El gobierno neuquino amenaza con una consulta popular para prohibir la huelga docente
Los docentes neuquinos marcharon el miércoles en el marco de las medidas de fuerza adoptadas en reclamo de mejoras salariales. Mientras tanto, el gobierno de Jorge Sapag amenaza con descuentos y la realización una consulta popular para prohibir la paralización de las clases. Por ANRed Comahue
Unos 5.000 docentes neuquinos nucleados en ATEN marcharon este miércoles hacia el puente carretero que une Neuquén-Cipolletti como parte de las medidas de fuerza que llevan adelante en reclamo de un incremento salarial. El conflicto ya entró en su segunda semana, tras el no inicio del ciclo lectivo, el pasado 25 de febrero, y los sucesivos días de paro definidos por plenario.
ATEN fue el único gremio que no logró acordar con el gobierno de Neuquén durante el 2012 . A fines de enero de este año el gobernador Jorge Sapag dio por terminada la discusión y otorgó por decreto un aumento -que ya había sido rechazado por los docentes- de $480 no remunerativos y bonificables, más una suma fija por única vez no remunerativa y no bonificable de 960 pesos. Lo pedido por ATEN es un incremento del 35% para este año, más la recomposición de la segunda mitad de 2012.
El pasado viernes 1 de marzo, en ocasión de la apertura de sesiones de la Legislatura, Sapag advirtió que se impulsará una consulta popular para prohibir la paralización de las clases en Neuquén, medida que intenta emular a la Constitución de Ecuador, que establece a la educación pública como servicio vital que no puede ser interrumpido. «Vamos a propiciar, vamos a estudiar y vamos a alentar una consulta popular para convalidar democráticamente un pensamiento firme en cuanto a la no interrupción de la educación pública”, dijo en su discurso. Además, aseguró que los días de paro serán descontados.
El lunes el ministro de Trabajo, Gabriel Gastaminza, aseguró que las liquidaciones por el mes de febrero ya fueron realizadas y que el dinero «ahorrado” -unos 7 millones- será utilizado para «construir algún establecimiento educativo”. «El gobernador ha sido claro en cuanto a que las finanzas y recursos provinciales no permiten otorgar el recurso que ellos pretenden. Estaríamos hablando de cifras millonarias que hoy por hoy la provincia tiene. Así que nos resta esperar que recapaciten y ver desde el área de Educación qué medidas se pueden adoptar en pos de que no se afecte el derecho de los niños”, manifestó.
Sobre esta supuesta falta de presupuesto, ATEN denunció ese mismo día en conferencia de prensa que el gobierno presentó un proyecto de presupuesto «inflado” en unos 1.000 millones de pesos. «El gobierno ha subvaluado los ingresos como lo hace año tras año y también el gasto. Ha puesto gastos por encima de lo que finalmente termina ejecutando”, dijo el secretario general del gremio, Daniel Huth.
El titular de ATEN Provincial consideró la propuesta de consulta popular de Sapag como una «chicana” política más y advirtió que «la ley no es superior a la Constitución”, por lo que de aprobarse la iniciativa del gobernador seguiría chocando con el derecho constitucional de ejercer la huelga.
A la marcha del miércoles se sumaron unos 5.000 docentes que se concentraron en el centro de Neuquén para luego realizar una volanteada informativa en el puente que une a esta ciudad con la vecina Cipolletti. El gremio realizó el martes asambleas de todas las seccionales, a las que le siguió el plenario de secretarios generales donde se decidió la continuidad de las medidas de fuerza por 72 horas más.
Sin ideas
La propuesta lanzada por el gobernador en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura provincial sobre prohibir la paralización de la educación al declararla como servicio público vital no es demasiado novedosa.
En 2010, con motivo de otro conflicto prolongado entre ATEN y el gobierno, el mismo Sapag había emitido el decreto 735/10 para declarar la educación «servicio público esencial”. En él se ordenó establecer un régimen mínimo de planteles en los establecimientos educativos para garantizar su apertura y el cumplimiento del cincuenta por ciento (50%) del dictado de clases como mínimo.
El decreto -fuertemente repudiado por ATEN y diferentes sectores políticos- si bien no fue derogado, resultó inaplicable.