20/11/2003

El territorio patagónico bajo la mira

Las condiciones políticas y económicas son cada vez más favorables a la usurpación de las tierras patagónicas y sus riquezas.


En la nota «Resistencia del Pueblo mapuche» (en esta misma sección) describimos el violento intento de desalojo vivido por la familia Fermín, parte de la comunidad mapuche de Vuelta del Río. Este conflicto, como muchos otros de la región, se ve provocado por los intereses económicos que despierta el territorio patagónico.

Parte de esos intereses tienen que ver con el negocio minero. Las vetas de oro que más prometen en el continente ya atrajeron a más de veinte multinacionales mineras dispuestas a explotar las casi 150 minas ya exploradas a lo largo de todo Chubut. Las multinacionales exigen la aplicación de la Ley 24916, sancionada en 1993, que otorgó a las mineras derechos inauditos sobre los recursos no renovables del territorio, como por ejemplo, que paguen regalías a las provincias por valor del mineral en boca de mina (en bruto), un valor mucho menor al valor del mineral procesado.

El pueblo de Esquel tomó resonancia mediática por enfrentarse a esta avanzada multinacional desde la organización asamblearia. En un plebiscito no vinculante, arrancado al poder político a fuerza de movilización, obtuvo 11000 votos de rechazo a la mina contra los 2000 votos a favor, pese a los miles de desocupados que habitan allí. Este movimiento asambleario entabló articulaciones con localidades aledañas y con las actividades del pueblo mapuche. Principalmente, los cortes de ruta de febrero de este año, en los que se escrachó la estancia de los Benetton y la ocupación de los tribunales de Esquel, en una marcha de 7000 personas en protesta por la violencia sufrida por la familia Fermín.

Pero la minería no es el único interés que amenaza a los habitantes del sur. Hacia 1996 comenzó un proyecto que se llamó Patagonia XXI que lo realizó una consultora belga en el que intervinieron todas las provincias patagónicas más La Pampa. Esta consultora evaluó los niveles de productividad de cada región. Decidieron que en la meseta, para que la ganadería sea sustentable, cada productor no puede tener menos de 6000 cabezas de ganado. Entonces, la política apunta a la eliminación del puestero y a la concentración de la tierra. Después se diagnosticaron otras áreas como bosques o minería. Una vez que estuvieron los resultados se empezaron a diseñar políticas. Hay toda una estrategia de extracción. Se suman a estas áreas, los recursos de la biodiversidad y el turismo.

El «desierto» legal

El pueblo mapuche se encuentra en una relación de desventaja jurídica respecto del resto de los habitantes de la zona, debido a que muchos de los territorios que históricamente habitan no están siendo reconocidos por el Estado argentino. Actualmente no se aplican los principios establecidos por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 que incorpora el inciso 17 en el artículo 75, que declara «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos», y garantiza «el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan».

Pero sucede, en abrumadora cantidad de casos, que los territorios que habitan las comunidades aborígenes figuran como fiscales. Es así como el Estado realiza las ventas y como luego los terratenientes se encuentran con que tienen un poblado en el interior de sus campos -este es un procedimiento que se reproduce en todo el país-, pese a la preexistencia centenaria de los pobladores. Obviamente que esta compra no es inocente, muchas veces los habitantes originarios son utilizados como mano de obra barata o esclava por estos terratenientes.
Coordinación para la resistencia

Hernán Scandizzo, de la organización 11 de octubre, comenta que «comenzamos a colaborar con el No a la Mina desde el comienzo. La mayoría de los desocupados de Esquel son mapuche y se presionaba sobre ellos para utilizarlos como mano de obra minera. Esto tiene una profunda relación con la caída del precio de la lana y una reconversión económica de la zona. Pero se logró un trabajo de coordinación muy interesante entre las comunidades mapuche del noroeste de Chubut que permitió enfrentar varios conflictos».

A partir de estas primeras articulaciones por el tema minero y luego, con motivo del intento de desalojo de la familia Fermín en Vuelta del Río, se hizo en abril de este año el Primer Parlamento Mapuche en esa localidad, donde participaron mapuche que viajaron hasta mil kilómetros para llegar al lugar.

Para profundizar el trabajo iniciado, se celebrará el Segundo Parlamento Mapuche los días 11 y 12 de octubre en el Paraje Buenos Aires Chico, en la Provincia de Chubut, Puelmapu-Territorio Mapuche.

Para comunicarse con la Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de octubre enviar un correo a puelmapu@terra.com.ar

Agradecimiento a la fuente: Hernán Scandizzo, de la 11 de octubre e Indymedia.


Antecedentes de la usurpación

En el año 1878, el general Roca benefició a los que subvencionaron su campaña de exterminio y los recompensó mediante la Ley 947: con la cual 391 personas se apoderaron de 8.548.817 hectáreas en La Pampa, Río Negro y Neuquen. En 1885, la Ley 1628 recompensó a los militares que participaron en la campaña de eliminación de aborígenes: 541 personas se apoderaron de 4.679.510 hectáreas, desde La Pampa hasta Tierra del Fuego.

Los sobrevivientes fueron ubicados en zonas alejadas de su tierra originaria. Desde finales del siglo XIX se instrumentaron desde el Estado un conjunto de medidas tendientes a organizar «colonias indígenas». La colonia era una zona donde se mantenía apartada a la comunidad aborigen del conjunto de la sociedad, bajo la severa tutela del Estado. Esta vigilia estaba destinada a «traerlos gradualmente a la vida civilizada» a partir de las «misiones cristianas creadas en cada uno de los lugares» (Ley 1532, año 1884). Las colonias tenían mucho de confinamiento pues se encontraban, en muchos casos, bajo las órdenes de un intendente militar y con la presencia de un sacerdote dedicado a la conversión.



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