Familiares de los caídos en las represiones de Mosconi entre 2000 y 2001 harán un acto de denuncia frente a la Casa de Salta
Piden reapertura y unificación de causas en las represiones de 2000 y 2001 en Mosconi, Salta, que dejaron como saldo 5 muertos y 200 heridos. Denuncian al Estado argentino como responsable y encubridor de los operativos que tuvieron a la policía salteña y la gendarmería como ejecutores materiales. Por esta razón, pedirían intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los familiares de los caídos en Salta durante las represiones de 2000 y 2001 llegaron a Buenos Aires con la abogada Mara Puntano, con la intención de retomar las causas y extender su denuncia hacia el Estado argentino. Compartieron un acto con los familiares de las víctimas de Cromañón el sábado a la tarde, frente al Congreso de la Nación, y realizarán una Asamblea de Denuncia Pública frente a la Casa de Salta este martes al mediodía.
Ya se conformó un equipo de trabajo junto a organismos de Derechos Humanos como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores Piqueteros (UTP), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el MTR-Cuba y por supuesto la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi Salta.
La abogada Puntano pide la unificación de las causas de 3 represiones ocurridas en mayo y octubre de 2000 y junio de 2001, que incluye 5 casos de muertes y 200 heridos, «ya que si bien son distintas situaciones, existe un solo hilo conductor que es el Estado, y los mismos intereses, que son las empresas petroleras».
Por su parte, la Dra. María del Carmen Verdú, de la CORREPI, se comprometió a colaborar en la reapertura de las causas y en el pedido de intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (tribunal con competencia regional). El pedido se debe a que el Estado argentino no sólo fue responsable de las represiones, sino que además interrumpió toda investigación y procedimiento judicial. «Se recurre a la corte interamericana cuando hay un agotamiento de los recursos internos, y en éste caso el Estado argentino violó al menos 4 artículos: el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad física y al acceso a la justicia», explica Verdú.
Mayo 2000: Matías Gómez y Orlando Justiniano, torturados y asesinados en Mosconi
El 9 de mayo de 2000 fueron torturados y asesinados por la policía salteña, Matías Gómez y Orlando Justiniano en el trayecto entre Mosconi (Salta) y Juto (Jujuy). Los jóvenes fueron secuestrados mientras juntaban leña para llevar al piquete, fueron torturados salvajemente y asesinados. Luego fueron abandonados en una ruta de Jujuy, con la intención de simular un accidente de autos.
Primitiva Ruiz, la madre de Justiniano, comentó que hoy la causa que llevó la abogada de la CCC, Dra. Mariana Vargas, se encuentra archivada en Jujuy como un «accidente de tránsito». Sin embargo, Primitiva Ruiz seguirá pidiendo justicia de la mano de la Dra. Puntano, que intenta llevar la causa a la justicia federal para reabrirla.
Ruiz es una madre fuerte, nunca se conformó con el argumento del accidente. Por eso recorrió toda la zona por la que llevaron a su hijo, con un grabador en mano y recogiendo testimonios que prueban el secuestro por parte de la policía. Sin embargo, fue poco lo que consiguió, porque ningún testigo se anima a declarar contra la policía salteña. «La gente no quiere hablar. Cuando pasa algo, el gobierno tapa todo. Acá hay un montón de cosas que nadie sabe, no hay justicia. En el norte hay una sola cadena de mafiosos y corruptos. Le tienen miedo al gobernador. Nadie ayudó en el sepelio, en las gestiones, enfermedades y cuidados de sus hijos.» Orlando Justiniano dejó una hija de sólo 27 días, que hoy está al cuidado de Primitiva, su abuela. Tenía una buena carrera como boxeador. Y participaba en la UTD Mosconi.
Octubre 2000: Aníbal Verón, asesinado en Mosconi
Aníbal Verón fue asesinado el 10 de octubre del mismo año, en Mosconi. Verón era mecánico de la empresa de colectivos de larga distancia Atahualpa, y se encontraba en huelga con sus compañeros por la reincorporación de despedidos.
