13/12/2005

Campaña de solidaridad con el pueblo mapuche y sus luchadores

mapuches-2.jpgEl pasado viernes 9 de diciembre, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), se realizó una conferencia de prensa para explicar las razones del pedido de refugio político del luchador mapuche, Pascual Pichún Collonao. Durante el acto denunció la criminalización de los legítimos reclamos indígenas por parte del Estado chileno. Estuvieron presentes los abogados patrocinantes, Héctor Trajtemberg y Carlos Zamorano y el escritor y periodista Osvaldo Bayer.


Pascual Pichún Collonao tiene 23 años, es integrante de la comunidad mapuche y luchador por los derechos políticos y culturales de su pueblo.

El pasado 6 de diciembre formalizó, a través de los abogados Héctor Trajtemberg (LADH) y Carlos Zamorano (LADH), el pedido de solicitud de refugio político al Estado argentino. «Pertenezco a una familia perseguida y reprimida por la justicia chilena, denunció el luchador mapuche. «Mi padre, Pascual Pichún Pillaleo, lonko (jefe tradicional de la comunidad fue acusado de «amenazas terroristas» a un latifundista. A mi hermano, Rafael Pichún Collonao, y a mí nos acusaron de «atentado» contra un camión que transportaba madera, en medio de una protesta. Fuimos condenados a cinco años de prisión.»

La justicia chilena recurrió a la ‘ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas’ para reprimir los reclamos de la comunidad. Esta ley fue creada durante la dictadura de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad posee plena vigencia. No fue necesario, como en el caso de la Argentina, crear una ley antiterrorista para adecuarse a la legislación internacional exigida por el gobierno de Estados Unidos.

dos.jpgEl caso data de enero del 2002. Luego de cumplir un año encarcelados, se los llevó a juicio oral donde se ratificó la condena a cinco años de prisión. Ante la falta de antecedentes de los acusados se les otorgó la libertad condicional pero previo pago de una indemnización de seis millones de pesos chilenos, algo así como diez mil dólares para las víctimas. Pascual Pichún Collonao declaró: «Nuestra comunidad vive por debajo de la línea de pobreza, jamás podríamos reunir ese dinero. Es una muestra clara de que no pensaron en otorgarnos el beneficio: lo único que quieren es encarcelarnos. Cuando se ratificó la condena, decidimos no presentarnos a la justicia. No teníamos ninguna garantía. Mi hermano Rafael y yo pasamos a la clandestinidad, lejos de nuestras familias y de nuestra comunidad. Finalmente en junio de este año a mi hermano lo detuvieron y actualmente cumple la condena. Mi padre, por su parte, lleva cuatro años preso. Entonces, yo decidí venir a la Argentina para denunciar todas estas persecuciones, maltratos y violaciones».

Testigos sin rostro

Juan Agustín Figueroa, fue ministro de agricultura en el gobierno de Salvador Allende. Además es presidente vitalicio de la Fundación Pablo Neruda y es el latifundista «amenazado» por el jefe de la comunidad, el padre del joven Pascual. «Al sostener la demanda está actuando en contra de los principios de Pablo Neruda», opinó. Además agregó: «En los juicios que se llevan adelante, bajo la acusación de violar la ley antiterrorista, los testigos declaran detrás de un biombo, con la voz distorsionada. No podemos conocer la identidad de los testigos hasta que termina el juicio. Los procesados jamás conocen el nombre de los testigos; entonces, pueden decir cualquier cosa. De hecho con estas declaraciones se han fundamentado las condenas. No son condenas cualquiera. Son condenas a cinco años, a diez años de prisión».

Pascual Pichún Collonao subrayó que la aplicación de estas leyes por parte del Estado chileno sirve para privilegiar los derechos de las multinacionales en desmedró de los pueblos originarios. «Día a día, los territorios de las comunidades son avasallados por las multinacionales y nos obligan a emigrar a la ciudad para subsistir. Nuestros campos ya no son productivos, no se puede criar animales, las tierras están contaminadas», precisó.

Refugio político, persecución étnica

El miércoles 6 de diciembre, los abogados patrocinantes de Pascual formalizaron el pedido de refugio político al Estado argentino. El Dr. Héctor Trajtemberg enmarcó la situación de la familia Pichún Collonao dentro de la histórica lucha del pueblo mapuche por sus tierras, por sus derechos, culturales y políticos. Resaltó que «los mapuches no se han resignado ni se resignan ahora, permanecen en una lucha constante. Las persecuciones y represalias son parte de este carácter.»

La presentación de la solicitud de refugio político se realizó ante el CEPARE (Comité de Elegibilidad para Refugiados). Este es el órgano pertinente del Estado argentino que se ocupa de evaluar la condición de un refugiado. El trámite tiene dos partes: una de instrucción, a cargo de la secretaria del Cepare, y luego pasa al Comité, propiamente dicho, donde se resuelve por la positiva o por la negativa. Para esto se tiene en cuenta la documentación. El abogado declaró: «Hemos aportado elementos más que suficientes para que se considere la petición, según la legislación internacional en la materia. Particularmente del estatuto internacional de los refugiados que se originó en 1952, del cual Argentina es parte».

Entre los avales con los que cuenta el caso de Pascual Pichún figuran: los informes de organismos internacionales como Human Rights Watch, La Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y Amnistía Internacional y el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, Rodolfo Stavenhagen y la violación del Pacto de San José de Costa Rica, firmado por el Estado chileno. «Mientras no se haya pronunciado el CEPARE, si existiera un pedido de extradición no se le puede dar curso», advirtió el Dr. Zamorano.

