Los sospechosos de siempre

Marcelo Sepúlveda y Jon Camafreitas eran primos, y ambos murieron en situaciones donde las fuerzas de seguridad son las principales protagonistas. Por reclamar justicia, sus familiares fueron reprimidos y detenidos. En esta crónica, los detalles de las causas. Por Lucas Pedulla.

 Por favor, ayudemé -le gritó Delia Castro, en una conversación telefónica, a Miguel Robles, subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo, del Ministerio de Seguridad de La Nación. En tan solo unos minutos, la plaza ubicada en México y Saavedra, en el barrio porteño de Balvanera, se había llenado de policías. Era 7 de marzo.

Delia estaba desesperada. Ya se habían llevado detenida a Sabrina Castro, su sobrina, que sólo había ido a pasear a la plaza con su hija de 1 año y su hijo de 6. Ellos se salvaron de milagro, pero su madre no: los oficiales la arrojaron al suelo y comenzaron a pegarle, cuando la identificaron tras querer saber por qué los policías estaban deteniendo a 3 jóvenes que solían andar por la plaza. Sabrina era una de las tantas que, desde enero de este año, reclamaban justicia.

Los vecinos observaron la escena y saltaron en defensa de los niños y de Sabrina. La voz comenzó a correrse por el barrio, y los familiares empezaron a llegar. Los medios ya hablaban de una «batalla campal” entre los vecinos y la policía, mientras Delia tenía que ver cómo los oficiales reprimían a sus otros sobrinos, Andrea y Facundo Sepúlveda, entre otras tantas personas.

 Por favor, venga, porque me van a matar a mí -le repitió a Robles, al ver que seis efectivos de la Policía Federal encaraban hacia ella. La comunicación se cortó, porque Delia fue brutalmente golpeada. Recibió palazos y la agarraron de los pelos, tirándola al suelo. Eran 6 efectivos para una sola mujer, a quien le querían hundir la cara entre los escombros de la calle.

Cuando la subieron al patrullero, Delia recibió otra llamada del Ministerio de Seguridad. La directora nacional de Derechos Humanos de la cartera, Natalia Federman, le preguntó dónde estaba.

 Arriba de un móvil -respondió-. Me están llevando a la comisaría 8va, la misma que mató a mi hijo.

1. Tragedia en tres actos

El sábado 21 de enero, Jon Camafreitas, hijo de Delia Castro, había salido con amigos y primos a una plaza ubicada en Estados Unidos y Sánchez de Loria. Según narran los familiares, hubo una pelea con otro grupo de chicos, que se dispersaron por diversas calles tras la llegada de la Policía Federal. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Jon iba caminando con un amigo por Av. Independencia cuando un móvil de la comisaría 8va se detuvo a metros suyo.

Jon tenía 18 años y era del barrio La Reja, Partido de Moreno, pero vivía en Balvanera con sus primos porque trabaja en un restaurante de sushi y una fábrica de cortinas, en Capital Federal. Decía que era de Racing, aunque no era un apasionado del fútbol. Técnico en celulares, a Jon le gustaba mucho el reggaeton y el rap, y creía en Dios.

 Pará, Policía -le ordenó el cabo Martín Alexis Naredo, cuando su colega detuvo el patrullero.

Lo que sigue a continuación es una tragedia en tres actos, según puede establecerse a partir de la declaración de Naredo:

Jon no acata la orden y se resiste.

Bache.

Jon aparece muerto de un disparo en la cabeza.

El bache del segundo acto, como todo componente vacío, se presta fácilmente a relleno de contenido. Y lo primero que surgió, tras la declaración del oficial, es que hubo un «forcejeo” y que el arma «se disparó”. Sin embargo, hay un curioso dato en la causa: la bala entró por la nuca de Jon, del lado derecho, y salió por la sien izquierda, impactando en un zócalo de la cuadra. A menos que el joven de 18 años haya «forcejeado” estando de espaldas al efectivo y tirado en el suelo, la trayectoria del disparo resulta inverosímil. Las pericias en curso sobre la gorra de Jon, objeto encontrado en la escena, podrían responder la distancia entre el arma y la cabeza del joven.

