¿De quién es Punta Querandí?
El empresario Jorge O»™Reilly dice que el sitio sagrado de los pueblos originarios ubicado en una ex parada ferroviaria en las afueras de Tigre es su «propiedad privada”. Tal afirmación se basa en un boleto de compra-venta del 2007 que se encuentra en juicio. La transferencia tiene muchas irregularidades. Los reclamos fueron iniciados por un vecino y luego continuaron con organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos. Acá, todo lo que tenés que saber sobre el «problema” de la propiedad de Punta Querandí. Por Indymedia Pueblos Originarios.
Durante mayo se realizaron dos mesas de diálogo con funcionarios de Nación,
Provincia y Tigre, que arrojó como novedad que ningún organismo gubernamental
cuestiona ya el valor de Punta Querandí. La cuestión pasa por cómo garantizar
que estas tierras se desafecten el dominio privado. Ahora bien, ¿es realmente
el sitio sagrado de los pueblos originarios una «propiedad privada”?
Lo primero que hay que aclarar es que Punta Querandí es parte de un
conjunto de tierras ferroviarias del Ramal 56 del Ferrocarril Mitre,
clausurado en 1967 por el dictador Juan Carlos Onganía (1966-1970). El
abogado de EIDICO, Santiago Sánchez Sorondo, ante la insistente
consulta de los funcionarios, reconoció que el actual propietario sigue siendo
el Estado Nacional y que existe un boleto de compra sin escriturar, motivo por
el cual la empresa le inició un juicio a la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).
De hecho, el Movimiento en Defensa de la Pacha con el patrociño del
SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel y de la Fundación Eco Sur,
presentó un Amicus
Curae en septiembre de 2011 para aportar al Juzgado Civil y Comercial
11 de Capital Federal elementos por los cuales considera que las tierras
fueron mal vendidas.
Ahora bien, ¿cómo llegaron estas tierras ferroviarias, con un sitio arqueológico
en su interior, a ser transferidas para hacer dos barrios privados?
DE TERRAPLÉN VECINAL A CANAL PRIVADO
-
El estado actual de las tierras, con una foto de la situación anterior
a la destrucción. A la derecha del ex terraplén, el country Santa Catalina;
a la izquierda el barrio privado San Benito. (Fuente: Google Earth)
EIDICO, para apropiarse de tres kilómetros del viejo terraplén del tren
(del KM1+690 al el KM4+378) utilizó a dos sociedades anónimas
que habían sido propietarias de los dos grandes campos linderos a las tierras
ferroviarias del lado del partido de Escobar, es decir entre la calle Brasil
y la calle Dean Funes de Ingeniero Maschwitz.
La privatización de estas tierras ya era de por sí cuestionable por la utilidad
pública del llamado «camino de las vías muertas”: único acceso vehícular
para los vecinos del paraje Punta Canal entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva,
lo cual permitía una comunicación fluida con las localidades de Maschwitz y
Benavídez.
Sin embargo, la transferencia del 2007 incluyó también 128 metros correspondientes
a la ex parada intermedia KM4 Punta Canal, del lado del partido de Tigre,
donde ni Chilespa ni Muquebari jamás fueron propietarias linderas. Es
justamente en este sector donde se había detectado pocos años atrás el sitio
arqueológico Punta Querandí, que comenzaba a ser reivindicado por organizaciones
indígenas.
Además, esta pequeña fracción costera del arroyo Garín y el Canal Villanueva,
es un recreo popular disfrutado desde hace décadas por familias de la zona norte
que van a pescar y a disfrutar de la naturaleza. Los testimonios arqueológicos
evidencian que ya era una zona de pesca mil años atrás.
Mapa del expediente de ONABE con agregados de Indymedia. Hasta la calle
Brasil, que divide los partidos, es KM4+250. Pero el boleto de compra-venta
incluyó los 128 metros de Punta Querandí hasta el arroyo Garín (del lado de
Tigre), es decir, hasta el KM4+378.
El inmueble llegaba primero al km 4+180
Finalmente fue vendido hasta el km 4+378.
Sugestivamente, en los primeros trámites administrativos la venta no incluía
la parte de Punta Querandí. Sin embargo, el 23 de abril de
2007, mediante dos boletos de compra-venta se privatizaron las tierras entre
KM1+690 y el KM4+378, es decir, hasta el arroyo Garín, del lado
de Tigre. En total, 107.520 metros cuadrados (unas 10 hectáreas, casi
3 kilómetros de largo por 40 metros de ancho), fueron transferidas por 1,9
millones de pesos argentinos, a una tasación de 17 pesos el metro cuadrado
[Leer
boleto de compra venta].