La Dra. Puntano cuenta que la bala extraída de Verón es de un arma no reglamentaria, hecho que le permitió a la policía argumentar que se trató de un «enfrentamiento entre manifestantes». Sin embargo, los demandantes lograron hacer declarar a más de 200 efectivos que reconocieron haber utilizado armas reglamentarias y no reglamentarias. «En la represión hubo una hilera completa de policías con armas no reglamentarias». Este caso se agrava además porque hay muchos indicios de encubrimiento.
Junio de 2001: la masacre del día del padre
El 17 de junio de 2001, justo en el día del padre, tuvo lugar un verdadero «operativo de la muerte», con una zona liberada por la policía local y la Gendarmería para aniquilar una protesta que se estaba volviendo cada vez más popular. Una brutal represión llevada a cabo por efectivos de la policía local y la gendarmería también en Mosconi, dejó el saldo de 2 muertos, Oscar Barrios y Carlos Santillán, y 200 heridos. Los trabajadores llevaban un mes en la ruta, pidiendo el aumento del pago de albañiles en el hospital de Mosconi. Durante ese tiempo, otros sectores se fueron sumando, cada uno con su reclamo. El domingo se estaba preparando un encuentro nacional en la ruta, al que concurrirían organizaciones sociales de distintas provincias. En la mañana del 17, un grupo de francotiradores encapuchados de la gendarmería, con armas de guerra, apostados en el monte y en tanques de agua del pueblo, comenzaron la masacre. Santillán cayó con un balazo en la frente. Barrios en el estómago. Según las pericias que se hicieron en Buenos Aires, las balas usadas eran las denominadas «dun dun», que estallan cuando impactan, y que no están permitidas. Para poder moverse con total impunidad, la Gendarmería se encargó de prohibir el paso a la prensa, atacar a una periodista, y cercando con efectivos el edificio del canal local.
Los 200 heridos cuentan con filmaciones y fotos publicadas en los diarios, pero no tienen lo fundamental, los certificados médicos. Las razones fueron varias: en primer lugar, muchos tuvieron que sacarse las balas solos porque sabían que si pisaban un hospital iban a caer presos, y por otra parte, ningún médico ni enfermero de Orán se animaba a atenderlos y menos aún a darles certificados. Uno de ellos cuenta que estuvo 3 días con la bala adentro hasta que un médico amigo se la sacó. La Dra. Puntano cuenta que no pudo conseguir ni la ficha de atención de ninguno de ellos. Sin embargo, los heridos llevan la marca en su propio cuerpo. Iván Dorado, por ejemplo, quedó parapléjico a causa de los disparos.
Los testigos también denuncian que hubo torturas masivas. Cabrera es un discapacitado mental que fue torturado por la gendarmería. Incluso existe una declaración con su supuesta firma, que dice que la UTD tenía armas en el monte. Pero Cabrera no sabía leer ni escribir.
Las causas se encuentran en el juzgado del Juez Cornejo, el mismo que ordenó la represión. Pero la abogada confía en que cuando logren reactivarlas sean derivadas a Orán.
Contactos:
Dra. Mara Puntano: (0387) 15-415-2946
Jerónimo Altschuler: 15-6017-4954
Anexo: corresponsales de ANRed participaron del encuentro «Los derechos humanos de la Argentina de hoy», que contó con la participación de integrantes de la UTD Mosconi, familiares de asesinados en esa localidad, la abogada de Derechos Humanos Mara Puntado y ex presos políticos.
Los familiares de los asesinados Orlando Justiniano, Carlos Santillán y Oscar Barrios, como así también otros integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi (Salta), el recientemente liberado Gabriel Roser y la hasta hace poco también presa política Carmen Ifrán, entre otros, participaron este sábado de la charla-encuentro «Los derechos humanos en la Argentina de hoy», que organizó el Equipo de Educación Popular «Pañuelos en Rebeldía» de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el encuentro comenzó con la intervención del conocido integrante de la UTD de Gral. Mosconi, José «Pepino» Fernández, quien denunció que hasta ahora las familias de los asesinados en los años 2000 y 2001 «no han tenido respuesta por las represiones, ni de la provincia ni del Estado». En este sentido, remarcó que esta injusticia se extiende al accionar de las multinacionales petroleras que «siguen haciendo lo que quieren, ayudados por los jueces nacionales y provinciales».
