pero el juez de turno había ordenado otra, como en el caso, ya que el juez de turno, Dr. Luis Caimmi, exigía que lo consultaran sin excepción cuando había un menor en comisaría. También dijo, rotundamente, que las órdenes del día son comunicaciones internas policiales; que un memorandum sólo tiene el valor de una nota, y que en todos los casos su jerarquía es inferior a cualquier orden judicial o ley.
La socarrona sonrisa que enarbola a diario el defensor del comisario Espósito se fue convirtiendo en mueca, a medida que seguían cayendo las respuestas: «Lo primero que se debe hacer es avisar a los padres. De inmediato, sin demora. Si en un lapso razonable, no más de tres o cuatro horas, no aparecen, hay que consultar al juez, porque no hay razón para que un chico permanezca en una comisaría, no es lugar para él. Si no hay teléfono, se avisa por telegrama y por teléfono a la comisaría más cercana al domicilio para que les vayan a avisar, sea de Capital o de la provincia. Si un menor se descompone en una comisaría hay que llamar un médico y al juez, y si hay que internarlo hay que informar de inmediato al juez”. En resumen, una declaración contundente para probar que el comisario Espósito ni siquiera cumplió con la normativa policial en cuya aplicación se amparó.
Completó la derrota del día para la defensa la Dra. Virginia Lourenco, secretaria de un juzgado de menores ahora, y que tenía el mismo cargo en 1991, precisamente en el denominado «Letra L”, que estaba de turno la noche del 19 de abril. De entrada, nomás, disparó: «Yo no conocía el Memo 40, me enteré que existía cuando el caso Bulacio lo hizo público. Estoy casi segura que mi juez tampoco lo conocía. Nosotros en esa época recibíamos unas 100 consultas diarias de comisarías. La orden del juzgado era que, menor con el que tuviera contacto la policía, por cualquier causa, lo tenían que comunicar inmediatamente al juzgado”.
En un intento de desvirtuar esas palabras, llegó Luis Juan Torres, que era secretario del otro juzgado de menores de los «™90, el «Letra O”, cuyo juez, Marcelo Arias, había girado unas «instrucciones” a las comisarías ordenando que sólo se hicieran consultas en horario hábil; fuera de ese horario, «sólo cuando fuere estrictamente necesario y abstenerse de consultar de 23:00 a 07:00, salvo casos de urgencia que no admitan demora”. El anciano ex secretario, largamente jubilado, no se acordaba de eso, ni del Reglamento para la Justicia Criminal y Correccional, ni de la ley de menores 10.903. Sí se acordaba del Memo 40, aunque, dijo «nunca lo leí, porque no era de mi incumbencia». Y siguió hablando de cuestiones ajenas al juicio, como un homicidio, en 1954, que causó impacto porque el homicida desmembró el cadáver y desperdigó las partes en distintos lugares de la ciudad»¦
Allí hubiera terminado la audiencia, pero el tribunal necesitó unos minutos más para informar a las partes que el defensor del comisario, Pablo Argibay Molina, había presentado un escrito denunciando «hechos nuevos” y pidiendo nuevas medidas de prueba. Acompañó un recorte de un diario de hoy con el «comunicado” en el cual el cantante Carlos «Indio” Solari afirma que siempre tuvo presente a Walter; y un video de declaraciones televisivas de la compañera María del Carmen Verdú, en el que los periodistas la interrogan sobre la denuncia que el propio abogado defensor hizo contra ella hace unos años, acusándola de haber «extorsionado primero, y negociado después” con el ex presidente Eduardo Duhalde y su ministro de seguridad Juan José Álvarez para que reconocieran los hechos y la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter, a cambio de no impulsar la causa en contra de los funcionarios por la represión de Puente Pueyrredón y el asesinato de Maxi y Darío. Es que, en 2007, el inefable defensor escribió textualmente: ”la prueba de esa extorsión y posterior acuerdo CORREPI-Presidente Duhalde es que el acto formal de reconocimiento del estado, con la firma del acta que suscribió el ministro Juan José Álvarez, fue celebrado el 26 de febrero de 2003, es decir, un día 26, aniversario de la muerte de los piqueteros”. Ahora, inaugura una nueva línea de defensa, argumentando que «Si no hubiera sido así, no estaríamos acá” y que «Por algo Duhalde y Álvarez se escaparon de este tema”. Desopilante, si no estuviéramos hablando de los asesinados por el aparato represivo estatal, del que su defendido formaba parte.
