«La realidad se entiende o no se entiende, pero no es materia opinable»
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) junto a la Agencia Rodolfo Walsh presentaron ayer en el auditorio de ATE su informe «Una década ganada, ¿Para quién?» , que recopila y explica los hechos represivos que tuvieron lugar desde el 2003 al 2013. «Esto pretende ser una herramienta para la acción, no una antología del lamento», remarcó Oscar Caltelnovo, de la agencia Walsh. Informe e imágenes: ANRed / Video: CORREPI.
La presentación del informe se realizó a las 18 del lunes pasado en el auditorio de ATE (Belgrano 2527), que se encontraba colmado de gente. Las primeras palabras estuvieron a cargo de María del Carmen Verdú, titular de la CORREPI, quien hizo un repaso general por el informe y los ejes en los que está estructurado.
El informe, según contó Verdú, se compone de 5 ejes y un dossier: una introducción que aborda las diferentes formas en que se aplica la represión desde el estado y sus instituciones represivas; la militarización de los territorios; el uso de la represión selectiva – «la que se descarga sobre sectores específicos de la población» –, y un capítulo final llamado «10 años de cooperación con el imperialismo». Luego el informe da lugar a un informe-dossier de la agencia Walsh sobre la situación represiva en las cárceles.
Sobre el informe, la titular de CORREPI indicó que se centra en «dos principales vertientes de la represión estatal: la preventiva (en barrios, con el gatillo fácil, y las torturas y apremios en comisarías, entre otros), y la desaparición física de personas en la dictadura (con casos como los de Daniel Solano, Miguel Bru, Luciano Arruga, Jorge Julio López, entre otros)».
Verdú también contrapuso la visión de CORREPI con aquella que sostiene que el kirchnerismo ha tenido un giro represivo en los últimos años: «es la segunda parte del plan, no es un giro, y se empezó a ver desde la represión ordenada frente a la legislatura porteña en 2004». Puso énfasis, además, en lo sistemáticos que fueron al registrar con nombre y apellido, lugar y circunstancias de cada hecho represivo, dando a entender que hablan por sí mismos, y que no son producto de la interpretación de los organismos antirrepresivos. «La realidad se entiende o no se entiende, pero no es materia opinable», sostuvo.
La titular de CORREPI también hizo mención especial al caso del desaparecido en democracia Daniel Solano, cuya familia está realizando una huelga de hambre y seca (sin ingerir líquidos) con el fin de que la justicia le de respuestas por la desaparición de su hijo. «Mientras estamos acá reunidos, su papá Gualberto y su abogado Sergio Heredia protagonizan una huelga de hambre en la plaza central de Choele Choel – informó Verdú -Con ellos estaba Julieta Vinaya, mamá de otro desaparecido, Atahualpa Martínez, pero se descompensó y fue internada. No comen desde el 1º de julio, y mañana (refiriéndose al día de hoy) el papá y el abogado empiezan huelga de hambre seca (…) Reclaman la aparición con vida de Daniel, y que los siete policías imputados en la causa vayan a una cárcel común como ordenó la Justicia. Ellos se encuentran con sus familias en una dependencia de las fuerzas especiales, que es una especie de hotelito, y se autoacuartelaron apoyados por sus guardianes porque se niegan a ser trasladados, tal es el grado de impunidad que están enfrentando en Choele Choel”.
Por su parte, Oscar Castelnovo, de la agencia Walsh , hizo un repaso por el informe que elaboraron sobre la situación de los derechos humanos en las cárceles argentinas. «Estamos en contra de la existencia misma de la cárcel – indicó el referente – Este informe pretende ser una herramienta para la acción, no una antología del lamento (…) Hoy hay 2350 personas muertas en cárceles, lo que equivale a un muerto cada 7 horas»
Castelnovo aseguró que el estado nacional pone mucho interés y recursos para reforzar el sistema represivo penitenciario y ejemplificó: «en este mismo momento en la Casa Rosada están haciendo un acto de entrega de ambulancias, móviles y demás insumos al Servicio Penitenciario Federal (SPF)». Agregó que en Argentina para una persona que entra a la cárcel una vez «la condena es de por vida, ya que cuando salen le deben rendir cuentas a una comisaría, deben `trabajar´ para ellos, vendiendo merca, saliendo de caño a afanar».
Finalmente, se abrió el micrófono para el debate y para que varios presentes acerquen su adhesión al informe o hagan comentarios sobre el mismo. En este marco, entre otras cuestiones, se abordó la situación de la cooptación que realiza el estado de familias, organizaciones y ong´s que trabajan el tema de la asistencia a los familiares de las víctimas de la violencia institucional. A raíz de una situación de posible cooptación estatal de una asociación que ayuda a familiares de víctimas de trata, Verdú graficó el debate haciendo mención a la «Campaña Contra la Violencia Institucional» , que impulsa el gobierno nacional: «es dirigida desde el gobierno. El que la está ejecutando, su mayor promotor, es este diputado oficialista, el `Cuervo´ Larroque. O sea que el propio gobierno que es responsable de que nos estén fusilando casi un pibe por día por gatillo fácil o por las torturas en una cárcel, una comisaría, o en un correccional de menores, convoca a que la sociedad civil se sume a esta campaña nacional contra la impunidad (…) ¿Cómo es esto que el estado me venga a decir `me pongo a tu lado para pelear por los pibes que yo mismo maté?», se preguntó.
Video de parte del debate posterior a la presentación que se realizó el lunes 15 de julio del «Informe de la situación represiva durante el gobierno kirchnerista», incluyendo la recopilación de cada caso de represión estatal llevado adelante por el gobierno desde el 25 de mayo del 2003:
Informe sobre la situación represiva entre el 2003-2013
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