Una de cal y una de tierra
En medio del resistido pacto entre el Pro y el kirchnerismo por terrenos inmobiliarios en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires se promueve la ley de acceso justo al hábitat, contraria a la política implementada en el distrito más importante del país. Por Pablo Vitale*, para ANRed.
Paradójicamente, el mismo día el kirchnerismo impulsó dos leyes diametralmente opuestas en relación al hábitat popular urbano. En la ciudad de Buenos Aires el bloque K de la Legislatura promovió hasta último momento, y en una espuria alianza con el macrismo, un megaproyecto inmobiliario a medida de la empresa IRSA, afectando directamente a la lindante villa Rodrigo Bueno.
En provincia de Buenos Aires, en tanto, el senado transformaba en ley un proyecto resistido por Scioli de «acceso justo al hábitat” por el que viene luchando desde hace años un amplísimo arco de organizaciones territoriales. Este proyecto se difundió mediáticamente porque contiene una cláusula que obliga a los desarrolladores de grandes barrios cerrados a ceder una porción del suelo adquirido con fines de vivienda social (medida edulcorada en la versión final, ya que no se obliga a que esas tierras sean parte de las destinadas a esos emprendimientos). Pero lo que insólitamente pasan por alto buena parte de los analistas del «periodismo inmobiliario” es que esta ley va por mucho más y «“como señalan sus representantes más lúcidos- pone en cuestión el carácter sacrosanto de la propiedad privada inmobiliaria; esta es la mejor noticia para los sectores populares.
Es que, como se señala en la ley, «la tierra, en general se valoriza por la acción estatal y no del propietario y, consecuentemente, el Estado está obligado a recuperar parte de ese incremento para la sociedad”. Y esto tiene una implicancia muy directa sobre el acceso al suelo urbano por parte de los sectores populares, restringido por las prácticas especulativas de esta suerte de terratenientes urbanos, que se encuentran amparados «por una concepción del derecho de propiedad de origen civilista, individualista y excluyente («¦) violatorio de los esenciales principios de igualdad y equidad, poniendo al margen del cumplimiento de obligaciones a los propietarios de la tierra” (fundamentos de la Ley).
Es muy probable que Scioli limite los alcances de esta ley «“cosa que seguramente será exiguamente resistida por el resto del kirchnerismo-. Sin embargo, las herramientas que plantea la ley pueden ser un piso interesante para la lucha que, en cualquier caso, hay que dar desde los sectores populares. Entre estos instrumentos se pueden señalar, por ejemplo: la recuperación de plusvalías urbanas, lo que implica cobrar por esa parte de la ganancia del terrateniente vinculada a mejoras hechas por el Estado, como provisión de servicios, calles, etc.; no tan enfático, pero presente, la movilización de suelo e inmuebles vacantes, a través del cobro de impuestos progresivos a tierra y vivienda ociosas, llegando inclusive a plantearse su expropiación con fines sociales.
Estas medidas son las que están condensadas en sus «principios rectores”: el derecho a la ciudad y a la vivienda; la gestión democrática de la ciudad; el reparto equitativo de cargas beneficios; y, quizá lo más progresivo que establece la ley y lo que, en consecuencia requerirá más lucha, la función social de la propiedad.
Sin lugar a dudas, la ejecución de esta ley tiene como condición ineludible una compleja y larga lucha que implicará a las organizaciones que vienen luchando desde hace años por tierra y vivienda; organizaciones que ya saben de plazos prolongados y que han dado grandes pasos en esa batalla. Esta ley, con todos sus límites e imprevisibilidades, es uno de ellos.
*Politólogo, Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA / Área de Estudios Urbanos