Se creó el Registro Nacional de Violadores
Se trata de un registro que almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación criminal, y de toda persona condenada con sentencia firme por violación o cualquier otra forma de abuso sexual. Críticas desde el ámbito judicial y académico. Por Red Eco Alternativo.
(Darío Schapochnik para Red Eco) Argentina
El 24 de julio se publicó la Ley 26.879, que dispone la creación del «Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual”, en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.
Según señala la propia ley, el registro tendrá por fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual, con el objeto de proceder a la individualización de las personas responsables.
Desde el ámbito judicial y académico, son varias las críticas que se han hecho a la creación de este tipo de registros:
1- Parece desconocerse que en la inmensa mayoría (más del 90 %) de los delitos contra la integridad sexual, la víctima conoce perfectamente a su atacante, porque se trata de un familiar, conviviente, vecino, o amigo de la familia.
2- La inconveniencia y poca practicidad de multiplicar la cantidad de registros, lo que obliga a pedir información a distintas entidades, con la consecuencia de que se demoran más las investigaciones. Para el ámbito penal, por ejemplo, ya existen el Registros Nacional de Reincidencia; el Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados; el Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte; y el Registro Nacional de Sanciones Deportivas. Si bien estos registros se refieren a temáticas diversas, tienen como común denominador su vinculación con causas penales, por lo que podrían perfectamente organizarse como secciones de un único registro. De este modo, se evitaría la duplicidad de recursos humanos y tecnológicos, que podrían aprovecharse para equipar mejor a los organismos judiciales y periciales con profesionales especializados, cámaras Gessell, baterías de test, etc.
3- Este Registro no tendría ninguna utilidad en los abusos sexuales simples, en los que no hay penetración ni eyaculación.
4- La existencia de este tipo de Registro no garantiza un mayor nivel de esclarecimiento de estos hechos. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires ya existe un registro similar desde los primeros días de 2010, y no se ha verificado un mayor número de causas por violación resueltas.
5- Más allá de lo deplorable de este tipo de delitos, este Registro crea un estado de sospecha permanente sobre cualquier persona que hubiera sido condenada por estos hechos, ya que las muestras de ADN se conservan por 100 años desde el inicio de la causa, y el condenado, una vez en libertad, debe informar a la autoridad (la ley no aclara qué autoridad) los cambios de domicilio que efectúe. De este modo, ante cualquier investigación por violación, toda persona que hubiera sido condenada (aunque haya cumplido su condena), es automáticamente sospechosa, por el solo hecho de figurar en el Registro.
6- La mayor dificultad en los casos de violación no está en identificar al autor, sino en que la víctima, testigos y peritos les resulten creíbles a los jueces. Es decir: el problema no pasa por probar quién cometió la violación, sino por probar que existió una violación.
7- En los delitos sexuales está completamente ausente la perspectiva de género. Estos casos se juzgan con los mismos parámetros jurídicos y lógicos que cualquier otro delito, olvidándose que estos hechos tienen dos características que los distinguen de cualquier otro: son generalmente cometidos en ámbitos de privacidad, y el medio de prueba más importante es la propia víctima (lo que pueda relatar, y las marcas que la violación haya dejado en su cuerpo, tales como lesiones o, incluso, un embarazo).
Las últimas estadísticas oficiales, que datan del 2008, dan cuenta de que ese año se denunciaron, en todo el país, 3.367 violaciones. Esta cifra representa el 0,26 % del total de delitos denunciados ese año (1.310.977).
Ese año, también, se dictaron 1.381 condenas por delitos contra la integridad sexual, lo que representa un 4,59 % del total de sentencias condenatorias dictadas ese año (30.151).
La información no distingue entre condenas por violación y condenas por otros delitos contra la integridad sexual, como pueden ser los abusos sexuales sin acceso carnal.
Sin embargo, haciendo una progresión en base a la cantidad de violaciones y abusos sexuales denunciados ese año, puede estimarse que una tercera parte aproximadamente de las 1.381 condenas corresponde a violaciones.
Suponiendo que las cifras y proporciones se mantuvieron relativamente similares en estos años, tenemos que se llega a una condena en aproximadamente el 15 % de las violaciones. Esta cantidad es la tercera más alta, después de las condenas por delitos contra la seguridad pública (principalmente, portación y tenencia de armas, y venta y distribución de drogas), y los homicidios dolosos, donde las condenas llegan a cerca del 45 % de los casos.
Fuente: Red Eco Alternativo