A dos años de la rebelión, el gobierno se juega por la legitimación

Las Jornadas de Diciembre abrieron una etapa de acumulación y articulación que todavía no se ha cerrado.
El actual gobierno se juega por la propia legitimación a través de la cooptación y la desarticulación.
Esta etapa sigue abierta tanto por la experiencia acumulada en las luchas, como por la vigencia de un sistema económico-político que excluye a las mayorías.

La recomposición del régimen político y económico sólo se puede detener con la defensa, consolidación y fortalecimiento de los espacios ganados a través de la lucha, garantizando siempre la independencia política de los de abajo sin aportar a proyectos ajenos.

Un nuevo 20 de diciembre, dos años después, encuentra a las organizaciones populares fragmentadas y dispersas. Y mantenerse actualizado con el mapa político del campo popular no resulta tarea sencilla.

El problema crónico de las organizaciones populares en nuestro país, la falta de unidad, se agrava aún más con la asunción de Néstor Kirchner, quien desde que asumió al frente del Gobierno nacional se dedicó a impulsar una activa política para potenciar la fragmentación en el seno del movimiento popular.

Así las cosas, este segundo aniversario de las históricas Jornadas de Diciembre se presenta como una coyuntura compleja en la que se ponen en juego los diferentes posicionamientos que cada organización tiene ante el actual Gobierno. Y esto se expresa en la multitud de actos y movilizaciones.

Mientras tanto, los hacedores políticos del actual sistema de dominación continúan en su avance por la recomposición de la crisis de gobernabilidad. De lograrlo, estarán en inmejorables condiciones para aislar y desarticular a las organizaciones del campo popular que no encajan en sus planes de desmovilización.

Por tal motivo, la recomposición del régimen político y económico sólo se puede detener con la defensa, consolidación y fortalecimiento de los espacios ganados a través de la lucha, garantizando siempre la independencia política de los de abajo sin aportar a proyectos ajenos.

Oxígeno para un sistema herido

La rebelión popular de diciembre de 2001 golpeó muy fuertemente la estabilidad institucional del régimen. El sacudón que significó para el sistema tener que lidiar con un importante sector de masas que ganó las calles al grito de «Que se vayan todos», tuvo su expresión más contundente en la seguidilla frenética de cinco presidentes en un puñado de días.

Los representantes políticos del poder económico, claramente a la defensiva, apuntados por la bronca popular, no daban en la tecla en su búsqueda desesperada por ordenar el edificio institucional que se les movía por todos lados.

La necesidad de lograr cambios de fondo recorrió como tema los distintos espacios. Pero al mismo tiempo se evidenció la ausencia de un proyecto político común que aglutinara y diera cohesión al heterogéneo movimiento popular surgido al calor del 19 y 20. Así, la posibilidad de una salida favorable a los intereses del pueblo trabajador apareció como una tarea de construcción a largo plazo. Se abre de este modo un período de impasse, de un empate inestable entre las fuerzas en pugna. Por un lado, las organizaciones populares tratando de avanzar; por el otro, el gobierno de Duhalde tratando de poner en caja a la protesta social.

En ese marco se da la trágica jornada del 26 de junio en Avellaneda. Maxi y Darío se convierten en ejemplo de lucha e ingresan en la memoria histórica de nuestro pueblo. Adelantando el llamado a elecciones, los sectores dominantes intentan canalizar y reencauzar institucionalmente el malestar popular. De este proceso emerge inesperadamente la figura de Néstor Kirchner, que trabaja sobre cierto ideario progresista y a partir del espaldarazo de actores como el duhaldismo y los medios de comunicación consigue ser la expresión del pretendido consenso social (pese a su segundo puesto y el escaso 22% de los votos), generando expectativas y operando en amplios sectores de nuestra sociedad.

Para la golpeada legitimidad del sistema político, el actual Gobierno constituye una bocanada de aire puro y «demuestra» que es posible un recambio sin ir ni un centímetro más allá de las fronteras de la institucionalidad de esta democracia sólo de formas.