Para apoyar el pedido se ha conformado una «Comisión por el Refugio Político en Argentina de Pascual Pichún Collonao» . Esta comisión denuncia que existen otros nueve ciudadanos mapuches que cumplen prisión en las cárceles del sur de Chile, acusados de actos de terrorismo. Alrededor de seiscientos, fueron procesados por la justicia en los últimos cinco años y se encuentran bajo diversas modalidades de libertad condicional o vigilada.

Contactos:

 Cecilio 4307-5136/ 0299 154013654

 libertad_pascualpichun@yahoo.com.ar


Campaña de Solidaridad con el militante mapuche

Carta tipo en adhesión a la petición de refugio político para Pascual Pichún Collonao

(Se agradece el envío de copia a libertad_pascualpichun@yahoo.com.ar)

Sra. SECRETARIA

Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE)

De nuestra consideración.

Nos dirigimos a usted con relación al Expte. N° 599342-2005 del CEPARE, referido a la Solicitud de Refugio Político del ciudadano chileno PASCUAL ALEJANDRO PICHUN COLLONAO, sobre quien pesa -desde fines del año 2003- una orden de
captura por parte de los tribunales de justicia chilenos.

Siendo un destacado miembro del movimiento social mapuche, activo promotor de los derechos culturales y políticos de su pueblo, Pascual y su comunidad han mantenido una férrea defensa de sus tierras ante el avance de empresas
forestales, lo que ha desembocado en la persecución judicial de sus dirigentes y miembros por parte de las autoridades chilenas. Así, su padre don Pascual Pichún Pillaleo, lonko (jefe tradicional) de la comunidad y su hermano Rafael Pichún
Collonao se encuentran cumpliendo severas condenas en las cárceles del sur de Chile, otros nueve ciudadanos mapuches están en idéntica situación todos ellos enjuiciados en base a la «Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas» creada por la
dictadura militar de Pinochet para perseguir a opositores políticos. Otros cientos de ciudadanos mapuches han sido procesados por la justicia civil y militar chilena en los últimos 5 años y se encuentran bajo diversas modalidades
de «libertad condicional» o «vigilada», hechos todos estos que han sido denunciados por organismos internacionales como Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y personalidades como el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Este último, en su Informe sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos indígenas en Chile, recomendó en diciembre del año 2003 al estado chileno que «bajo ninguna circunstancia» deberían ser criminalizadas o penalizadas las «legítimas actividades de protesta
o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas»; que no deberían aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos («amenaza terrorista», «asociación delictuosa») «a hechos relacionados con la lucha social
por la tierra y los legítimos reclamos indígenas». No obstante, la criminalización descrita contra el Pueblo Mapuche en Chile continúa inalterable: diversas comunidades rurales de las regiones VIII,IX y X están militarizadas
con regulares y violentos allanamientos policiales. Así, Pascual, su comunidad y en particular su familia, han debido enfrentar durante tres años un verdadero «cerco policial», con uso de helicópteros, permanente vigilancia de la zona,
controles de identidad en caminos públicos, allanamientos nocturnos e incluso arrestos arbitrarios y extrajudiciales.

Por todos estos antecedentes sucintamente mencionados, nos sumarnos a la Solicitud de Refugio Político que Pascual Alejandro Pichun Collonao les ha presentado por entender que su petición cumple todas las condiciones requeridas
por el según la Convención de 1951 sobre el Estatuto para Solicitantes de Refugio: se trata de una persona perseguida por su condición de miembro del Pueblo Mapuche (persecución por razones étnicas) y de luchador social (persecución por ideas políticas). Si fuera devuelto a Chile nos asiste el temor fundado de que su libertad y derechos pudieran estar en serio riesgo, tal como acontece hoy con parte de su grupo familiar.

Argentina, Estado plurinacional que cobija en su interior a una importante población mapuche en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires y La Pampa, ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas en
su Constitución Política y ha ratificado instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Es también un país solidario, con una destacada trayectoria de refugio a perseguidos políticos de diversas nacionalidades y orígenes. Solicitamos por tanto aceptar la solicitud de refugio de parte de este joven luchador indígena, para que en esa
tierra y junto a sus hermanos de pueblo pueda desarrollarse y vivir en paz y con justicia, hoy en día su principal aspiración.

(Firma)

Enviar a la Siguiente Dirección:

CEPARE – Secretariado

Telefax: (54-11)-4342-9538; (54-11)-4342-9496

Dirección: Hipólito Irigoyen 952, 1° Piso. (1086) Buenos Aires – Argentina

E-mail: cepare@migraciones.gov.ar



0 comentarios

1000/1000
Los comentarios publicados y las posibles consecuencias derivadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Está prohibido la publicación de comentarios discriminatorios, difamatorios, calumniosos, injuriosos o amenazantes. Está prohibida la publicación de datos personales o de contacto propios o de terceros, con o sin autorización. Está prohibida la utilización de los comentarios con fines de promoción comercial o la realización de cualquier acto lucrativo a través de los mismos. Sin perjuicio de lo indicado ANRed se reserva el derecho a publicar o remover los comentarios más allá de lo establecido por estas condiciones sin que se pueda considerar un aval de lo publicado o un acto de censura. Enviar un comentario implica la aceptación de estas condiciones.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Ir arriba