Foto Informe: crónica de la jornada de movilización por la sentencia de la Masacre de Avellaneda
Una gran cantidad de organizaciones piqueteras, estudiantiles y partidarias marcharon ayer hasta los Tribunales de Lomas de Zamora con motivo del dictamen de la sentencia contra los autores materiales de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de 2002. A su vez, un grupo de manifestantes escrachó el domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde. Familiares, amigos y militantes coincidieron en exigir el juzgamiento a los autores intelectuales de la Masacre de Avellaneda.
Informe: ANRed / Fotos: Prensa de Frente (movilización y escrache a Duhalde) e Indymedia Buenos Aires (Sala de los Tribunales).
La mayoría de las organizaciones comenzaron a concentrar y a organizar sus respectivas columnas en la estación de Banfield, alrededor de las 14, y la marcha comenzó aproximadamente a las 15:30, mientras que en la puerta de acceso a los tribunales se agrupaban los primeros periodistas y familiares para poder participar del cierre del juicio.
En tanto, otras organizaciones, como Quebracho, la CTD, una parte del MTD Aníbal Verón, la OLP, el MTL, Martín Fierro y el MTR Cuba optaron por concentrar primero en la estación de Avellaneda, a las 14 horas, para luego viajar hacia la estación de Banfield.
La marcha central, de 12 cuadras y «escoltada» por delante y detrás por móviles policiales, contó con la presencia del Frente Popular Darío Santillán, MTD Aníbal Verón, Movimiento Carlos «Petete» Almirón, UTP, MST Teresa Vive, Polo Obrero, M-29, MUP, FTC, UTDoch, UTL, FUBA, PTS, MAS, M-IR, el Centro Cultural Agustín Tosco y, por el lado de los organismos de derechos humanos, Correpi, Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, H.I.J.O.S., entre otros.
Problemas en los tribunales
Si bien los familiares de Santillán y Kosteki, los integrantes de los organismos de derechos humanos y la prensa llegaron a los Tribunales de Lomas de Zamora alrededor de las 15:30, recién pudieron ingresar a partir de las 17:30, luego de discutir arduamente con los encargados de seguridad del lugar. A pesar de la alta temperatura, que llegó a los 38 grados y que afectaba principalmente a las personas mayores que estaban esperando en las afueras de los tribunales, quienes estaban a cargo de controlar la entrada de personas al lugar hicieron caso omiso de lo sucedido y dilataron hasta lo imposible una situación que caldeó los ánimos de quienes debían participar de la sentencia.
El grueso de la movilización ya había llegado al lugar y los oradores se disponían a leer la solicitada firmada por más de 500 organizaciones en la que se hacía hincapié en las responsabilidades de los autores políticos e ideológicos de la Masacre de Avellaneda.
Una vez adentro de los tribunales, la situación no fue del todo fácil: un fuerte dispositivo de seguridad cumplió estrictamente la revisación de las pertenencias de cada uno de los ingresantes al recinto, como así también su cacheo personal, lo cual aletargó aún más el momento de la sentencia. Todo este operativo de seguridad duró alrededor de una hora, a partir de la cual el público y la prensa recién pudo entrar al recinto.
Sin embargo, y a pesar de la larga y tensa espera, el público que debía participar tuvo que esperar alrededor de una hora y media más, a pesar de que el anuncio del veredicto se había fijado a las 17. A las 19 horas, la excusa esta vez fue que la impresora que iba a hacer las copias de la sentencia que debía leer el tribunal «no estaba funcionando».
«Darío y Maxi: ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!»
Finalmente, luego de varias idas y vueltas y excusas y dilaciones de los funcionarios judiciales y gracias a la creciente presión que diferentes organizaciones piqueteras empezaron a ejercer en las puertas de los tribunales con la quema de cubiertas, los familiares de Darío y Maxi pudieron sentarse a escuchar el comienzo de la lectura del veredicto de la causa a las 20:25.
De manera previsible, el Tribunal Oral n°7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En la lectura de las sentencias sólo se presentó Acosta; ninguno de los demás acusados estuvo en la sala.
Por su parte, los ex oficiales Vega, Quevedo, de la Fuente, Sierra y Colman -que actuaron en la masacre, acusados de encubrimiento agravado- recibieron entre cuatro y dos años de prisión. El veredicto para Robledo, policía retirado que realizó detenciones, fue de 10 meses de prisión en suspenso.
Cuando finalizó la lectura del dictamen, los familiares e integrantes de las organizaciones presentes se retiraron del recinto con cánticos contra los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda, dejando en claro los próximos pasos que seguirán con esta causa.
Lo que se espera: el juzgamiento a los responsables políticos
La causa n°14215 (en el juzgado federal de Norberto Oyarbide) fue iniciada por la madre de Kosteki y está referida a la responsabilidad de los funcionarios que tenían cargos en el momento de la masacre. Si bien dicha causa no ha avanzado, tampoco prescribió: familiares y abogados intentarán, entonces, reimpulsarla.
