Estado de la causa Mariano Ferreyra
La causa del crimen contra el militante del Partido Obrero y las lesiones a sus compañeros/as el 20 de octubre de 2010 en Avellaneda sigue avanzando y su final se acerca. Aquí, un resumen de lo que viene pasando en los últimos días. Por ANRed
Luego de que los abogados querellantes del Centro de estudios Legales y Sociales (CELS), en representación de la familia de Mariano Ferreyra, pidan cárcel perpetua para José Pedraza, Juan Carlos «Gallego” Fernández y otros 12 imputados, llegó el turno de la querella del Partido Obrero. La misma estuvo a cargo de Claudia Ferrero, de APEL, y María del Carmen Verdú, de CORREPI, quienes pusieron énfasis no solamente en pedir la máxima pena habilitada (recordemos que el Partido no tiene la posibilidad de pedir perpetua ya que solamente representa a los lesionados de aquellas jornadas de Avellaneda), de 25 años de prisión para los 17 acusados, sino también para «determinar las responsabilidades por participación o encubrimiento de los funcionarios Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y Aníbal Fernández, entre otros; de los empresarios y gerentes de Ugofe y de otros miembros de la lista Verde de José Pedraza y de la policía” (po.org.ar). A su vez, remarcaron el concepto de «plan criminal” a la hora de describir la causa, plan que consideran, tiene tres «patas principales”: la Unión Ferroviaria (Burocracia Sindical), U.G.O.F.E. (el empresariado) y el Estado.
Días después, llegó el alegato de la fiscalía, a cargo de la fiscal Jalbert, quien pidió perpetua para Pedraza y Fernández, con la carátula de «instigadores de homicidio calificado” , y para Díaz, Favale y Sánchez, a quienes se les atribuyó el carácter de «coautores de homicidio calificado”. El Partido Obrero, en la web del «Espacio de Mariano”, afirma que se produjo un aislamiento del alegato para alejar cualquier tipo de conexión política de funcionarios, policías y empresarios de U.G.O.F.E. Explica el Partido: «El equipo conducido por María Luz Jalbert «“´robustecido´ por la Procuradora Gils Carbó con la designación de dos fiscales ad hoc dos meses después de comenzado el juicio- pasó por alto todas las pruebas acumuladas que involucran al poder político y a los empresarios. Este ´abordaje´ debilita notablemente la acusación contra Pedraza como autor del plan criminal dirigido a aleccionar a los tercerizados, cuyas movilizaciones estaban poniendo en jaque fuertes negociados de la burocracia con Ugofe y el Estado, y el dominio político de ésta en el gremio. Se trata de un hecho que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua para Pedraza, Fernández, Favale, Sánchez y Díaz que «“según anticiparon- formalizarían el viernes. Este retaceo se complementa con el hecho de que los fiscales decidieron desglosar su alegato en dos partes, para referirse a la actuación de la policía en forma separada, sobre la cual mantendrían la acusación por ´abandono de persona´ (cosa que finalmente hicieron), un reproche que coloca sus responsabilidades en el terreno de la negligencia o la omisión de deberes. La policía, en realidad «“y esto es lo que terminó por develar el juicio-, fue parte activa y fundamental del plan criminal. Sin su deliberada colaboración, éste jamás hubiera podido haberse llevado a cabo”. A su vez, la fiscalía decidió la absolución inmediata de Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño. En relación a esto, el PO aclara: «Uño y Pérez habían sido señalados por un testigo imposible de ser caratulado como parcial (José Sotelo) como quienes retiraron las armas del lugar del hecho, luego de la agresión que culminó con el homicidio de Mariano. Por su parte, Pérez fue además denunciado durante el juicio por los periodistas de C5N como uno de los matones que los redujeron para que evitar que registraran con su cámara el momento del ataque fatal. Sin embargo, la fiscalía consideró ´insuficiente´ el testimonio de Sotelo y denunció que las amenazas a los periodistas de C5N ´no habían sido parte de la requisitoria de elevación a juicio contra Pérez´. Dicho esto, los defensores de ambos solicitaron sendas excarcelaciones; la fiscal manifestó que no tenía oposición y el tribunal concedió el pedido en el acto.”
Por otra parte, desde el PO se critican la concepción que la fiscalía tuvo con respecto al crimen. En primer lugar, su alusión a que el objetivo del plan era simplemente impedir un corte de vías, cuando en realidad tenía con principal finalidad «aleccionar a los tercerizados”. A su vez, el partido denunció la injerencia del ejecutivo nacional en la decisión de la fiscalía: «El equipo de fiscales fue intervenido por la procuradora Gils Carbó, pocas semanas después de iniciado el juicio oral, cuando designó dos nuevos fiscales para ´robustecer´ la representación del ministerio público. A la luz del alegato de la fiscalía, queda clara cuál fue el objetivo que persiguió el gobierno con esas nuevas incorporaciones: limitar las derivaciones políticas de la causa, dejar fuera de cualquier investigación a empresarios y funcionarios públicos (no pidieron ninguna medida sobre ellos) y así preservar el régimen de administración de los ferrocarriles formado por el kirchnerismo en el curso de la última década. El resultado es que el alegato de la fiscalía debilita la acusación contra Pedraza, algo que no puede quedar disimulado por el pedido de perpetua.”
