Escrache al represor Sergio Arturo Verduri
Hoy sábado 29 de septiembre a las 15. 30 hs H.I.J.O.S. Zona Oeste e HIJOS La Plata realizarán, junto a otras organizaciones sociales, un escrache en el marco de la campaña Basta de beneficios para los genocidas, al represor Sergio Arturo Verduri quien se desempeñó como Oficial de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura militar. La movilización partirá desde Av. De Mayo y Rivadavia frente a la estación de Ramos Mejía.
El escrache comenzará a las 15.30hs. con una movilización que partirá desde Av. De Mayo y Rivadavia frente a la estación de Ramos Mejía y se dirigirá en primer lugar hasta la comisaría 2 de Ramos Mejía en la cual, durante la dictadura, funcionó un centro clandestino de detención y en la actualidad cumple funciones el Policía Damián Borrego implicado en el secuestro y desaparición de Luciano Arruga. Desde la comisaría marcharán por las calles del barrio de Ramos Mejía hasta el domicilio del genocida Verduri ubicada en Rivadavia 14.480.
Desde septiembre de 2011, Sergio Arturo Verduri está siendo juzgado en ciudad de La Plata y, actualmente, goza de prisión domiciliaria. Verduri está acusado por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el Centro Clandestino de Detención «Puesto Vasco” «“ Subcomisaría Don Bosco, del partido de Quilmes.
Durante la dictadura, Sergio Arturo Verduri cumplió funciones en la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús. En democracia llegó al grado de Comisario Inspector y, posteriormente, se recicló como mucho de los represores en una agencia de seguridad privada. Hoy goza del beneficio de esperar la condena en la comodidad de su casa.
Los juicios en números:
En un informe de 2011, los números oficiales de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, que depende del Ministerio coordinación y seguimiento de las causas contra los genocidas, que depende del Ministerio Público Fiscal, confirmaron que cuatro de cada diez represores procesados en todas las causas del país están excarcelados, es decir el 42 % de los encausados. En términos formales hay excarcelados por garantías procesales y por lo que los abogados llaman «cese de la prisión preventiva”, es decir, porque pasaron más de 2 años presos sin condena. Según estos números, el 42 % de los procesados está excarcelado y el 58 % con prisión preventiva. Pero la prisión preventiva tampoco es completa: el 40 % de los detenidos tiene detención domiciliaria. En resumen, el 82% de los procesados está en sus casas, libres o con domiciliaria.
En 2010 un fallo de la Corte Suprema intentó detener las excarcelaciones pero, como lo confirma la Unidad Fiscal en 2011, aún se propagan las autorizaciones de los jueces federales de primera instancia o de la Cámara de Casación. Las Salas I y III de Casación esgrimen en sus fallos viejos criterios que están revestidos de un aparente garantismo, pero lo que garantizan es más impunidad: para los genocidas procesados la prisión preventiva es una excepción, no la regla.
Este argumento desencadenó gran cantidad de pedidos de excarcelación, e hizo que el 2010 se convirtiera en el año record de liberados. El ministerio Público, a través de Pablo Parenti de la Unidad Fiscal, opina que predomina en los jueces «un análisis muy liviano del entorpecimiento del proceso, que puede darse con el riesgo de fuga o con la amenaza de destrucción de pruebas.
Circuito Camps
El Juicio «Circuito Camps”, se lleva acabo en La Plata desde septiembre de 2011, es la más extensa de la acumulación de causas llevadas a juicio hasta el momento en esa ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP – 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro) y una apropiación relacionada a la Brigada de Investigaciones de San Justo. En el debate serían juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. En el transcurso del juicio murieron impunes los represores Paez y Arias Duval.
Al comenzar el juicio, la mayoría de los represores llegaban a las audiencias excarcelados o con domiciliaria. Atento a esta situación, el espacio Justicia Ya La Plata pidió que se revocaran las domiciliarias de que gozaban 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta: Almeida Domingo, Patrault Luis Vicente, Berges Jorge Antonio, Campos Rodolfo Anibal, Arias Duval Alejandro Agustin, Lujan Horacio Elizardo, Ibérico Saint Jean, Sita Mario Victor y Smart Jaime Lamont. Además, se denunció el caso de Norberto Cozzani a quien el juez Federal Arnaldo Corazza, dejó vencer el plazo de la Prisión Preventiva otorgándole la libertad en Enero de 2011. En el escrito también se solicitó que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, y que son: Tarela Eros Amilcar, Verduri Sergio Arturo, Grillo Roberto Omar, Kearney Miguel, Lencinas Daniel Jorge, Ferriole Pedro Antonio, Paez Ruben Oscar, Cabrera Roberto Antonio, Corrales Bernabé Jesus, Machuca Raul Orlando, Svedas Fernando y Antonini Santiago.
