18/08/2013

La «seguridad” que nos propone Massa

TAPA-119.jpg Si algo viene faltando en las campañas electorales de los últimos 20 años, son propuestas concretas de muchos de los candidatos. Y, cuando se les cae alguna idea, por lo general no resiste el menor análisis. Las pseudopropuestas del triunfante candidato a diputado nacional por el Frente Renovador Sergio Massa, en materia de seguridad no escapan a este axioma de la política argentina. Por Darío Schapochnik para Red Eco Alternativo.


(Darío Schapochnik para Red Eco) Buenos Aires

En una campaña electoral tan mediocre como las anteriores, los votantes asistimos impávidos a un desfile de frases de sobrecitos de azúcar, y a la infaltable imagen del candidato abrazando a un viejito o alzando a un bebé.

Tanta ternura no impidió que el precandidato con mejor imagen, el Intendente de Tigre Sergio Tomás Massa, planteara sus propuestas en materia de seguridad.

Así, pudimos escuchar que impulsaría la «perpetua para los narcotraficantes”. Cualquiera que tenga más de 30 años, recordará que en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en 1989, el entonces candidato Carlos Saúl Menem proponía la pena de muerte para estos mismos casos.

Esta propuesta parte de varios supuestos de dudosa veracidad: que la droga es uno de los mayores problemas que tiene el país; que la solución a este problema pasa exclusivamente por la justicia penal; y que, endureciendo las penas, disminuyen los delitos.

Al primer supuesto lo desmiente el Informe Mundial sobre las Drogas 2013, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Allí, se da cuenta de que en 2011 el número de muertes relacionadas con las drogas se estimó, en todo el mundo, en 211.000. Una regla de tres simple nos indica que, en Argentina, habrían fallecido por esta causa 1.200 personas, infinitamente menos que las 96.000 que murieron por enfermedades del sistema circulatorio, las 61.000 que fallecieron a causas de tumores, las 50.000 que murieron por enfermedades del sistema respiratorio, las 15.000 que fallecieron por causas externas como los accidentes de tránsito, el ahogamiento, el suicidio, y las agresiones; y las 15.000 que perdieron sus vidas por enfermedades infecciosas y parasitarias.

El segundo supuesto cae por su propio peso: el Informe Mundial sobre las Drogas 2013, denuncia que sigue existiendo una importante laguna en la prestación de servicios de tratamiento de la drogadependencia, al punto tal de que tan solo uno de cada seis consumidores de drogas problemáticas había recibido tratamiento durante el año precedente. En otras palabras: los escasos recursos humanos y económicos se usan para criminalizar a la producción, distribución y comercio de drogas, pero no para brindar tratamiento a los adictos.

El tercer supuesto nos trae a la memoria la campaña de Juan Carlos Blumberg de 2004 para endurecer las penas a varios delitos, sin que eso se haya traducido en una disminución en su cantidad. Lo único que se consiguió es darle más poder a la policía para armar causas.

Además, como se denuncia en el documento «Más derechos, más seguridad” (elaborado por las Universidades de Lanús, del Litoral, de Quilmes, de Rosario y de San Martín; la CTA, el CELS, Red Solidaria y otras organizaciones), este supuesto se funda en la idea de que la inseguridad constituye una fuerza a la que se debe oponer una fuerza superior en intensidad y contraria en sentido. Esta segunda fuerza, la del aparato represivo estatal, anularía la fuerza del delito. Esta imagen cuantitativa no es capaz de dar cuenta ni de los derechos involucrados, ni de la eficiencia requerida, dos puntos claves para el gobierno de la seguridad. En primer lugar, no da cuenta de los derechos dado que estos son percibidos básicamente como obstáculos al incremento de la violencia estatal, en lugar de ser entendidos como el bien a proteger por las políticas de seguridad. En segundo lugar, no da cuenta de la eficiencia requerida, pues los reiterados fracasos de estas políticas son paradójicamente utilizados para evaluar como insuficiente la fuerza aplicada y, consecuentemente, solicitar aumentos mayores, en una espiral incremental irresponsable que nunca rinde cuenta de los resultados obtenidos.

Otras propuestas son directamente descabelladas: cámaras de seguridad en los municipios, o policías municipales. Evidentemente, al candidato Massa no le explicaron que él, como Diputado de la Nación, no puede tener injerencia en las políticas de seguridad provinciales o municipales.

Instalar cámaras depende pura y exclusivamente de cada Municipio, de su presupuesto, y de sus necesidades en materia de seguridad. Por otra parte, la presencia de cámaras puede llegar a ser un factor disuasivo, pero su principal función es coadyuvar al esclarecimiento de delitos ya cometidos.

Respecto de la creación de policías municipales, en la Provincia de Buenos Aires ya existen desde 2006 las «Policías de Seguridad Comunal”, que dependen funcionalmente de los Intendentes de los Municipios del interior que tengan menos de 70.000 habitantes. En estos casos, los Intendentes diseñan las políticas preventivas y las acciones estratégicas de la Policía de Seguridad Comunal, y el Jefe de la Policía Comunal debe cumplirlas.

Finalmente, crear estas policías depende de la decisión que tomen las Provincias, por medio de sus legislaturas. Además: ¿quién se sentiría seguro con una policía que dependa de intendentes como Cariglino, Curto, Ishii, u Othacéhe?



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