En su declaración, Naredo explicó que se le cayó el arma cuando Jon se resistió a la orden de detención. Según el oficial, ambos intentaron agarrarla. Aquí es donde se produce el bache: Naredo no recuerda si la agarró Jon, si la agarraron juntos, ni cómo se incorporaron, pero sí oye un «chisquido” (sic). Al observar el arma, nota que estaba trabada y «se había disparado”. Tras el «chisquido”, según declaró, corrió hasta su superior y le gritó que llamara al SAME. «Sospechaba que el proyectil había rozado al muchacho, pero no vi sangre”, declaró. La abogada María del Carmen Verdú, de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), retrucó que las fotos de la causa muestran un claro charco.

El juez de instrucción porteño, Pablo Ormachea, dictó la falta de mérito de Naredo, que terminó siendo derivado a otra jurisdicción. Textual del juez: «De acuerdo a las versiones arrimadas por los testigos y la versión exculpatoria ofrecida por el imputado, no me permite desvincularlo en los términos del art 334 CPPN (Codigo Procesal Penal de La Nación), ni sujetarlo en los términos del art 306 CPPN”. Es decir, el juez no pudo sostener el procesamiento de Naredo por no contar con «elementos de convicción sufientes para estimar que existe un hecho delictuoso” que determine la culpabilidad del oficial «como partícipe”, al agotarse el tiempo posterior a la indagatoria (art 306). Pero Naredo tampoco queda desligado de la investigación (art 334).

El 25 de enero, cuatro días después del «forcejeo” a espaldas y en el suelo, Jon Camafreitas murió en el Hospital Ramos Mejía, de Boedo.

2. Atentado a la autoridad

Nueve personas fueron detenidas tras la represión en México y Saavedra: Delia y Sabrina Castro; Alejandra y Facundo Sepúlveda; Franco Acoria, Jorge Beltran, Julio González, Cristian Bergondo y Facundo Erne (a pesar de tener 17 años, fue llevado a la comisaría 9na). Todos terminaron en la comisaría 8va, imputados por «atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”.

«Este hecho hay que ponerlo en contexto con otros dos anteriores, denunciados en una causa penal que está en trámite. Desde que tomó visibilidad lo de Jon, han aparecido patrulleros que, seleccionando siempre a los más jóvenes o mujeres, decían: ‘van a pagar lo que le hicieron a nuestro camarada’, ‘que no te agarre porque sos boleta vos también’, ‘vamos a ir limpiando el barrio’”, denunció Carmen Verdú.

Delia precisó: «Nos decían que dejemos de pedir justicia, porque la justicia eran ellos”.

Tras la amenaza, unos agentes de Gendarmería custodian la casa en la que vivía Jon (donde también viven primos, tías y, luego de la tragedia, Delia). Sin embargo, un día antes de la represión, se fueron. Volvieron luego de la liberación de los familiares golpeados.

Mientras estaba en el calabozo, Delia recibió la llamada de la ministra de Seguridad de La Nación, Nilda Garré, para invitarla a una reunión. «No quise. ¿De qué iba a hablar? Yo estaba en la celda, rota. Lo que menos tenía ganas era hablar de reuniones. ¿De qué voy a tener ganas en un momento en el que me habían molido a palos, que todavía no salía de enterrar a mi hijo, después de los seis patrulleros?”, inquirió Delia.

Los nueve detenidos salieron nuevamente a la calle alrededor de la 1:30, en la madrugada del 8. Nilda Garré dispuso crear una «comisión especial” para investigar los casos de Jon y Facundo Reyes, otro joven que recibió un disparo tras resistirse a una detención. ¿Resultados? «Te respondo con el general Perón: si querés que no se investigue nada, armá una comisión”, respondió la titular de CORREPI.

El otro hecho que Carmen Verdú resaltó para contextualizar la represión, ocurrió en General Pico, La Pampa. Gladys Sepúlveda, mamá de Alejandra y Facundo, recibió el llamado de su hermano desde la provincia y le avisó que dos patrulleros de la policía pampeana habían pasado por su casa para notificarle detalles de la causa de su hijo. «Causa en la cual ella está presentada como parte, denunciado su domicilio en Capital y constituido su domicilio con sus abogados en San Isidro como corresponde en cualquier causa judicial. De hecho, corroboramos, y la fiscalía no mandó ningún exhorto a la policía pampeana. O sea, fue un apriete”, concluyó Verdú.