Siete meses

En el tiempo que lleva el actual gobierno se pueden destacar algunos hechos que pueden aportar a la discusión sobre la supuesta remozada social democracia.
En lo económico, la política de extracción de riquezas naturales por parte de capitales transnacionales, inaugurada por el gobierno de Carlos Menem, no ha visto ni un sólo cuestionamiento. Así, avanza la usurpación de territorios por parte de la industria minera privada. Lo mismo sucede con el petróleo y el gas. La devaluación ha llevado al privilegio de las exportaciones, lo que provoca un alza desmesurada de precios en detrimento del mercado interno, sobre todo en alimentos. La compensación a bancos con bonos del Estado y el acuerdo con el FMI, comprometiendo el logro de un superávit fiscal, marca quiénes siguen siendo los privilegiados. Además, las negociaciones por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se sigue dando por detrás de bambalinas.
La política, como institución, no se ve cuestionada desde las supuestas filas del progresismo transparente. Los sistemas político-feudales de las provincias siguen garantizando su pervivencia a partir de la reelección de gran parte de los políticos cuestionados durante el año electoral que pasó. Es más, forman parte del marco de alianzas de los «transversales».

En relación a temas como seguridad y defensa, el ministro José Pampuro avanzó las relaciones con Washington, este mes de diciembre, al negociar la inmunidad de las tropas estadounidenses a cambio de radares última generación para Argentina. Ahora el Congreso deberá tratar el tema de los ejercicios conjuntos de las tropas y es tarea del campo popular ver hasta dónde se los deja llegar. Por otro lado, también aparece el cuestionamiento del gobierno nacional al accionar policial. Pero sus medidas efectivas no hacen más que seguir con la tradición política de las purgas, que no implican una reforma de las instituciones represivas. La práctica del gatillo fácil, el financiamiento ilegal, el encubrimiento, los apremios ilegales o la persecución de luchadores sociales son prácticas vigentes, más allá del cambio de cúpulas o de gestos ejemplificadores.

La salud y la educación siguen desfinanciadas, y esto se cristaliza en las protestas sindicales actuales de los sectores y en la porción del presupuesto que les ha quedado.

Los servicios públicos y las privatizaciones consolidan el continuismo. El esquema fue de gran confrontación mediática primero y acuerdo económico político después. Las telefónicas, ausentes de los debates. Las autopistas fueron reconcesionadas. Promesas de aumento de tarifas a los servicios de gas y agua sin revisión de los marcos generales ni las ganancias acumuladas. Incluso los concesionarios de los ferrocarriles garantizaron nuevamente los subsidios, que tanto cuestionamiento mediático generaron en el pasado.

La uni…dad del campo popular

El actual Gobierno se ha dado una política activa para potenciar la dispersión en el campo popular. Kirchner y sus ministros se meten en la interna piquetera, atizan el fuego, le sonríen a unos y golpean a otros, haciendo eje en aquellos elementos que marcan las diferencias entre las distintas organizaciones populares.

Y mal no les fue con su táctica. En el movimiento piquetero finalmente lograron instalar una brecha entre los buenos y los duros, creando un tercer espacio, intermedio, en el que se ubican diversas organizaciones populares que fueron arrastradas hacia una suerte de «apoyo crítico» a través de la estrategia que baja desde la Casa Rosada (algunas en su afán de tomar distancia de la izquierda partidaria, otras como consecuencia directa de su matriz nacional y popular que las acerca peligrosamente a las posiciones progresistas de Kirchner). Pero las intenciones de diferenciación y desarticulación por parte del gobierno quedaron al descubierto en el mes de octubre con el avance de la criminalización de la protesta a partir de la acusación a las organizaciones populares de secuestro al ministro de Trabajo.

El proceso de delimitación y reacomodamiento se da también en otros espacios de construcción del movimiento social: derechos humanos, fábricas recuperadas o movimiento estudiantil.

De aquí en más

Sin embargo, sería un error pensar que el actual reacomodamiento del edificio político marca su victoria definitiva y una clausura, sintetizada en el slogan que les sirve de bandera: «se quedaron todos».

Es cierto que hubo posiciones del campo popular que le abrieron el juego a esa lectura de derrota de la rebelión del 19 y 20, como las que vieron en estas jornadas populares la apertura de una etapa prerrevolucionaria de corto plazo. Así, quedaron expuestas ante las respuestas del régimen, ante su recomposición ideológica.
En cambio, otras voces marcaron que lo que se abría era una etapa de acumulación y articulación. Desde este punto de vista, las jornadas del 19 y 20 de diciembre abren una etapa que no se ha cerrado, en la que el actual gobierno se juega por la propia legitimación a través de la cooptación y la desarticulación, según los casos.

Y la no clausura de la etapa abierta se da tanto por la experiencia acumulada en las luchas, como por la vigencia de un sistema económico-político que excluye a las mayorías.