Polémica sentencia en el caso Cristian Azcona

Luego de numerosas postergaciones, el pasado 13 de Junio, la Cámara en lo Criminal N°1 de Santa Rosa, La Pampa condenó a Oscar Ichoust (63) a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, una multa de $1000 e inhabilitación especial por ocho años para la tenencia, uso y portación de armas por el homicidio de Cristian Azcona (13). La sentencia fue recibida con gran estupor por parte de los familiares del menor. Consideraron que «para el pobre no hay justicia”.

Para ANRed por Dagna Faidutti

Fotos: Adrián Pascual

El hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2009, a las tres de la mañana, en uno de los barrios más marginales de la capital pampeana «“Villa Parque»“ sobre Telén y Unanue.

El incidente fue reconstruido por los camaristas ponderando el testimonio de una sola persona: la esposa del imputado. Según su versión, esa noche habría escuchado ruidos en el techo de la vivienda que habita junto a su esposo e hijas. Alerta a su marido y éste se levanta. Toma de un chifonier que había en el dormitorio una pistola marca «Tala”, calibre 22 y sacando un brazo por la ventana efectúa un disparo hacia arriba «“ lugar donde escuchaba los ruido «“ dando muerte al menor Azcona. La mujer presume que intentaban robarle unos pajaritos.

Este no habría sido el único dato llamativo en el análisis de los magistrados.

En primer lugar, no se ha demostrado que el joven Azcona se encontrara en el lugar de los hechos con la intención de hurto. La madre del joven y sus amigos manifestaron en numerosas oportunidades que Cristian mantenía una relación con Vélia, hija de Ichoust. Y que semanas previas al hecho, el imputado lo habría corrido con un cuchillo al grito de «si te veo otra vez con mi hija, te mato”.
Otro dato llamativo que consta en el expediente es el testimonio de dos amigos del joven, que se encontraban al momento del hecho. Sin embargo, ellos no fueron tenidos en cuenta – para la reconstrucción de lo sucedido – por resultar contradictorios con lo declarado en principio, cuando ambos fueron demorados por la policía y mantenidos en la seccional por varias horas. Se presume que durante ese lapso, ambos fueron coaccionados y presionados por los uniformados en sus declaraciones.

Para los camaristas, el accionar de Ichoust se encuentra encuadrado en «legítima defensa de su derecho de propiedad injustamente agredido por el delito del que fue sujeto pasivo”. Y que, «la actitud asumida por el imputado consistió en amedrentar a quienes cometían esas tropelías, desconociendo en forma absoluta quieres eran los que provocaban la situación y sin tener en cuenta las consecuencias que a la postre perjudicarían su libre accionar”. Asimismo, consideraron que consta, en virtud de la reconstrucción de los hechos, que «el menor, al proceder en la forma indicada actuó en violación del derecho de propiedad del imputado, protegido por el art. 17 de la Constitución Nacional”, y que «es obvio que toda esa circunstancia que rodeó a la muerte del nombrado Azcona, se habría evitado si el mismo no hubiera iniciado la agresión que posteriormente la causara la muerte.

Oscar Ichoust

El imputado es un reconocido dirigente de Atletismo y empleado público de la ciudad de Santa Rosa. No azarosamente, en principio eligió como abogados a José Mario Aguerrido y Juan Carlos Tierno. Este último, Intendente de la ciudad durante el período 2007-2008, y anteriormente Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia. Desde ambos cargos, mantuvo discursos y políticas dirigidas a la criminalización de la minoridad y al desdeño por las actividades culturales. En 2009 fue destituido de su cargo en la intendencia luego de numerosas manifestaciones populares que reclamaban su renuncia.

En cuanto a Ichoust, durante el juicio oral declaró que no se representó la posibilidad de matar a Cristian, que efectuó el disparo solo para «darle un escarmiento para que no venga más y que «si hubiera tenido intenciones de matar, hubiera tirado para arriba del techo”.

Frente a la pregunta de la querella sobre si no se le ocurrió llamar a la policía, el imputado respondió que no, «no en ese momento”. No obstante, la policía no registra denuncias anteriores presentadas por Ichoust.

