Pena de prisión perpetua para Fanchiotti y Acosta, autores materiales de los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki
El Tribunal Oral n°7 de Lomas de Zamora sentenció a pena de prisión perpetua al ex comisario Alfredo Fanchiotti y al ex cabo Alejandro Acosta por los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, los dos piqueteros asesinados durante la represión del 26 de junio de 2002 en la ciudad de Avellaneda. También se los condenó por tentativa de homicidio por otros siete heridos de bala de plomo. Vega, Quevedo, de la Fuente, Sierra y Colman -ex efectivos que actuaron en la masacre, acusados de encubrimiento agravado- recibieron entre cuatro y dos años de prisión. El veredicto para Robledo, policía retirado que realizó detenciones, es de 10 meses de prisión en suspenso. Los responsables políticos no fueron juzgados y, por lo tanto, no tienen condenas.
Quiénes son los asesinos, quiénes los encubridores, cuáles son sus condenas
-El ex comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta, coautores de doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de homicidio: pena de prisión perpetua (25 años).
Félix Vega -ex comisario mayor-, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente -ex policías- como autores de encubrimiento agravado: 4 años de prisión, con cumplimiento efectivo de la misma.
Gastón Sierra -ex policía- por encubrimiento agravado: 3 años de prisión.
Lorenzo Colman -ex policía- por encubrimiento agravado: 2 años de prisión.
Tanto Sierra como Colman no irán a prisión.
Francisco Celestino Robledo -policía retirado que realizó detenciones- por usurpación de título y honores (usurpación de autoridad): 10 meses de prisión en suspenso e inhabilitación por 20 meses para ejercer la función pública.
El 26 de junio de 2002, en una jornada de protesta llevada a cabo por varias organizaciones de trabajadores desocupados, el corte del Puente Pueyrredón fue brutalmente reprimido por un operativo del cual participaron más de 400 efectivos, tanto uniformados como de civil. Fue la primera vez que actuaron conjuntamente las tres fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) y la Policía bonaerense. Se convocó además a personal retirado que actuó como paramilitar.
Maximiliano Kosteki (MTD-Guernica), primero, y Darío Santillán (MTD-Lanús), después, fueron asesinados por integrantes del grupo de tareas que dirigió Alfredo Fanchiotti.
Kosteki fue baleado en la entrada del supermercado Carrefour, sobre la Avda. Pavón. La lesión en el pecho fue mortal; otros dos perdigones atravesaron sus piernas. Una vez herido, sus compañeros lo llevaron hasta la estación de trenes de Avellaneda para pedir una ambulancia. Allí también estaba Santillán, quien, al advertir que policías entrarían a la estación, dijo: «Me quedo yo, salgan». La mayoría escapó en el tren. Por auxiliar a Maxi, por solidaridad, le dispararon a Darío: cinco metros recorrió desde que se puso de pie y buscó la salida hasta que le dieron la perdigonada completa de munición de plomo por la espalda.
Si bien el disparo que mató a Darío fue efectuado por Acosta, tanto él como Fanchiotti son responsables. Los testimonios, las pericias, las imágenes televisivas y las fotos así lo demuestran. No se pudo establecer quién de los dos asesinó a Maxi, ya que en filmaciones y fotografías aparecen ambos disparando entre 40 y 60 metros de distancia.
«El grupo que actuó en la estación (de Avellaneda) al momento del asesinato de Darío estuvo conformado por el comisario Fanchiotti, el principal Quevedo, el oficial De la Fuente y los cabos Colman y Acosta. Junto al parapolicial Robledo y al menos otros dos infantes, se movieron en forma coordinada desde antes de que se iniciara la represión. El resto de los policías fueron expresamente contenidos por el oficial De la Fuente, quien dirigió el cordón de Infantería, y por otro agente apostado junto a la entrada de la estación, señalando a sus camaradas que volvieran a la formación.
«En la estación hubo al menos cinco detonaciones echas con anterioridad al asesinato de Darío, en los andenes, el patio y el hall de la estación, en vidrios, puertas y ventanas, de manera tan alevosa como no lo habían hecho en ningún otro tramo de la represión. Quienes los efectuaron tenían la intención de que se escucharan las detonaciones y se generaran corridas y caos. Fanchiotti diría que estos disparos previos provenían de los piqueteros y eran los causantes de las muertes.
«Ya mencionamos el papel jugado por el oficial De la Fuente y el infante que complementó su tarea en la entrada de la estación. El proceder de Acosta y Fanchiotti, como evidencian las fotografías y testimonios, consistió en aplicar sobre los manifestantes una particular versión de la ley de fugas con la que represores y guardiacárceles fraguan enfrentamientos: alentar una huída para fusilar por la espalda. El principal Quevedo y el cabo Colman patearon a Darío en el piso cuando agonizaba y le levantaron las piernas a Maxi para garantizar que se desangrara. Ambos se preocuparon por encubrir las pruebas que los incriminaban, recogiendo los cartuchos que dejaron rastros del plomo utilizado». (Extracto del libro: «Darío y Maxi, dignidad piquetera: los autores intelectuales y los responsables políticos que no investigó la justicia»)
El oficial Gastón Sierra y el sargento Félix Leiva estuvieron sobre la Avda. Mitre, en donde también hubo heridos por bala de plomo.
