Colombia: Paro nacional avanza con denuncias de violaciones de derechos humanos
El segundo día del Paro Agrario y Nacional en Colombia avanza con bloqueos y marchas en todo el país y con denuncias de represión violenta por parte de las fuerzas gubernamentales. Desde este lunes, 19 de agosto, campesinos, camioneros, mineros, estudiantes, profesores, indígenas, entre otros trabajadores y trabajadoras, ocupan las calles para protestar contra las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por Benedito Teixeira – Adital
Aproximadamente 30 entidades de los movimientos sociales organizados participan del Paro. Ellas afirman que el Ejército y la Policía Nacional están reprimiendo con violencia a los manifestantes, lo que ya produjo por lo menos una persona muerta, en el Departamento de Boyacá, y decenas de manifestantes presos y procesados en otros departamentos.
Este martes 20, las centrales sindicales y demás organizaciones sociales y políticas convocaron a los colombianos a la realización de marchas y concentraciones en varias ciudades, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Ya se iniciaron protestas en las localidades de Nariño, Santander, Cauca, Huila, Boyacá, Norte de Santander y Sur de Bolívar.
La Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas se muestra preocupada por la represión. Diana Nocua, representante de la Comisión, informó a la prensa que, en vísperas del Paro, hubo amenazas de muerte y estigmatizaciones en contra de los manifestantes por parte de la Fuerza Pública. «Tenemos información de que, en los departamentos de Meta y Huila, la Policía está planeando la posibilidad de dar recompensas de hasta 10 millones de pesos para que se identifique a los líderes que están organizando la movilización”, afirmó.
Durante el primer día de Paro, los resultados preliminares en relación con los derechos humanos no son muy alentadores. De acuerdo con la Comisión, entre otros casos, hubo heridas por arma de fuego y detención de 50 personas en el Valle del Cauca; en Boyacá, hubo confiscación de cinco ómnibus con manifestantes y 12 heridos por policías; en Córdoba, también se registraron confiscaciones de ómnibus que transportaban campesinos; medios de comunicación habrían intimidado a los manifestantes en Cundinamarca; líderes de movimientos fueron detenidos y la infiltración de agentes oficiales entre los manifestantes fueron descubiertas en Santander.
La Comisión de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social, la Marcha Patriótica, las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya solicitaron al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, así como al comandante de las Fuerzas Militares, y a los demás comandantes, que los derechos humanos de los manifestantes sean garantizados en el marco del derecho a la protesta social, permitiendo la libre movilización de los manifestantes.
La pretensión de los organizadores es que la duración del Paro Nacional sea indefinida hasta que las autoridades decidan constituir una mesa con el propósito de que se definan salidas consensuadas para la situación de «miseria y abandono” en que se encuentran los sectores productivos, especialmente después de la implementación de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el caso de los camioneros, ellos demandan la revisión de los precios de la gasolina, el cumplimiento por parte del gobierno de acuerdos y convenios realizados con el sector de transporte, la descentralización de la Superintendencia de Puertos y Transportes y la restricción para la entrada al país por la frontera ecuatoriana de vehículos de carga.
El sector agrario, entre caficultores, criadores de ganado y arroceros, piden la implementación de medidas para contener la crisis de la producción agropecuaria, la participación de las comunidades y de los pequeños mineros en la formulación de las políticas de minería, garantías reales para el ejercicio de derechos políticos de la población rural; e inversión en salud, educación, vivienda, servicios públicos y caminos para las poblaciones rurales y urbanas.
El Movimiento por la Dignidad, que reúne a cerca de 5 millones de campesinos, miles de mineros, 87 etnias indígenas y 4 millones de afro-colombianos, denuncia el olvido histórico y el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno; y exigen mejoras en las condiciones del campo, acceso a la propiedad de la tierra y el reconocimiento de los territorios de los campesinos.
En la salud, cerca de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector repudian la aprobación de leyes que amplían el negocio de las empresas gestoras de salud; denuncian la falta de medicamentos y la baja calidad de la infraestructura de salud; el gobierno estaría hace ya 36 meses sin pagar a los proveedores, con una deuda que alcanza a millones de dólares; denuncian además fraudes en los contratos y poco empeño para investigar y castigar los casos de corrupción. Los manifestantes quieren además que se suspenda el Proyecto de Ley de Reforma de la Salud, que se profundicen los debates sobre políticas de extracción minero-energéticas y sobre la erradicación de los cultivos ilícitos.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com