El boleto que incluyó Punta Querandí
fue otorgado a Chilespa y quien firmó como representante de
esta firma fue Daniel Mauro Burman (un ex funcionario de María Julia
Alzogaray, ver nombramiento aquí)
La venta de estos tres kilómetros de tierras fiscales desconoció el uso comunitario
que hacían de ellas diversos sectores de la población desde hace décadas, ni
siquiera importó que los pobladores quedaran aislados. En ningún lugar de los
dos expedientes administrativos, ENABIEF 4021/98 y 3707/98, consta la
utilidad y el valor de los inmuebles, es más, se los menciona como abandonados.
Ser propietario lindero era un requisito ineludible para lograr la adquisición
de los terrenos fiscales. Por eso es clave resaltar que Chilespa y Muquebari,
al firmar el boleto de compra-venta, no sólo no eran linderas a Punta Querandí,
sino que también habían dejado de serlo de los campos del lado de Escobar. El
motivo es que ya habían vendido estas dos fracciones a la empresa EIDICO,
para desarrollar allí los countries San Benito y San Marco, del Complejo
Villa Nueva.
La situación actual de estas tierras es la siguiente:
– San Marco tiene casas construidas arriba.
– San Benito desapareció su parte del terraplén para construir
un canal privado, extendiendo el Canal Villanueva.
– Punta Querandí fue parcialmente destruído pero mantienen su uso comunitario
a partir de la lucha del Movimiento en Defensa de la Pacha, que inició
un acampe en resguardo de las tierras en febrero de 2010, hace casi tres años
y medio.
Por su parte, Jorge O»™Reilly a través de San Atanacio SRL afirma
que Punta Querandí es de su propiedad, ya que alega habérsela adquirido
a San Benito S.A. de la firma EIDICO. Vale aclarar que O»™Reilly
es dueño de las dos empresas y que desde la administración de este country es
que se han ejecutado todos los ataques y denuncias contra el «acampe”.
Una cláusula del boleto de compra venta, la novena, abre la posibilidad de
que la empresa tenga que dejar sectores liberados. «Si por disposiciones locales
la mensura debiera efectuarse dejando espacios reservados para calle, plaza
u otro destino, la parte compradora no podrá extenderse sobre terrenos ferroviarios
linderos, no teniendo derecho a disminución alguna del precio por ningún concepto”
(«¦) Para el caso que por cuestiones ajenas a las partes la mensura se tornare
imposible, y de ello deviniera la imposibilidad de transferir el inmueble, la
parte compradora deberá reintegrar a la parte vendedora la posesión del inmueble”.
El problema, según alegaron desde ADIF en el 2010, era que
habían pedido informes a distintos organismos sobre la existencia de un reclamo
indígena, sin recibir respuestas positivas. Distinta es la situación en la actualidad:
Nación, Provincia y Tigre plantean abiertamente que están a favor de la preservación
de Punta Querandí.
RECLAMOS Y PRESENTACIONES
Como el proceso de transferencia no tuvo difusión por ser una venta directa
, los vecinos perjudicados sólo pudieron quejarse ante las autoridades con el
hecho consumado. En el 2008, Carlos Arrambide, quien con la privatización
perdía el acceso vehícular a su domicilio, inició diversas acciones legales
y administrativas luego de conseguir una copia completa de los dos expedientes.
El 9 de octubre de ese año, presentó a la ONABE (que estaba a punto de
pasar su injerencia a una nueva área, ADIF) un recurso
de reconsideración, denunciando la nulidad de la transferencia y solicitando
su revocación y suspensión. «El objeto del acto que aprueba la venta no es ni
lícito ni posible. La venta tal como fue aprobada y realizada según boleto de
venta es nula en razón de estar prohibida por la ley”, decía el escrito de su
(ahora ex) abogado Luciano Chedrese.
Uno de los puntos cuestionados es que el comprador ya no era propietario del
lote vecino, pero sin embargo siguió adelante con el trámite al omitir informar
de esta circunstancia de manera «dolosa” (engañosa y fraudulentamente) a las
autoridades nacionales esta circunstancia. «Los contratantes Chilespa S.A.
y Desarrolladora de San Benito S.A. han ocultado con intención la venta
de la parcela 329 A [el 10 de enero de 2006] con el objeto de generar
una convicción en cabeza del ONABE distinta a la realidad. De haberse
conocido que Chilespa S.A. no resultaba titular del inmueble lindero,
mal podría haberse aprobado una venta directa de la tierra fiscal, el procedimiento
debería haber sido el de remate público”, agregaba.
El camino de las vías muertas en el 2008, desde Punta Querandí hacia Maschwitz.
(Ignacio Smith)
Foto tomada desde el mismo lugar, pero en el 2009, cuando lo convertían en canal.