Un fiscal polémico

Jorge Amado es el fiscal de la Cámara N° 1 que intervino en la causa. Solicitó que Ichoust sea condenado con pena de prisión efectiva por el delito de exceso en legítima defensa «“ tres años «“ disminuyendo la acusación que provenía de primera instancia: homicidio simple.
Si bien resulta curioso que frente al homicidio de un menor se solicite tan baja condena, Amado se encuentra en el centro de la opinión pública por impulsar diversos acuerdos por penas leves en casos de trascendencia pública.

Uno de ellos fue el realizado con ex funcionarios del gobierno provincial, acusados de estafa por «viajes fantasmas”, con los cuales acordó la aplicación de multas y penas leves. Con el ex ministro de Bienestar Social Santiago «Patucho” Álvarez, acusado por peculado culposo en tres oportunidades, acordó una pena de multa de 7.749 pesos y una reparación del perjuicio de 4.766 pesos; con la ex ministra Marta Cardoso por peculado culposo en nueve casos, una multa del 60 por ciento del bien sustraído: 19.242 y 12.828 pesos de reparación; y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Bienestar Social Sergio Samper por el delito de peculado culposo en cuatro casos, una pena del 60 por ciento, de 3.768 pesos de multa y 2.512 pesos de reparación.

No obstante, la Cámara del Crimen deberá resolver en los próximos días.

Amado también intervino en una causa de secuestro y tortura a un menor de 14 años protagonizada por tres integrantes de una familia «“»los Carro”»“ de los cuales 2 eran policías al momento de los hechos. Con ellos acordó la aplicación de penas en suspenso a cambio de la admisión de responsabilidades en el secuestro y simulacro de tortura del joven. La Cámara en lo Criminal N° 1 rechazó el acuerdo.

Por último, también intervino en otro caso, por mala praxis contra una anestesista acusada de homicidio culposo por la muerte de una paciente. En esta oportunidad, el fiscal declaró que no encontró elementos para realizar una acusación. La Cámara condenó a la profesional a dos años de prisión en suspenso.

La familia de Cristian

Cuando aún no culminaba la lectura de la sentencia, el hermano y el padre de Cristian se lanzaron sobre el condenado y su abogado. Ambos fueron sometidos por un numeroso personal policial, al tiempo que otro grupo de uniformados les aseguraba la salida del recinto.
«Â¡Hijos de puta, esto no es justicia! ¿Qué justicia quiere que escuche? ¡Acá no hay justicia! ¡Este asesino tiene que estar preso! ¡Era un chico, mi hijo! Gritaba su madre frente al estrado. A los pocos minutos también fue reducida, violentamente, por una de las mujeres policías que se encontraba en la sala.

«La justicia no es para los pobres”, dijo el padre de Cristian a la salida. «Queríamos creer en estos jueces, queríamos justicia, pero mi hijo fue asesinado y el responsable sale en libertad. Esto no es justicia”, declaró con su vos entrecortada.

El debate

Todo fallo judicial plantea una visión social. Si bien no se ha probado la intencionalidad de Cristian Azcona de cometer el supuesto hurto de pajaritos, sí que Ichoust disparó y causó su muerte. ¿Cuál es el mensaje de esta Cámara respecto de la utilización de armas por parte de los civiles? ¿Cuánto vale la vida de un niño cuando su estrato es marginal?

En Santa Rosa, La Pampa, el caso fue recogido por los medios tradicionales para reivindicar la protección de la propiedad privada a ultranza, con titulares que consideraban que «le podría haber pasado a cualquiera”.

En uno de sus programas por Radio Noticias, el responsable editorial de La Arena, Leonardo Santesteban, confesó que él «también habría disparado”. Otros periodistas y funcionarios judiciales hicieron similares declaraciones.

Por su parte, el abogado querellante por parte del padre declaró a un medio radial alternativo que «el fallo no se ajusta a derecho” y que apelarán en todas las instancias necesarias. Resaltó que las querellas fueron absolutamente gratuitas porque se trata de personas muy humildes, con trabajos precarios «“María Elena, la madre, es empleada domestica y cuidadora de ancianos»“ y que incluso en las apelaciones necesitarán dinero ante la eventual apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.