Gladys se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires desde la muerte de su hijo, Marcelo Sepúlveda, ocurrida el 9 de enero en Benavídez, dieciséis días antes que la de su primo Jon Camafreitas. Las sospechas también caen sobre personal policial.

3. Sepúlveda: dos opciones

Marcelo Sepúlveda había llegado de General Pico a Benavídez, Partido de Tigre, hacía poco más de un año. Su tío pudo conseguirle un empleo en Volkswagen, cargando y descargando neumáticos, al lado de Correo Argentino, donde su padre trabaja en el área de seguridad.

Marcelo, de 26 años, tenía el sueño de poner una mini empresa en La Pampa, junto a su madre y sus hermanas, por lo que todos los meses iban a comprar ropa a la feria de La Salada. También quería abrir una verdulería, para trabajar con sus hermanos menores. Había comenzado a salir con una mujer, Viviana Sánchez, «ex de un policía del barrio”, según informó Carmen Verdú. Dos días antes de su muerte, recibió un disparo en el muslo mientras caminaba por la calle, sin haber sido asaltado. Efectuó la correspondiente denuncia, y le mandó un mensaje de texto a su padre: «Si me pasa algo, es culpa de Viviana”.

La madrugada del 9 de enero, Marcelo corrió a través de un predio descampado. Corrió y pidió ayuda, porque lo iban persiguiendo, aunque aún no está determinado «quién”. Lo concreto: el predio, que no estaba cercado pero contaba con un edificio abandonado, estaba custodiado por la agencia de seguridad privada Securitas S.A, ya que el terreno pertenece a la empresa metalúrgica Ferrosider.

Carlos Alberto Maidana, el agente de seguridad que estaba de guardia, relató en el acta inicial de la causa que «escuchó ruidos”, por lo que avisó a su supervisor, Mariano Javier Russo. Luego, llamó a la policía. Minutos después, sintió que golpearon la ventana, y volvió a llamar diciendo que había un «NN en el establecimiento”. Según declaró, la puerta se abrió y se trabó en una «lucha” con el intruso, y lo redujo.

Tras los llamados, numerosos efectivos llegaron al predio. Además de los agentes de Securitas S.A, aparecieron oficiales del COT (Centro de Operaciones de Tigre) y de la comisaría 4ta, de Benavídez. En la IPP que tramita en Pilar, constan los nombres de los siguientes policías: sargento Yanina Borda y Noelia Coqui; teniente primero Ricardo Lehn; sargento Marcos Alanís; y los subtenientes Jorge Otazu y Darío Tévez.

«Los que trasladan a Marcelo son Alanís y Otazu. En ese patrullero es donde murió -señala Carmen Verdú-. Lo que no se sabe es quién le pegó o lo que haya pasado”.

La autopsia estableció que Marcelo Sepúlveda tenía una gran cantidad de lesiones. Presentaba excoriaciones (lesiones por arrastre) en diversas regiones del rostro: zona frontal izquierda, pirámide nasal, mejilla derecha y mandíbula, entre otras partes. También en el codo, el hombro, la panza, el brazo y antebrazos. Además, tenía cuatro hematomas grandes.

«Sin embargo, y a pesar que son muchas lesiones, ninguna aparece con suficiente importancia para haber causado la muerte. Nada haría apuntar a una lesión cerebral -señala la abogada-. Pero Marcelo tenía la traquea congestiva, el mediastino (espacio ubicado entre los dos pulmones) muy ingurgitado y los pulmones congestivos. Se están esperando los estudios microscópicos a ver si había petequia u otras señales de asfixia mecánica”.

Por su parte, los policías hablaron y dieron su explicación. Continúa Verdú: «Los oficiales insisten en que Marcelo se golpeaba la cabeza contra la ventana. Que cuando abre la puerta y entraron a pelear, agarró una garrafa y se cayó. Es lo que está en el acta, pero es lo que abre la causa, diciendo: ‘se golpeó él’”.

Entonces, hay dos opciones:

Marcelo Sepúlveda, torpe y masoquista, se golpeó solo y arrastró su cuerpo por una superficie «áspera o rugosa” (tal como confirma la autopsia), que le ocasionó lesiones por todo el cuerpo. Después, eligió morirse.

Carmen Verdú: «Se muere arriba del patrullero, de la paliza que le dieron”.

Tache la que considere incorrecta.

Fuente: Revista Sudestada