Mendoza: violento desalojo a trabajadores rurales
En el Departamento de San Martín (Mendoza), Policía e Infantería desalojaron violentamente a familias campesinas de una finca, de la que hoy se reclama como propietaria la empresa Geromi S.A. Sin embargo, hace más de 30 años, los campesinos viven y producen esas tierras. Como muestra de resistencia, las familias permanecen en un campamento en un lote de la finca para reclamar por la libertad de un detenido tras el desalojo y exigirle al Estado una respuesta con respecto al desarrollo rural.
Los desalojos comenzaron el pasado viernes 25 de noviembre, cuando fue expulsado Alberto Jofré -junto a su esposa, hijos y nietos- ante la presencia de abogados, oficiales de justicia y agentes de la policía que, mediante violentas amenazas y sin seguir los procedimientos legales, dejaron a esta familia campesina sin su tierra, en la que viven y trabajan desde hace 43 años. Estos hechos se sucedieron en dos propiedades conocidas como «Bestani» (una de las familias acomodadas durante el gobierno del menemista Lafalla) ubicadas en la calle Lemos, El Divisadero, a siete kilómetros de Tres Porteñas. Esta finca fue abandonada por ‘quiebra’ (como tantas en Mendoza) y hoy aparecen personas que dicen ser sus dueños.
El lunes 28 de noviembre y sin la presencia de la Oficial de Justicia, los mismos individuos aparecen en otra finca cercana, reclamando las tierras en nombre de los antiguos ‘dueños’ y amenazan con desalojar a las 11 familias que viven y trabajan allí desde hace más de 30 años.
Cabe destacar que, en un principio, la finca pertenecía a Agroindustrias INCA S.A , la cual quebró en 1999 dejando deudas, entre las cuales estaban los salarios de los obreros. Esta finca fue adquirida en subasta por Geromi S.A., radicada en Uruguay. Tanto la firma INCA como Geromi pertenecen a Bestani. Las familias que ocuparon las tierras trabajaron para esa firma por más de 20 años; con el sueldo en negro, sin aportes previsionales y salario familiar. Al decretarse la quiebra, la empresa abandona el lugar y los campesinos comienzan a realizar mejoras habitacionales y a generar recursos, como huertas para el autoabastecimiento.
El equipo jurídico de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) se hizo presente en varias ocasiones en el Juzgado Civil Nº2 de San Martín, pero no se les permitió ver el expediente de desalojo. Ante esta situación, el 9 de diciembre concurrieron al Juzgado Nacional Comercial Nº14 secretaria 27 de la Ciudad de Buenos Aires, para pedir la suspensión de las medidas. Dicha solicitud fue presentada también al Juzgado Civil Nº2 de San Martín donde rige la dirección Daniel Albi, quien estaría a cargo de realizar el desalojo.
El 13 de diciembre las familias afectadas se hicieron presentes en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados solicitando un pedido de informe a la Justicia para garantizar su legítimo derecho a la defensa.
El jueves 14 de diciembre a las 9 hs, el abogado Mario Luquez Ríos (por Geromi SA) y la policía, a cargo del Cabo Esteban Torres, llegaron a la finca para desalojar a las familias campesinas, quienes exigieron que se hiciera presente un Oficial de Justicia con una orden desalojo. Llegó entonces un Cuerpo de Infantería con 30 efectivos para asustar y presionar a las familias. A las 12 hs, Maria Egea (Juzgado Civil Número 2 de San Martín, que recibió el traslado de la orden desde Buenos Aires) se presentó como Oficial de Justicia. En ningún momento, Egea leyó o presentó alguna orden judicial que decretara la medida, a pesar de que el abogado de la UST se lo exigió varias veces.
A las 13:30, se iniciaron violentos forcejeos por parte de la Policía y el Cuerpo de Infantería. Comenzaron a tirar con armas de guerra, rompieron la tranquera de la finca y desalojaron violentamente a dos de las once familias. También golpearon y se llevaron detenido a José Daniel Juárez (integrante de una de las familias).
Las familias resistieron pacíficamente formando un cordón humano hasta que los efectivos, respondiendo a la coordinación de Torres y bajo la orden «oral» de la Oficial de Justicia, comenzaron a reprimir, violentando y golpeando físicamente y verbalmente a los hombres, mujeres y ancianos, disparando en forma rasante sus itacas con balas de plomo y recogiendo inmediatamente los cartuchos.
Posteriormente, ingresaron casa por casa efectuando el desalojo y despojándolos de sus pertenencias, dejándolos en la calle. Estos hechos fueron llevados a cabo ante la presencia de 45 niños.
El abogado Lúquez Ríos es el representante de la empresa Geromi S.A., abogado de Agroindustrias INCA y de la sindicatura de la quiebra. Así, desde la UST, se sostiene que «es evidente que estamos ante un situación más que fraudulenta y mafiosa». Egea y Lúquez Ríos firmaron un acta en la cual hacen aparecer a la finca como tierra desocupada.
Las familias (nucleadas en la UST) continúan resistiendo en la finca, por lo cual han montado una carpa para exigir que el Estado tome parte de esta situación y que se cumplan sus derechos.
Ayer la UST realizó la denuncia al defensor del Pueblo de la Nación, a la secretaría de DDHH de la Nación y a entidades internacionales de defensa de Derechos Humanos. Hasta ahora el estado provincial no ha intervenido en el conflicto.
La UST destaca que el marco en que se producen estos desalojos es el de «la profundización del modelo productivo actual, que consiste en la extranjerización de la tierra y el agua y en la concentración de los recursos productivos y naturales. A esto se suma la precaria situación registral en tenencia de tierra, las mafias judiciales y de ligas de compradores existentes en la Provincia de Mendoza».
También recuerdan que el 11 de noviembre, junto con la UJoCC, marcharon a la Casa de Gobierno denunciando estas problemáticas y exigiendo una política de Estado con respecto al desarrollo rural, que contemple a todas las familias del campo. «Hoy a más de un mes de esos reclamos y con más de 4 desalojos de familias nucleadas en la UST y cientos de desalojos silenciosos que se sucedieron en estos días, el gobierno continúa haciendo oídos sordos», afirmaron.
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Fuente: comunicados de prensa y gacetillas de la UST