Justicia Ya apeló esta última decisión ante la CSJN en Febrero de 2009, y cuestionó a los magistrados Guillermo Tragant, Angela Ledesma y Eduardo Riggi, integrantes de la Sala III de la Cámara de Casación Penal.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de varios de los genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza) y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero la Sala III concedió la excarcelación.
Estos represores, beneficiados con recursos que la propia gravedad de lo que se juzga determinaría que deberían ser extraordinarios, tuvieron una funcionalidad central en el esquema represivo del Circuito Camps en La Plata. La mayor parte de estos imputados en Causas BILP y Arana estuvieron detenidos sólo entre abril y diciembre de 2008.
Condenas concretas
En lo que va de 2012 hubo en todo el país 13 juicios concluidos, con sólo 55 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 5 absoluciones, por un total de 284 casos de víctimas del Terrorismo de Estado. Si bien el año no concluyó, hay en curso un grave el retroceso de la tendencia de juzgamiento, si se tiene en cuenta que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008, 13 en 2009, 19 en 2010 y 17 en 2011.
Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 (menos 2) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Suman entonces 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios.
Sergio Verduri en el Juicio «Circuito Camps”
En las audiencias del Juicio Circuito Camps se mencionó a Verduri en la acusación fiscal por los hechos de los CCD Puesto Vasco y Cot 1 de Martínez.
La causa Puesto Vasco se inició con la denominación n° 3/Secretaría Especial, y estaba caratulada como «Raffo, José Antonio y otros s/ desaparición forzada de personas”. Raffo era un médico policial integrante de las patotas del conurbano sur como Puesto Vasco, y los Pozos de Quilmes y Banfield.
Raffo encabezaba la acusación, pero murió impune hace algunos años.
En la causa que llega a juicio sobre Puesto Vasco y Cot 1 de Martínez, denominada ahora «Tarela y otros..” son imputados en el requerimiento fiscal 9 represores: Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Amilcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Sólo 3 de estos 9 son procesados específicos de estos centros: Tarela, Verduri y Cabrera.
La acusación fiscal contempla sólo 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales por esos CCD. Recordemos que según la investigación de la AEDD, sólo en Puesto vasco pasaron al menos 67 personas como detenidos ilegales (64 fueron liberadas, dos desaparecidas y una asesinada). Sólo en Puesto Vasco, y esta causa incluye Puesto Vasco y Cot 1 Martínez.
Sergio Verduri fue Oficial de la Dirección General de Investigaciones entre «™76-«™77 y de la Brigada de Investigaciones de Lanús entre «™77-«˜79. Acusado por 32 casos del CCD «Puesto Vasco” (Subcomisaría Don Bosco, Quilmes).
Al igual que la mayoría de los represores juzgados en el Juicio «Circuito Camps” Verduri llegó al proceso sin pisar la cárcel. Goza de la prisión domiciliaria en su casa de Avda Rivadavia 14.480, Ramos Mejía, y lo va a buscar y lo devuelve a su casa el Servicio Penitenciario Federal para cada audiencia los días Lunes y Martes.
En su indagatoria frente al Tribunal Oral 1 de La Plata, Verduri se negó a declarar, pero hizo un infame pedido: si no podían pasarlo traerlo más rápidamente desde su casa a las audiencias, porque sufría claustrofobia y le podía provocar taquicardia.
En el caso de Héctor Mariano Ballent, Jefe de Ceremonial del gabinete del Gobernador Calabró y secuestrado como parte del operativo que chupó a una decena de sus funcionarios, a Verduri se lo acusa sólo por su secuestro en «Puesto Vasco”, no por torturas, ya que si bien la fiscalía entiende que el hecho mismo de haber estado privado ilegalmente de la libertad en los centros clandestinos de detención constituye el tipo penal de aplicación de tormentos, se lo acusa de esta manera «en respeto del derecho de defensa del imputado y del principio de congruencia”. Similar situación argumentó la fiscalía para descartar la acusación a Verdui respecto de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Hualde y Jorge Daniel Rubinstein, dictados además la falta de mérito a favor de Cabrera en el caso Hualde y por no haber sido indagado ni procesado por el caso de Rubinstein.
También en el juicio «Circuito Camps”, el testigo Osvaldo Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales que estaba a cargo en «Puesto Vasco”. Papaleo ya había testimoniado en 2007 en el juicio a Cristian Von Wernich que entre los represores que actuaban en ese CCD estaban Cabrera, Lechner, Pretti y Verduri.
De hecho en una indagatoria previa al juicio «Circuito Camps” el propio Verduri asumió que en marzo del «˜77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones Lanús y en abril del mismo año se le ordenó que debía prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco, cada vez que le fuera requerido, siendo por lo tanto su función allí esporádica. En ese sentido, expresó que quien estaba a cargo de la dependencia mencionada podía indicarle que actuara como «oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. En aquella indagatoria Verduri reconoció que en «Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman, Papaleo, Ballent, Silvio Has, Juan Destéfano, el Doctor Miralles y otros cuyos nombres no recordaba.
