Presentación de Habeas Corpus por visitas irregulares de gendarmes
Una abogada del «Movimiento 24 de Marzo Nunca Más” de la provincia de Jujuy presentó el mencionado instrumento jurídico con el fin de «evitar futuras turbaciones o privaciones ilegitimas de la libertad” de dos militantes de su agrupación. Por ANRed.
Hace dos días (martes 14 de mayo), tres personas vestidas de civil se presentaron en una sede del «Movimiento 24 de Marzo Nunca Más” de la localidad de San Pedro en la provincia de Jujuy, con la finalidad de pedir información acerca de dos militantes de la mencionada agrupación: Pablo Juárez y Juan Antonio Gómez, argumentando que tenían en su poder unas grabaciones de entrevistas realizadas a ellos en Buenos Aires. Las tres personas (una de ellas se presentó como Torres), no tenían ningún tipo de orden judicial ni otro instrumento legal para exigir la información pedida, lo que pone el hecho por fuera del límite de la ley. Desde la agrupación se comunicaron con las autoridades correspondientes, pero solamente recibieron expresiones de desconocimiento acerca de la cuestión, y todos afirmaron que iban investigar, lo que indica que el hecho no salió de ninguna orden u operativo formal.
Ante esta situación, una abogada de la organización presentó un recurso de Habeas Corpus, que es una institución de orden jurídico que tiene como finalidad evitar privaciones de la libertad de carácter arbitrario, en el que se califica a este hecho como un «acto intimidante y violento” y pide la investigación del caso, para poder conocer las razones de esta irrupción de tres integrantes de la gendarmería en la sede del movimiento; saber si existen órdenes de detención para Juarez y Gómez; en caso de que esto último sea incorrecto, que se realice una certificación a los dos militantes en la cual se les informe acerca de esa situación; y que las fuerzas policiales jujeñas y la Gendarmería Nacional se abstengan de efectuar «injerencias arbitrarias en la vida personal y familiar de los amparados”.
Este tipo de accionar por parte de policías o gendarmes de la provincia del Noroeste del país no es casual ni aislado. Dichas fuerzas han recibido en más de una oportunidad denuncias de acciones arbitrarias y abusos de fuerza como el conocido «submarino seco” o la simulación de fusilamientos; así como también investigaciones irregulares sobre las muertes y la imposibilidad de acceder a la debida información acerca de las mismas, como el caso de Juan Martín Gómez, quien supuestamente murió, según la versión policial, asfixiado por su propia campera, mientras trataba de escapar luego de robar la casa de un oficial. Cuando su padre quiso acceder al registro de la causa, el permiso le fue denegado. Gómez ya había sido detenido, tiempo atrás, sin causa alguna, y fue asfixiado y golpeado por la policía jujeña.
Varias organizaciones de derechos humanos han hecho denuncias y pedidos a los Ministerios Nacionales, pero no obtuvieron respuestas contundentes. Resulta necesario aclarar que el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, es del Frente para la Victoria.
Así, las violaciones a los derechos humanos son marca registrada en la policía jujeña y en la Gendarmería Nacional, demostradas una vez más en este caso, no desentonan con el denominador común de estas fuerzas a los largo y a lo ancho del país, con una gran complicidad de una política de Estado que las sostienen.