DÃA 2 «“ 26 DE SEPTIEMBRE
En esta segunda audiencia estaba prevista la declaración de varios policías, entre ellos los dos oficiales de la comisaría 35ª que, en la madrugada del domingo 21 de abril de 1991, hicieron firmar a Víctor Bulacio un acta en la que dejaban constancia que «en ese acto le hacían entrega del menor”, cuando el pibe estaba en la unidad de terapia intensiva del hospital Pirovano desde hacía más de 13 horas. También estaban citados el ex jefe de la PFA Jorge Passero y el ex subcomisario de la 35ª Alberto Muiños, además del ex camarista criminal Carlos Elbert, autor de la revocación de la prisión preventiva y del sobreseimiento de Espósito en 1992, lo que fue revertido dos años después gracias al recurso de queja ante la Corte Suprema interpuesto por la querella.
Al inicio de la audiencia, los compañeros de CORREPI que representan a la mamá de Walter anticiparon que no formularían preguntas a los policías que estuvieron imputados por distintos delitos en esta causa, y que deberían estar sentados junto a Espósito como acusados.
El primero en llegar fue Juan Antonio Tossi, que era oficial principal en 1991, pero se retiró como subcomisario en 1998, uno de los que intervino en la fraguada «entrega” de Walter a su papá. El hombre llegó rengueando, y explicó que hace poco, haciendo unos arreglos, se cayó del techo de su casa, en Mar del Plata.
Cuando el fiscal le pidió que relatara lo que recordase de su paso por la comisaría 35ª y en particular su intervención en relación a Walter, dijo: «No sé por qué me citaron acá, no tengo presente la situación. Mis recuerdos de mi actividad anterior son muy vagos, no recuerdo nada de mi carrera. No puedo precisar la razón, no sé si es por la caída del techo de la casa, por el paso del tiempo, o por las migrañas que sufro. Como no soy facultativo no puedo determinarlo. Cada vez me pasa más a menudo. Recuerdo algo de haber estado en la comisaría 35ª, pero no sé quién es Bulacio”.
El fiscal y los jueces hicieron un esfuerzo por interrogarlo, pero rápidamente desistieron, y pasamos al siguiente, el comisario inspector Ricardo Liseri, también retirado, que era el otro oficial principal de la 35ª, y fue el jefe de servicio el 20 de abril desde media tarde.
Contó que el jefe de servicio del turno anterior le informó que «el día anterior habían concurrido menores a la dependencia, y uno de ellos había sufrido un desmayo, por lo que estaba en un nosocomio de la zona, y ya se había localizado a sus familiares”.
«¿Qué quiere decir que habían «˜concurrido»™ a la comisaría?”, preguntó el fiscal Fornaciari. «Bueno, estaban demorados porque se encontraban alejados de la vista de los padres, eso era una contravención”, contestó el comisario mayor. Tras un largo interrogatorio por parte del fiscal sobre el modo de proceder en caso de chicos detenidos de menos de 18 años, que dejó claro que cada policía interpreta las normas y actúa como se le ocurre sin que nadie «“ni sus superiores, ni los jueces ni el poder político- lo objete, lo que empezó a quedar en evidencia fue el susto que tenía el testigo, que empezó a eludir respuestas concretas a medida que las preguntas se acercaban más y más a los temas sensibles de la causa.
Insistió una y otra vez en que ya habían localizado a la familia de Walter cuando él llegó a la comisaría, y se lavó las manos olímpicamente, jurando y recontra jurando que no tuvo contacto con el padre ni la madre de Walter, cuando consta en los libros de la comisaría que fue uno de los que los atendió.
