Criminalidad de uniforme en tres actos

Tres hechos diferentes, en tres lugares distintos, que muestran quiénes son los que protagonizan la criminalidad cotidiana, y, de paso, ponen en evidencia que no es lo mismo, para un fiscal, balear un pibe en un barrio que robar un auto, incluso si sos policía. Por CORREPI

Criminalidad de uniforme en tres actos

Primer acto: El 25 de julio, Juan José Vallejo, un productor agrícola chaqueño, viajaba por una ruta tucumana en su camioneta Toyota Hilux junto a su hija de 16 años y un amigo paraguayo. En una rotonda, los detuvo un auto sin identificación, con policías de civil. Con el argumento de una mala maniobra, secuestraron el vehículo y los detuvieron.

En la comisaría de Yerbabuena, los separaron. A Vallejo le informaron que si no pagaba $30.000, le iniciarían una causa a él y su amigo, y entregarían la nena a una red de trata para la prostitución. Aterrado, más aún cuando oía llorar a su hija en otra habitación, y veía que los demás policías uniformados pasaban por su lado como si el cuadro fuera lo más normal del mundo (cosa que así era), el hombre aceptó comunicarse con su familia para que juntaran el dinero y se lo giraran.

A la mañana siguiente, Vallejo, escoltado por policías de civil, intentó retirar el dinero de dos oficinas de la empresa por la que le giraron la plata, pero el monto era mayor que las reservas que tenían, por lo que secuestrado y secuestradores terminaron en un banco. Allí, Vallejo se las arregló para susurrar al cajero lo que estaba pasando, sin decir que sus captores eran policías. El empleado del banco avisó a sus superiores con discreción, e intervino la custodia del banco, que los detuvo y dio aviso a la fiscalía de turno. Todo terminó con 27 policías de la Brigada de Investigaciones Norte presos, y el jefe de la policía provincial autofelicitándose porque los poliextorsionadores fueron detenidos por otros policías»¦ que no sabían de quiénes se trataba, claro.

Segundo acto: Hace más de 15 días, Alcides Díaz Gorgorio, oficial de prefectura que cumplía funciones en la comisión de enlace con las fuerzas de la secretaría de Seguridad, ingresó al domicilio del candidato peronista no kirchnerista Sergio Massa, en un coqueto e híper seguro barrio privado de Tigre. Disparó contra una cámara de seguridad con una pistola calibre 22 con silenciador, y robó una caja fuerte que contenía pesos, dólares, joyas y dos pen drives (nada más normal que guardar pen drives en la caja fuerte, ¿no les parece?).

La noticia no trascendió, ni siquiera cuando el prefecto fue detenido, lo robado recuperado (excepto los pen drives) y se identificó a otros dos prefectos, hoy con pedido de captura. La cosa se supo recién cuando, el 4 de agosto, el periodista oficial Horacio Verbitsky lo publicó en Página/12, ironizando sobre la «inseguridad” en el municipio que el candidato pone de ejemplo de su política «contra el crimen”.

A continuación, Massa salió a denunciar en una conferencia de prensa que no difundió lo ocurrido por pedido del fiscal, que quería mantener la cosa en reserva dada la condición de empleado del gobierno nacional, y en la secretaría de seguridad, del ladrón. Calificó el hecho como simple robo, pero señaló como sugerente que el prefecto usara un silenciador, que se llevara algo tan poco valioso materialmente como los pen drives, y anunció desafiante: «No nos van a asustar”.

Minutos después, el secretario de Seguridad Coronel Sergio Berni, es decir, el jefe del chorro, replicó que, en realidad, el prefecto era militante del espacio político del intendente de Tigre, que era su puntero y que hacía seguridad en el barrio como parte de su plan de «seguridad”.

Entre semejante chisporroteo de acusaciones cruzadas, lo que los dos pasaron a segundo plano, es que, de nuevo, el chorro tiene uniforme.

Tercer acto: El 18 de noviembre de 2012, el policía bonaerense Luciano Duarte entró a los pasillos de la villa El Tropezón, en San Martín, y fusiló de un disparo al adolescente Diego Salto. Su relato fue que pasó por ahí «para cortar camino hacia la estación” (¿?) y que le quisieron robar el bolso donde tenía plata y una laptop. La verdad, descubierta a fuerza de organización de la familia con CORREPI, y con el coraje de los chicos del barrio que se atrevieron a declarar, es que el día anterior el policía había dado plata a uno de los «soldados” de la villa para que le comprara droga, pero no quedó conforme con la entrega, por lo que volvió para cobrársela. Confundió a Diego con el pibe que había visto a la entrada del barrio y lo mató.

Sin embargo, más de una docena de testimonios no habían servido a la fiscal de San Martín para ordenar la detención e indagatoria del policía, hasta que, a fin del mes de julio, se enteró que el bonaerense está malherido y detenido en otra causa, a cargo de la fiscalía de al lado.

Resulta que don Luciano Duarte, que seguía trabajando como si nada después de fusilar a Diego, como oficial subayudante en la comisaría 11ª de Tres de Febrero, protagonizó, como tituló Clarín, «un raid delictivo”: «Amenazó a una quiosquera, robó un coche, asaltó una estación de servicio y un puesto de diarios”. Como la policía lo persiguió y se tirotearon, y el polichorro quedó herido en el abdomen, lo detuvieron y trasladaron al hospital, sin saber que era un colega.

La fiscal de la causa Salto, al enterarse, se apuró a pedir, también, la detención. Total, ya está detenido por el robo, y quizás ahora les cree a los amigos y vecinos de Diego.

Tres hechos diferentes, en tres lugares distintos, que muestran quiénes son los que protagonizan la criminalidad cotidiana, y, de paso, ponen en evidencia que no es lo mismo, para un fiscal, balear un pibe en un barrio que robar un auto, incluso si sos policía.

Nota del Boletín Informativo Nº 698 de CORREPI