Luego, le tocó el turno al abogado de José Pedraza, Carlos Froment, quien pidió la absolución de su acusado, con el insólito argumento de la falta de pruebas contra el mismo. Argumentó que «no estuvo en el lugar del hecho”, no «tuvo contacto con Pablo Díaz ni lo conocía a Cristian Favale”. También negó la existencia de un «Plan Criminal” y hasta llegó a catalogar a las acusaciones hacia su defendido como algo «pseudo armado” (algo tan incoherente como irreal). Así lo explica el Partido: «En un desborde de cinismo, el defensor de Pedraza atribuyó a la causa un «pseudo armado” motivado por móviles económicos (´Pedraza y la UF son los únicos que podrían responder económicamente a una demanda civil´) y políticos (´Pedraza es un viejo dirigente sindical y esta situación les vino como anillo al dedo a los opositores para sacarlo del sindicato´).” Por otra parte, atribuyó un «espíritu cooperativo” a la Cooperativa «Unión del Mercosur” y negó que redituara beneficios a José Pedraza. Por todo esto, pidió la nulidad del alegato de los querellantes.
El 6 de marzo fue el turno de los alegatos de los defensores de Juan Carlos Fernández (Alejandro Freeland) y Gabriel Sánchez (Gustavo D´Elia), acusados de instigador de homicidio calificado y autor material respectivamente. Ambos negaron la existencia de un plan criminal, caracterizaron a la situación como en una «riña consentida” y pidieron la absolución de sus respectivos clientes. Freeland, quien más tiempo habló en la jornada, catalogó a la acusación contra Fernández y los demás imputados como un «relato infundado, desmesurado y ficcional” y también marcó que en el mismo había intereses políticos bien marcados. Se justificó el ataque de la siguiente manera, según el Partido Obrero: «la patota fue la víctima y ´alguien´ que llevó a Barracas un arma, la utilizó para ´defenderse´ de los manifestantes, ´disparando al suelo y al aire´”. En esta sintonía, declaró que es Mariano Ferreyra quien avanza para correr, y justo en ese momento recibe el disparo, en una idea que tergiversa la totalidad del hecho. En términos generales, así caracterizó el Partido Obrero la intervención de Freeland: «Durante tres o cuatro largas horas, Freeland desgranó una narración aberrante. No tuvo empacho en tergiversar pruebas y testimonios, y en retorcer hechos probados, completando baches y lagunas de su relato con mentiras. Describió a los manifestantes como un grupo ´agresivo´, formado por hombres y ´mujeres más violentas que los hombres´, que concurrieron a las vías ´armados´ y ´decididos a confrontar´.” Por último, Freeland negó la existencia de un plan criminal con el objetivo de aleccionar tercerizados, y afirmó que el único temor de Fernández era que «armen un sindicato paralelo como en el subte, y aunque no les den la personería, te juntan 500 tipos y hacen quilombo”.
El 19 de marzo, dieron su alegato los abogados de Ferreyra y Mansilla, policías integrantes de la Jefatura de la División Roca de la Federal, y de Echavarría, subcomisario. El primero de ellos, afirmó que no debía haber un juicio político sino uno «legal”, negó la existencia de un plan criminal y acusó al Partido Obrero de dar un «discurso político” .Con este argumento, parece querer separar todo el aparato político-burocrático que existe por detrás de la causa (aparato que incluye funcionarios, empresarios, burocracia sindical, efectivos policiales, etc.). Por su parte, declaró que sus defendidos estaban «al margen” del conflicto y que solían denunciar los casos de tercerización laboral. Negó el carácter de «abandono de persona” que la fiscalía atribuyó a sus defendidos, argumentando que loa manifestantes tenían «palos y gomeras”, por lo que no estaban en «estado de indefensión”.
Por su parte, Hilario Lagos, abogado defensor de Echavarría, negó la carátula de «abandono de persona”, se quejó de «la política” y utilizó el concepto de «plan criminal”, pero para atribuírselo al Partido Obrero, ya que «sus beneficios son francos daños y perjuicios y la repercusión en la prensa”.
El caso de Mariano Ferreyra aún tiene un camino por recorrer en la justicia, pero cada vez falta menos para su finalización y el conocimiento del veredicto final.