El tercero fue el hoy comisario mayor retirado Alberto César Muiños, ex subcomisario de la 35ª y abogado. Contó su intervención como jefe del dispositivo organizado en Obras, que supervisó desde el primer piso del club, lugar que dejó cuando el comisario Espósito lo mandó llamar en el momento en que detenía a los clientes del bar Heraldo Yes, enfrente del estadio. Dijo que no sabía por qué se detuvo a esas personas, que estaban dentro de la confitería sentados a las mesas, porque «cuando llegué ya estaban detenidos, y yo no le puedo preguntar a mi superior”, aunque supuso que fue «para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, para que no llegaran alcoholizados al recital, porque el año anterior con ese grupo fue un lío”. Vale recordar que los detenidos en el bar eran todos mayores de edad, y en ningún caso se hizo test de alcoholimetría ni se labraron actuaciones contravencionales.
A continuación, no hubo forma de sacarle mucho más. «Volví a la comisaría, recogí mis partencias y me fui”. Hubo, sin embargo algunas perlitas. Por ejemplo, cuando los jueces intentaron que explicara el criterio con que se hicieron las detenciones, puso como ejemplo «un hombre grande, que no condecía con la edad del público de la banda, seguro que andaba vendiendo drogas” y explicó que es habitual «remitir a la comisaría a un chico si está pidiendo limosna o abriendo puertas de taxis”.
Curiosa fue la presencia del ex camarista de la Sala VIª del crimen Carlos Elbert, que vino como testigo de la defensa, pero, cuando dijo que no supo nunca del Memo 40 hasta que le llegó esta causa, terminó discutiendo con el abogado de Espósito. «Yo creía que Ud. me citó para ayudar en la defensa, pero me está haciendo cargos como si fuera el fiscal”, se quejó el Dr. Elbert. El Dr. Argibay Molina respondió algo de una «conspiración judicial” contra el pobre comisario y no hizo más preguntas.
El cierre de la audiencia estuvo a cargo de uno de los principales imputados por la querella en la causa, el ex jefe de la PFA, Comisario General retirado Jorge Luis Passero. De entrada se quiso despegar: «Conozco a Espósito sólo de vista y de nombre”. Después, contó una de cowboys, que según él fue la información que recibió de sus ayudantes: «Había un recital de rock, se colmó la capacidad del club Obras y no permitieron más la entrada. Hubo bullicio y protestas, lo que trajo aparejado que los vecinos llamaran a la comisaría porque molestaban. Uno de los oficiales jefes de la 35ª se constituyó en el lugar y los invitó a que se retiraran, una parte acató, otra parte no, por eso se ordenó la remisión de todos a la comisaría. Después, cuando estaba en una sala conversando con otro chico que no sé si se conocían de antes o se habían hecho amigos ahí, Bulacio se desmayó y se cayó, por eso pidieron médico y lo internaron”.
El malambo empezó con las preguntas del fiscal Fornaciari sobre el Memo 106, que el 2 de mayo de 1991, es decir, a menos de una semana de la muerte de Walter, dictó el propio Passero, donde se refirió a «algunos de los errores más comunes” cometidos por la policía en el trato de menores y admitió que el «mal llamado” libro Memo 40 era para otro tipo de situaciones, como el hallazgo de cosas perdidas. El ex comisario general perdió por completo la memoria cuando le leyeron un párrafo de este memorando de su autoría, que decía que «excepcionalmente el jefe de la dependencia podrá disponer la intervención oficiosa, siempre que no se presuponga la situación de abandono o desamparo del menor y no exista una necesidad real y objetiva de sustanciar actuaciones”. Es decir, lo mismo que el Memo 40, pero redactado más confuso.
Él también quiso resolver la falta de explicación con un ejemplo, y dijo que el Memo 40 se aplicaba, por ejemplo, «si un pibe de 15 años se perdía, y recurría a la comisaría porque no sabía cómo volver a su casa”. Pero resulta que Walter no se metió solito a la comisaría, para que le dijeran qué se tomaba para volver a Bonzi»¦
El juicio sigue el próximo lunes 30, a las 11 de la mañana, con más ¿declaraciones? de funcionarios policiales y judiciales.
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