Guatemala: Masacre en Totonicapan
Como hace 520 años atrás, se repite la represión del Estado guatemalteco en contra de los pueblos indígenas en defensa de intereses foráneos. La agresión militar dejó 8 muertos y más de 30 heridos durante una manifestación organizada por la ancestral Agrupación de los 48 Cantones de Totonicapan.(Por ANRed)
El pasado 4 de octubre se organizó en el departamento de Totonicapan, al oeste de la capital, una protesta de indigenas k´iches la cual bloqueó tramos de la carretera interamericana. La movilización se dió bajo tres principales consignas. Por un lado, el rechazo al incremento desmedido de las tarifas eléctricas por parte de la empresa inglesa Energuate, ya que el sector empresarial obtiene ganancias a partir de las abusivas tarifas y del aprovechamiento de los ríos para la obtención de energía. La reforma educativa, que pretende acotar a 5 años la carrera magisterial profundizando así el proceso de privatización de la educación tambien fue uno de los reclamos.
El tercer punto de rechazo se dió hacia los intentos del gobierno nacional de reforma de la carta magna, alegando que busca favorecer a los grandes empresarios en detrimento de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni gozan de la información suficiente lo que garantice el diálogo necesario para la construcción de una nueva constitución.
A pesar de las reiteradas sanciones que recibió el Estado de Guatemala por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dada la utilización de armas de guerra para acciones de control civil, en esta ocasión los efectivos militares abrieron fuego contra los manifestantes. Una vez más los agentes antidisturbio de la Policía Nacional Civil y el Ejército iniciaron los disparos de forma brutal e indiscriminada.
Fueron 8 los muertos y más de 30 los heridos como consecuencia del ataque. Asimismo, durante la masacre desapareció Domingo Pablo Puac Vázquez, quien fue encontrado sin vida y con señales de tortura el día 27 de octubre.
Mientras se daban estos hechos, la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones aguardaba ser atendida por las autoridades del gobierno de Otto Pérez, con el fin de dialogar y hacer llegar las demandas populares y propuestas para la nacionalización de la energía eléctrica y la reforma constitucional.
Otto Pérez Molina, quien encabeza el nuevo gobierno en Guatemala es un ex general del ejército y sus principales ocho carteras están en manos de militares retirados. A principios de año el ejército contaba con seis brigadas de infantería, diez comandos especiales en tierra, dos aéreos y dos de mar. Ahora cuenta con ocho nuevos destacamentos y se están por abrir dos más.
Existe gran temor por parte de distintos organismos de derechos humanos y diversas organizaciones frente a la creciente militarización en el país. La violación del derecho universalmente reconocido y nacionalmente garantizado de la protesta es una muestra del accionar autoriario y de negación al dialogo del gobierno guatemalteco.
Conocido como Alaska, el km 169 de la ruta interamericana de Totonicapan fue el lugar donde el ejército perpetró la masacre. Paradogicamente, es a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1996 que el Estado de Guatemala reconoce al pueblo indígena su derecho territorial. Un año antes, el gobierno-ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG) firmaron el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el cual se reconocía un Estado multicultural y pluriétnico y comenzaba el proceso de desarme de las guerrillas dando fin a una guerra interna que duró 36 años.
Sin embargo, apesar de los acuerdos y convenios internacionales, los derechos del movimiento indígena no son reconocidos de hecho. El acuerdo firmado hace 16 años sólo sirvió para tratar de desmovilizar al pueblo y abrir al país al sistema neoliberal y a un modelo de Estado ladinocentrico.
Los diputados que representan a las comunidades indígenas no tienen verdadera legitimidad social en las bases y se han convertido en funcionarios publicos sin decisión ni impacto. A su vez según los datos oficiales la población indígena no supera el 30% mientras investigaciones independientes muestran que alrededor del 60% de la población es indígena maya.
Apesar de los intentos de neutralizar el movimiento indígena por parte del Estado, no cesa la constante lucha del movimiento social que resiste a ser contaminado y expulsado por los proyectos de hidroeléctrica, minería y monocultivo. Así es como el pueblo indígena sale a las calles con el fin de incorporar sus demandas historicamente postergadas de la agenda nacional.
El episodio criminal ocurrido fue condenado por diversas organizaciones nacionales e internacionales que temen el inicio de un espiral de violencia y muerte reiniciando los conflictos vividos en el país por tantos años.
Los 48 cantones k´iches del municipio de Totonicapan marcharon nuevamente el 23 de octubre, recorriendo más de 10 km de camino con el fin de pedir justicia y en repudio a la política represiva de criminalización de la protesta. Asimismo, el 29 de octubre difundieron una carta dirigida al presidente en la que se reitera el rechazo a la reforma constitucional que se esta promoviendo desde el Estado ya que «esas reformas no son las que el Estado necesita, además usted con ellas pretende consolidar el poder hegemónico de un pequeño grupo de personas sobre el resto de la población”.
La estatua de Atanasio Tzul, considerado prócer de la independencia nacional por encabezar un levantamiento indígena en 1820 en San Miguel de Totonicapan, fue cubierta por un manto negro por los pobladores en señal de luto. Su lucha persiste en estos días con el fin de que sus reclamos de justicia y diálogo sean tomados en cuenta por un gobierno que las reprime en una actitud de imposición, prepotencia y autoritarismo.