(Ignacio Smith)
La cláusula décimo segunda de los dos boletos de compra venta daban
90 días hábiles para la escrituración, expirado ese plazo los predios debían
volver al Estado. No sólo no sucedió eso, sino que Chilespa y Muquebari
cedieron sus boletos de compra venta a los fidecoimisos que desarrollan los
barrios San Benito y San Marco, violando la cláusula décimo
cuarta: «La parte compradora no podrá transferir ni ceder, total o parcialmente
los derechos derivados del presente boleto de compraventa sin previa y expresa
conformidad por escrito del Organismo Nacional de Administración de Bienes
del Estado (ONABE) en cuyo caso dicha cesión deberá ser instrumentada por
escritura pública”.
Folio 176 del expediente ENABIEF 3707/98
Uno de los principales accionistas del fidecoimiso del country San Marco,
era Pablo Dameno un ex directivo de EIDICO que con la gestión
de Sergio Massa estuvo a cargo de de la estratégica Subsecretaría
de Planeamiento Urbano de Tigre. Ese y otros vínculos motivaron un artículo
periodístico llamado «Doble
comando en Tigre«.
A partir del 2009, Arrambide sumó a las objeciones administrativas a
estas ventas la presencia de un sitio arqueológico que era reivindicado por
organizaciones indígenas como un lugar sagrado, lo que comenzaba a tomar mayor
trascendencia en esa fecha. Otros vecinos del paraje y miembros de pueblos originarios
también hicieron presentaciones ante ADIF, desde el 2010. Además
hubo diversos proyectos legislativos en el Concejo
Deliberante de Tigre (II),
la Cámara
de Diputados Bonaerense y el Congreso
de la Nación.
En junio de 2010, la venta del terraplén fue tomada en un informe de Proteste
Ya del programa televisivo CQC. Allí, el gerente de ADIF Victor
Colombano se había comprometido
a recuperar el inmueble para los vecinos. «Si estamos en derecho de reclamar
no te quepa duda de que vamos a reclamar”, afirmó en ese momento el funcionario,
quien incumplió su compromiso.
El Movimiento en Defensa de la Pacha solicitó en septiembre de 2010
al organismo ferroviario anular la venta en el marco de una reparación a las
naciones preexistentes de Buenos Aires. Una copia del pedido fue presentada
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Así mismo, el MDP
elevó a las autoridades nacionales un petitorio con
miles de firmas de vecinos, tanto de pobladores de la zona como de otros
distritos que solicitaban la anulación de las transferencias. En esa misma época,
una veintena de vecinos de Punta Canal, realizaron también una presentación
a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El 4 de noviembre de 2010, una movilización de Punta Querandí
al Gobierno de Sergio Massa exigió que las autoridades locales intervengan
ante ADIF para resolver el conflicto. Una comisión especial
se abrió en el Concejo Deliberante para recibir a todas las partes involucradas.
En mayo de 2011, el oficialismo impulsó y aprobó por unanimidad un proyecto
para tomar posesión municipal preventiva de Punta Querandí (que nunca
se concretó) y pedir informes al INAI y al Consejo Provincial de Asuntos
Indígenas sobre el valor del lugar. El Municipio no avanzó con el pedido
a la ADIF.
Protesta en ADIF realizada en el 2011. (Foto: Angela Flores)
EXPERTOS EN ZAFAR DE CAUTELARES
Un vecino logró en la Justicia frenar durante un tiempo la destrucción del
camino de la vía muerta, con un argumento contundente: perdía el acceso vehícular
a su domicilio. La empresa logró hábilmente sortear este impedimento legal.
El 3 de junio de 2009, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial San Isidro a cargo de José A. Servín, dictó la medida
cautelar. La solución fue alquilar un puente Bailey propiedad del Ejéctito
Argentino, que se instaló sobre el arroyo Garín y que fue un acuerdo entre
EIDICO y AYSA, que construye la Planta Potabilizadora
Paraná de las Palmas a un kilómetro. El 18 de noviembre de 2009, la
cautelar fue revocada por la Justicia al constatar que había otro acceso vehícular
a las tierras, sin tomar en cuenta que esta situación era provisoria.
En septiembre de 2010, el camino de las vías muertas ya habían sido desaparecidas
hace rato, y se venció el alquiler del puente. Hubo que hacer gestiones de urgencia
(que llegaron hasta la propia ministra Nilda Garré) para mantener la
estructura hasta fines de diciembre, cuando sí fue reemplazado por un puente
vehícular colocado por el Municipio de Tigre. Sin embargo, nunca terminó
de ser correctamente puesto por las autoridades, representando un peligro para
los vecinos y visitantes. La Delegación puso un cartel de «Puente Peatonal”.
En concreto, la empresa se salió con las suyas al haber destruído el único
acceso vehícular seguro a las tierras ubicadas entre el Canal Villanueva y el
Arroyo Garín.
Fuente: Indymedia Pueblos Originarios