Si bien es evidente que actuó otro grupo de tareas (ya que hubo más de 60 heridos por bala de plomo), la fiscalía se limitó sobre estos casos puntuales.
A quiénes no se juzgó
Desde la primera audiencia, el Dr. Claudio Pandolfi (ver referencia al final la nota) planteó la acusación jurídica hacia los responsables de la Masacre de Avellaneda:
«Alfredo Luis Fanchiotti y Alejandro Gabriel Acosta (…) implementaron de manera coordinada y siguiendo un designio común un plan que tenía como objeto disparar con sus escopetas, previamente cargadas con cartuchos con postas de plomo, contra los manifestantes con el fin de dar muerte a un número indeterminado de ellos (…) Carlos Quevedo, Lorenzo Colman, Mario de la Fuente, Gastón Sierra, Félix Vega y Francisco Robledo (…) cabe decir que esta parte apunta a probar sin lugar a dudas que en los hechos de autos desplegaron conductas activas y omisivas con el objetivo de prestar a los coautores (Fanchiotti y Acosta) ayuda anterior, contemporánea y posterior en el desarrollo del designio común antes señalado, por lo que acreditaremos la participación secundaria de los mencionados en las tentativas de homicidio (…) Preciso es ver los sucesos en su totalidad desarrollando ampliamente el antes, el durante y el después del 26 de junio de 2002. Esto significa que para entender mejor las conductas de los aquí imputados es necesario analizar la responsabilidad de sus superiores jerárquicos y de los funcionarios políticos en lo sucedido».
Sin embargo, ningún funcionario fue juzgado, a pesar de que las órdenes de reprimir provinieron del poder político. Ni Eduardo Duhalde (ex presidente), ni Juan José Álvarez (ex secretario de seguridad), ni Alfredo Atanasoff (ex Jefe de Gabinete), ni Felipe Solá (Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), ni Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia), ni Luis Genoud (ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires), ni Jorge Matzkin (ex Ministro del Interior) son juzgados. Así como tampoco el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Carlos Soria, y su segundo, Oscar Rodríguez.
Los abogados querellantes exigieron que las desgrabaciones de los funcionarios políticos que prestaron declaración durante este juicio sean remitidas al Tribunal Federal n°4. Esta causa (n°14215) fue iniciada por la madre de Kosteki y está referida a la responsabilidad de los funcionarios que tenían cargos en el momento de la masacre. Este pedido fue aceptado por el Juzgado.
Por otra parte, heridos, familiares y abogados querellantes sostienen que Félix Vega no puede ser juzgado por encubrimiento: como jefe del operativo tiene responsabilidad por las muertes. De este modo, exigen un nuevo juicio bajo la acusación de homicidio y lesiones.
El jefe de la superintendencia, Edgardo Beltracchi, al dar las órdenes a las fuerzas policiales «también debe ser investigado».
El accionar del Sargento Carlos Leiva, quien disparó balas de plomo, no está siendo juzgado porque se mantuvo prófugo de la justicia hasta después de que esta causa fue elevada. Leiva tendrá así un juicio por separado.
Cabe destacar que los policías bonaerenses Nestór Benedettis, Rubén Callejas, Rubén Artaza, Guillermo Paggi, Osvaldo Ostrovski, Juan Puntano y Roberto Bais, acusados por el delito de falso testimonio, continúan prestando servicio.
Otra causa abierta es la que originó el ataque al local de Izquierda Unida en Avellaneda.
DARÃO Y MAXI: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE
ANEXO:
En esta instancia, que se inició el 17 de mayo de 2004, se juzgó los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y las agresiones con balas de plomo de Aurora Cividino, Sebastián Conti, Sebastián Russo, Walter Medina, Silvina Rodríguez Barracha y Miguel Ángel Paniagua.
El Tribunal Oral Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (Camino Negro y Av. Larroque) estuvo integrado por los jueces Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán.
El fiscal encargado de la acusación durante el juicio fue el Dr. Bernardo Schell.
El ex-comisario Inspector Alfredo Fanchiotti fue defendido por el Dr. Amilcar Chiodo; los ex-policías De la Fuente, Sierra y Robledo, por el Dr. Javier Raidan; el ex cabo Acosta por el Dr, Vaca Paunero.
La Dra. Claudia Brancamonte (Asociación Profesionales en Lucha – APEL) fue la abogada de la Familia Kosteki y de Miguel Ángel Paniagua.
Los doctores Mariano Bergés e Ignacio Irigaray representaron a la Familia Santillán.
El Dr. Rodolfo Yanzón (Liga Argentina por los Derechos del Hombre – LADH) fue el abogado de Aurora Cividino.
El Dr. Claudio Pandolfi (Alerta Argentina), la Dra. Sofía Caravelos (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ), el Dr. Rodrigo Borda y el Dr. Gerardo Fernández (Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS) representaron a Sebastián Conti, Sebastián Russo, Walter Medina y Silvina Rodríguez Barracha.
Más información en:
www.anred.org (sección Derechos Humanos)
www.masacredeavellaneda.org
Todas las imágenes pertenecen al 26 de junio de 2002 y fueron extraídas de este sitio de Internet.
