Cada vez más trabajadores precarizados en la UNLP
En la Universidad Nacional de La Plata, cientos de estudiantes participan de las pasantías y becas de inserción laboral que se ofrecen desde diversos estamentos de esta casa de estudios. Estos puestos de trabajo se realizan mediante convenios con organismos estatales y empresas privadas, y no cuentan con regulación ni seguimiento por parte de las autoridades de la Universidad. Las becas de inserción laboral incluyen contratos en negro con salarios bajos, carecen de aportes jubilatorios y obra social, y los becarios no tienen garantía de estabilidad, porque la duración de las becas es indefinida. Por ANRed La Plata
Cada vez más trabajadores precarizados en la UNLP
En los últimos años han surgido diversas actividades y manifestaciones por el pase a planta permanente de los estudiantes que participan de las pasantías y becas de inserción laboral. Uno de los conflictos más visibles es el de los trabajadores pasantes del call-center de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), pero decenas de estudiantes han comenzado a impulsar medidas de reclamo en diversos espacios de trabajo, como el Instituto de Previsión Social, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otros.
Call centers de ARBA
En este caso, el conflicto se inició a fines del año 2010, luego de que los trabajadores de la institución, situada en 47 entre 8 y 9 de La Plata, decidieran llevar adelante un paro y medidas de fuerza exigiendo la incorporación a planta permanente de todos los pasantes. Los días previos habían presentado notas tanto al director del organismo, Martín di Bella, como a gerentes y encargados del call center, manifestando el no cumplimiento de la ley 26.427 de pasantías educativas, sin obtener respuesta favorable de la institución. Es notable el hecho de que en el call center de ARBA, al momento del conflicto, llegó a haber 154 pasantes frente tan sólo 14 trabajadores en planta permanente.
La ley de pasantías educativas establece, en su artículo 2°, que las pasantías deben ser un conjunto de actividades formativas «sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico”. En el caso del call center, estudiantes de las facultades de Ciencias Económicas y de Ciencias Jurídicas y Sociales atienden el teléfono para consultas impositivas variadas, pero que no se relacionan con el proceso formativo de las carreras que estudian. Esta tarea, según los pasantes, debería ser llevada adelante por personal de planta permanente, razón por la cual durante el último año y medio se han impulsado numerosas acciones de movilización.
A fines del año pasado, finalmente, se abrió la posibilidad de una resolución del conflicto: las autoridades de la institución se comprometieron a pasar a planta a los más de 100 trabajadores precarizados. Se iniciaron, en los últimos meses, tres expedientes para tramitar el mencionado pase a planta. En una primera instancia, los gerentes de ARBA incluyeron sólo a una parte de estos trabajadores, pero en el transcurso de este año se llevaron adelante otras movilizaciones y paros que consiguieron la apertura de los otros dos expedientes incluyendo al resto de los pasantes.
Instituto de Previsión Social
En este organismo fueron ingresados 34 pasantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a principios del año 2012. Según una circular interna de la institución, los mismos iban a cumplir tareas que asumía personal de planta permanente y de planta temporaria que, por diversos motivos, no se encuentran trabajando. Las tareas que asumen son mayormente administrativas, como liquidación de sueldos, atención al público, entre otras, que no mantienen ningún tipo de relación con lo específico de la casa de estudios de la que provienen los pasantes.
A principios de este año se extendieron por seis meses las pasantías, que originalmente eran de un año, para seguir cumpliendo las funciones antes mencionadas. En este marco, a fines de junio y fines de agosto concluye el convenio, por lo que estos 34 pasantes quedarían sin trabajo. Esto los llevó a comenzar a organizarse, y pasantes precarizados de este espacio junto con los de otras instituciones del Estado, como los que trabajan en la línea 911, comenzaron a impulsar un Comité contra la Precarización en la UNLP.
Este espacio apunta a nuclear a los pasantes de la Universidad para poder canalizar sus reclamos de conjunto y poner en tela de juicio las pasantías. Durante los próximos días, algunos trabajadores precarizados del IPS comenzarán a impulsar su reclamo por medio de alguna intervención en el espacio público. En este sentido, es importante destacar la falta de apoyo desde la conducción del sindicato de los trabajadores estatales, ATE, que decidió no participar del conflicto luego de una reunión mantenida entre los pasantes y representantes del gremio.
Comisión Provincial por la Memoria
En el Comité Contra la Tortura, que depende de la Comisión Provincial por la Memoria, los estudiantes que trabajan a través de pasantías están atravesando una situación de clara desigualdad, incluso en relación al resto de las pasantías que dependen de organismos de la provincia. La ley de pasantías educativas establece, en el artículo 15, que «los pasantes reciben una suma de dinero en carácter no remunerativo [«¦] que se calculará sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable”. Sin embargo, los trabajadores de la institución están atravesados por una situación de absoluta precariedad laboral: la Comisión Provincial por la Memoria no tiene planta permanente, sino que todos sus trabajadores están contratados de manera transitoria como monotributistas.
Este es un ejemplo claro de fraude laboral, ya que esta forma de contratación desconoce que existe una relación de dependencia, excluye a los trabajadores de los derechos adquiridos por los gremios, ya que no pueden afiliarse a ellos y, además, los deja en una situación de inestabilidad laboral, porque los contratos a término que se establecen pueden renovarse o no al término de los mismos. Además, esta situación repercute directamente en el salario que perciben los estudiantes que participan de las pasantías en la Comisión.
El monto a cobrar por las pasantías a otras instituciones, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, entre otros, se calcula sobre los salarios básicos de los empleados de planta permanente, pero en el caso de la Comisión, este monto se calcula sobre el salario mínimo, vital y móvil, que es de $2.875 para trabajadores a tiempo completo. En el caso de las pasantías, la jornada laboral es a tiempo parcial, ya que no puede exceder las 20 horas semanales, por lo que el sueldo de los pasantes de la Comisión es de aproximadamente la mitad de este monto, rondando los $1.400 mensuales.
De esta manera, el no cumplimiento de la ley de Pasantías Educativas provoca que la función de este instrumento legal, finalmente, sea la de proveer a instituciones, tanto privadas como del Estado, de mano de obra barata para realizar las tareas que corresponden al personal propio de cada una, profundizando así la situación de precarización laboral que atraviesan estudiantes y trabajadores de la Universidad.
Foto de Tapa: Partido Obrero