Durante el juicio oral en el Tribunal de Lomas de Zamora, gran parte de los ex funcionarios, por ser imputados ante la Justicia Federal, no se presentó. Pero, de los ex funcionarios duhaldistas que sí prestaron declaración se destacan los siguientes puntos:
El testimonio de Carlos Soria, ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), quien sostuvo que la movilización del 26 de junio del 2002 era un «caso testigo» frente al cual se debía reafirmar el principio de autoridad del Estado.
Alfredo Atanasoff, ex jefe de Gabinete, afirmó que el corte del Puente Pueyrredón sería considerado una declaración de guerra, razón por la cual se ordenó el operativo combinado de las fuerzas de seguridad (Policía Federal y bonaerense, Prefectura y Gendarmería).
La declaración de Juan Pablo Cafiero, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: «La policía es un sujeto que escucha discursos y que actúa en base a discursos».
A partir de estas declaraciones, los abogados querellantes elevaron en sus alegatos una serie de pedidos, a los cuales los jueces del Tribunal de Lomas de Zamora dieron lugar:
Enviar copias de las declaraciones de los ex funcionarios al juzgado de Oyarbide para evaluar el accionar de Eduardo Duhalde (ex presidente), Juan José Álvarez (ex secretario de seguridad), Luis Genoud (ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires), Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia), Alfredo Atanasoff (ex Jefe de Gabinete), Jorge Matzkin (ex Ministro del Interior), Carlos Ruckauf (ex Ministro de Relaciones Exterioes y Culto), Carlos Soria (ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado), y su segundo, Oscar Rodríguez y Edgardo Beltrachi (ex jefe de la bonaerense).
Investigar la actuación de la SIDE sobre las organizaciones sociales.
Investigar los vejámenes cometidos contra los manifestantes detenidos en la comisaría 1ª de Avellaneda.
«Duhalde asesino, después por vos venimos»
Mientras en el recinto se leía la sentencia del tribunal, cerca de 50 manifestantes, organizados en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), llevaron a cabo alrededor de las 20:30 un escrache en el domicilio lomense del ex presidente Eduardo Duhalde, con ausencia de presencia policial. La convocatoria estuvo signada por la consigna: «Duhalde asesino, después por vos venimos».
Testimonios
–Don Rey (MTD Lanús): «Se llega a esta sentencia final por la lucha que hemos tenido durante estos tres años, en la cual no bajamos los brazos y siempre estuvimos presentes. Y estamos demostrando que con lucha se puede.
«A Darío lo conocí perfectamente. Como persona, era una excelente persona; como compañero, era un excelente compañero; y fue un luchador en lo político y social.
«A pesar de que estoy esperando con ansiedad que a los culpables se les de la pena máxima, que es lo que se merecen estos tipos tan traicioneros, la lucha después de esto no para, sino que continúa. Quedan castigar los otros policías que deben ser juzgados. La lucha va a seguir igual hasta que tengamos a los culpables adentro».
Marcial Barreiro, herido de bala de plomo durante la represión del 26 de junio de 2002 (Frente Popular Darío Santillán): «Como primera instancia, estamos contentos porque, si hay cierta justicia, se llegó a ella a través de la movilización, de la movida popular, del tesón de los compañeros y de los familiares para salir cada 26 de cada mes para exigir justicia.
«Como segunda instancia, iríamos tras el ex presidente Eduardo Duhalde, el gobernador Felipe Solá, Atanasof, Juanjo Alvarez y otros. Es decir, todos los que fueron funcionarios y tuvieron responsabilidades políticas en aquel momento. O sea que, para nosotros, todo fue pergeñado y dirigido desde un poder político central que era el del gobierno de Duhalde en aquel momento.
«Nosotros vamos a seguir saliendo a la calle. Este es un primer triunfo, gracias a la movilización y a la fuerza del poder popular, pero hasta que no juzguen a los que fueron los responsables ideológicos y políticos de esto, no vamos a dejar de salir a la calle.»
Beto Ibarra (MTL): «Esta es una sentencia a medias, ya que aquí lo que se está juzgando y lo que se va a penar es a los responsables materiales. Aquí faltan los responsables ideológicos, que ordenaron la masacre.
«En todo caso, sólo el 50 por ciento de nuestras expectativas fueron cubiertas. Lo bueno es que esto ha sido producto de los 40 días de acampe que hubo al inicio de este juicio, y que constituye la primera vez en la historia que el movimiento piquetero logra que se juzgue y se condene a los autores materiales de una masacre. Porque hay 14 muertos, entre Aníbal Verón, Teresa Rodríguez, y otros tantos compañeros que han quedado en el camino de la historia del movimiento piquetero, que no han tenido una condena de sus asesinos. Por lo tanto, nos parece importante, aunque no cubre nuestras expectativas.»
