La criminalización y persecución en Ecuador ya es de todos
«La revolución ciudadana ya es de todos” reza el lema del gobierno. Sin embargo los movimientos sociales en el Ecuador continúan insistiendo en una idea fundamental que se contrapone con lo que menciona el cantautor venezolano Ali Primera en una de sus canciones: «No te dejes engañar cuando te dicen progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso.” En el trascurso de estos últimos meses, se evidencia más casos de persecución por «terrorismo y sabotaje”. Por Apawki Castro y Jacqueline Aimacaña desde Ecuador, para ANRed
En el año 2007 en Ecuador se pensó estar ingresando a una nueva etapa después de casi 10 años de crisis política. Y efectivamente de allí a este año esta nueva etapa se ha desarrollado aunque no por el camino que en un inicio se pensó. Se inaugura en el 2008 con la promesa de un cambio dentro de la administración gubernamental, la Reforma a la Constitución creó muchas ilusiones en los catorce millones de ecuatorianos. El cambio de nombre del Congreso Nacional a Asamblea Nacional empezó a dar credibilidad al Parlamento y también al Gobierno de Rafael Correa.
Correa, al empezar su administración, obtuvo casi el ochenta por ciento de aceptabilidad de la ciudadanía. Al transcurrir los años esto se fue reduciendo, y en la actualidad posee alrededor de cuarenta por ciento de aceptación, según lo indican las encuestadoras. Al principio mantenía acuerdos en varios puntos con la mayoría de las organizaciones, movimientos sociales e indígenas. En el camino, varios miembros fundadores del movimiento Alianza País, fueron apartándose. Tal es el caso de Alberto Acosta, mano derecha de Correa al comienzo, quien estuvo en desacuerdo en los proyectos de explotación minera a gran escala.
Fue el mismo caso con las organizaciones y movimientos sociales, quienes frente a la avanzada extractivista, redoblaron esfuerzos que se vienen haciendo desde hace mas de 20 años para continuar defendiendo los derechos de la naturaleza, por mantener la autonomía organizativa de las comunidades de acuerdo a las lógicas ancestrales, defender la administración de los sistemas de agua autogestionados, el mantenimiento real del estado pluricultural, la educación bilingüe, etc. Pero sobre todo, se trata de continuar cuestionando un modelo de país que como hace más de 200 años (y más de 500 a partir de la invasión española) se sostiene en la explotación de recursos naturales y nos reduce exportación de materias primas, de naturaleza viva. He allí que los movimientos sociales se encuentran en línea inversa a las políticas planteadas desde el Régimen quien por otro lado a calificado despectivamente a los miembros de sector como «cuatro pelagatos”, «los emplumados” etc, y de «izquierda infantil” a miembros de otros sectores: maestros, comunicadores, y toda persona que no esté de acuerdo con su proyecto político.
La situación no queda solamente en acusaciones verbales, sino que también se ha empezado con una serie de persecuciones judiciales que ya han puesto tras las rejas a varios civiles y activistas de diferentes agrupaciones. Actualmente se encuentran enjuiciadas 220 personas, 27 de ellas ya tienen sentencia.
Uno de los elementos constitutivos de la política Correista ha sido justamente la ejecución de condenas por «rebelión, sabotaje y terrorismo”, este ultimo tipificado en el artículo 160 del Código Penal del año 1974, es decir de la dictadura militar, que rige actualmente y que se busca ser modificado en septiembre de este año con la aprobación de un nuevo Código Penal que se encuentra actualmente en debate en la Asamblea. El proyecto fue enviado por el Ejecutivo en el 2011, en el contexto de lo acontecido el 30 de Septiembre del año anterior en el que se produjeron hechos que fueron calificados por el gobierno como golpistas y que hasta ahora no han sido clarificados.
El código Penal actual señala que serán reprimidos con reclusión quienes «individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no («¦) cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos o de sus bienes”. También se incluye en esa sanción a quienes invadan domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas.
Según analistas el nuevo Código Penal Integral endurecería las penas, de 4 a 8 años las condenas pasarían de 11 a 15 años. Incluso se dice que se sancionará a quienes comuniquen, difundan o transmitan informes falsos. También a los que entreguen, coloquen o detonen artefactos explosivos.
El caso Luluncoto es un ejemplo de esta persecución, en la que diez jóvenes fueron acusados de terrorismo organizado, por lo que el 25 de febrero del 2012 el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha los condenó a un año de prisión. Esto en el contexto de La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos realizado por el Movimiento Indígena desde el 8 al 22 de marzo del mismo año.
A pesar de varios reclamos por parte de los afectados, familiares, agrupaciones y políticos conscientes del evidente problema, la persecución no cesa. El actual presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, atravesó por un caso similar. Pues también fue víctima, junto con otros dos militantes, de este método de represión a causa de su lucha junto con la Organización de Mujeres para defender la Laguna de Quimsacocha en la provincia del Azuay, al sur del país, frente a la aprobación del proyecto minero IAMGOLD que afectará la zona, poniendo en riesgo esta naciente de agua y con ella a todos los habitantes de la provincia.
En el trascurso de estos últimos meses, se evidencia más casos de persecución por «terrorismo y sabotaje”. El caso de los estudiantes del Colegio Central Técnico, en la que 12 jóvenes de 18 años fueron detenidos y juzgados por el delito de rebelión después de participar en una protesta por reformas aplicadas a la educación secundaria. Fueron apresados 35 días y actualmente fueron sentenciados a 21 días de reclusión.
Los representantes por Pachakutik (brazo político del Movimiento Indígena) dentro de la Asamblea no se salvan. Clever Jiménez fue condenado a 18 meses prisión acusado por el delito de injuria contra el presidente, esta condena a pesar de la inmunidad parlamentaria de la que gozan los asambleístas, establecida en la Constitución.
Al momento los jueces de la Corte de Justicia de Morona Santiago, provincia amazónica, declararon culpable del delito de Sabotaje y Terrorismo a Pepe Acacho dirigente indígena y actual asambleísta por Pachakutik, quien ya fue detenido en el marco de una protesta contra la Ley de Aguas, espera notificación de penas de prisión que van de 12 a 16 años.
Son algunos casos que se han hecho visibles. Pero existe un sin número de perseguidos, acusados y condenados por este régimen quien ha usado como estrategia política, y con mucho éxito, el relacionar la oposición planteada desde los movimientos sociales a la derecha, por lo cual muchos políticos e intelectuales a nivel internacional han señalado al movimiento indígena como funcional a los grupos más reaccionarios del país.
En medio de todo esto «La revolución ciudadana ya es de todos” reza el lema del gobierno. Sin embargo los movimientos sociales en el Ecuador continúan insistiendo en una idea fundamental que se contrapone con lo que menciona el cantautor venezolano Ali Primera en una de sus canciones: «No te dejes engañar cuando te dicen progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso.” A costa de lo que sea, completaríamos nosotros.
Más información en medios de Ecuador:
http://www.eluniverso.com/2013/03/31/1/1355/rebelion-terrorismo-sabotaje-3-figuras-condenan-protesta.html
http://www.larepublica.ec/blog/portada/2013/07/19/acacho-sentenciado-por-delito-penado-con-12-a-16-anos-de-carcel/
http://www.elcomercio.com/seguridad/central_tecnico-educacion-jucio-seguridad-audiencia_0_873512721.html
http://www.elcomercio.com/seguridad/delito-terrorismo-Luluncoto-dictadura-militar-ley-leyes-Ecuador-codigo-penal_0_854914578.html