En otro testimonio del juicio «Circuito Camps” el periodista José Alberto Moya hizo un relato de su estudio sobre algunas comisarías y Brigadas, a través del análisis periodístico de diarios del momento. «Soy periodista»¦ estudié el Diario EL Sol (de Quilmes), fue mi principal fuente de información para saber qué pasó en la dictadura»¦ como yo era docente, yo quería aplicar técnicas de lectura de diarios y saber qué pasaba en mi ciudad»¦ fui a ver el Diario El Sol, cuyo archivo es muy bueno y me dediqué a mirar todos los ejemplares desde el Cordobazo hasta el golpe”, comenzó explicando. Moya habló sobre el policía Luis Alberto Ferian: «Aparecía en los diarios como Jefe de la Brigada Fantasma, que era un grupo operativo de la Brigada de Quilmes”, y explicó que «me llamó la atención que apareciera Brigada Fantasma en el encomillado de muchas notas, el diario daba cuenta de los operativos de la Brigada Fantasma”. Finalmente Moya dijo que en ese diario «Por ejemplo decía: `la Patrulla Fantasma esclareció un robo`. Y aparecían como parte del grupo Ferian, Juárez, Sinieri, Cáceres, Rincón y Antonio Chena (quien avanzó como Jefe de Calle de la Policía de Berazategui). Todos ellos estaban bajo las órdenes de Verduri”.
En marzo de este año se sumó al juicio en curso la causa «Puesto Vasco 2”, que contempla acusaciones contra Norberto Cozzani, Roberto Cabrera y Sergio Verduri por 34 casos de detenidos en ese CCD que habían sido instruídos aparte de la causa Raffo.
CCD Puesto Vasco.
El Centro Clandestino de Detención denominado «Puesto Vasco” funcionó en las instalaciones de la Subcomisaría de Don Bosco, ubicada en la calle Pilcomayo n° 69 de la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
Conforme surge del Informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires obrante a fojas 1.589, a partir del 10 de octubre de 1.966 el Destacamento de Don Bosco comenzó a funcionar como Subcomisaría por Resolución n° 14.909.
Por otra parte, cabe destacar que por Resolución n° 22.540, con fecha 25 de Agosto de 1.970, se resolvió suprimir la Subcomisaría de Don Bosco. Asimismo, en el Informe previamente citado consta que, entre el 24 de marzo de 1.976 y el 19 de diciembre de 1.979, no se registran antecedentes de la situación orgánica funcional de esa dependencia.
De lo expuesto se desprende que la Subcomisaría de Don Bosco en el período mencionado funcionó en absoluta clandestinidad lo que, sumado a los elementos probatorios que a continuación se expondrán, evidencia que este lugar fue utilizado para alojar ilegalmente personas secuestradas y someterlas a tormentos, en el marco del plan terrorista implementado por el Estado durante la última dictadura militar.
En ese sentido en la Causa n° 13/84 se acreditó que este establecimiento fue ocupado «entre los años 1977 y 1978 [«¦] por la Sección Cuatrerismo de Lanús, como así que él mismo, paralelamente y en virtud del comando operacional dispuesto por Decreto 2272/75, Ley Provincial 2589 y Ley Nacional 21.267, estuvo a disposición de la autoridad militar y que por dicha razón no es posible informar qué personal prestó servicios en la misma y qué detenidos hubo allí alojados en esa época».
Respecto a las condiciones edilicias de esta dependencia se ha podido determinar, por medio de los innumerables testimonios brindados por los sobrevivientes que permanecieron confinados allí, que existía un acceso para vehículos a través de un portón metálico que ocultaba el patio. El edificio contaba con una sola planta con oficinas y calabozos pequeños. Asimismo, cabe destacar que la cocina fue acondicionada para funcionar como sala de tormentos.
Por otra parte, en cuanto a las condiciones de detención allí imperantes, se ha corroborado que eran deplorables e inhumanas debido a que la alimentación era deficiente y la comida era proveída en forma humillante, las celdas donde alojaban a los detenidos eran húmedas, de reducidas dimensiones, con pisos de cemento, sin colchones y con escasa iluminación (declaración testimonial de Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otras). Asimismo, los secuestrados permanecían generalmente vendados, encerrados en las celdas de las cuales sólo podían salir para acceder a los baños cuando así lo decidían los oficiales (declaración testimonial de Norma Esther Leanza, fojas 2.072/2.077) o para ser sometidos a interrogatorios bajo tormentos (testimonio de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358).
Dicho accionar se caracterizaba por la aplicación de corriente eléctrica y golpes en diversas partes del cuerpo, así como por el padecimiento psicológico que implicaba la permanente amenaza de ser sometidos a esas aberrantes prácticas al percibir el sufrimiento de otros detenidos (testimonios de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358; Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otros).