Luego, la abogada que defiende a varios familiares de la UTD Mosconi, Mara Puntano, resumió de la siguiente forma los tres puntos principales que vinieron a reclamar al gobierno: «Presentaremos una denuncia por `denegación de justicia, el pedido de juicio y castigo para todos los culpables y la unificación de las causas». Además, contó a los presentes que «Salta sigue siendo un feudo gobernado por Juan Carlos Romero», y que el juez puesto por él y que criminaliza a la UTD Mosconi, Abel Cornejo, «es integrante de una de las familias aristócratas de la zona».
«General Mosconi – agregó la abogada – es un pueblo que pelea por la dignidad en un lugar que es ideal para el paso de la droga y la prostitución. Sin embargo, desde la privatización de YPF han salido a pedir trabajo y la recuperación de los recursos energéticos, y tienen la mayor cantidad de encausados por criminalización, en un pueblito de 25 mil personas».
En este sentido, uno de los heridos de bala de plomo el 17 de junio de 2001, Mario Saracho, contó que ellos son «prisioneros» en su propia tierra por las persecuciones diarias en la zona a los familiares de los militantes: «no podemos circular por nuestra tierra porque la policía no nos deja».
Padres sin hijos: «para nosotros no hay justicia»
Luego, llegó el turno del testimonio de algunos padres de las víctimas de aquellos episodios.
Eduardo Santillán, padre del asesinado Carlos Santillán, relató que su hijo «estaba en el cementerio, con su hijo Manuel, reparando una casita que le había hecho para su hijita muerta, cuando se desata la represión y empiezan a tirar con balas verdaderas». Además, remarcó la «responsabilidad que le corresponde a la empresa Refinol, por haber prestado en ese momento las instalaciones (los tanques) para que la gendarmería ubique a sus francotiradores».
Por su parte, la madre del también asesinado Orlando Justiniano, Primitiva Ruiz, denunció también la falta de solidaridad de algunos de los vecinos de la zona, ante las presiones del gobierno provincial. «No nos responde nadie, no hay una unión de la gente -contó angustiada- Allá todo se tapa, y hay que andar con mucho cuidado, porque estamos todos identificados por el gobierno de Romero para ser marginados y discriminados socialmente. Para nosotros no hay justicia».
Finalmente, dio cuenta de su situación social actual y del intento de cooptación del gobierno nacional: «Mi marido apenas gana entre 700 y 800 pesos y tengo cuatro hijos que mantener. Y acá el gobierno nacional nos quiere comprar con una pensión de 150 pesos que, para mí, en vez de pensión es un suicidio».
Gabriel Roser: «la lucha social y popular en las calles nos dio una victoria»
La hasta hace poco también presa política por la «Causa Legislatura», Carmen Ifrán (AMMAR), definió la prisión como «un agujero negro», en el cual sufrió mucho por estar separada de su familia: «sentí mucho pesar por no tener a mi hijo».
Por su parte, el recientemente liberado Gabriel Roser, integrante del MUP en el Frente Popular Darío Santillán, también participó del encuentro y contó su encierro carcelario como detenido político: «fue una experiencia muy mala. Uno llega a perder la esperanza y pensar ‘hasta acá llegué’. Pero afuera había mucha gente que luchaba por mí. Por eso, me he comprometido a seguir luchando por la libertad de otros compañeros que por otras circunstancias están procesados. Yo me he puesto en la mente el compromiso de luchar por ellos, el seguir en la lucha, que fue lo que me llevó a la libertad». Así subrayó que su liberación fue producto de «la lucha social y popular en las calles que nos dio una victoria».
Y por último agregó: «les agradezco a todos ustedes la fuerza que me dan y pueden contar conmigo en esta gran lucha».