Masacre de Avellaneda: fiscalía y querellantes pidieron pena de prisión perpetua para Fanchiotti y Acosta
El 7 de diciembre comenzaron los alegatos del Juicio por la Masacre de Avellaneda, que tiene lugar en el Tribunal Oral Nº 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En un principio, expusieron los fiscales y luego la querella. Ambas partes pidieron cadena perpetua para Fanchiotti y Acosta, acusados de homicidio y tentativa de homicidio. La querella además exigió, entre otros puntos, que se investigue al ex-comisario Félix Vega, superior de Fanchiotti, por supuestas responsabilidades en los homicidios. Asimismo solicitaron que se indaguen las responsabilidades políticas de los funcionarios del gobierno que encabezó Eduardo Duhalde y el accionar de la SIDE. Esta semana se presentarán los alegatos de la defensa.
Durante las dos jornadas de alegatos de la fiscalía y la querella, lo primordial que se evaluó fue la responsabilidad de los autores materiales durante los hechos ocurridos el 26 de Junio de 2002 en Avellaneda, que culminó con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y heridos de bala de plomo.
La querella además realizó una lectura política sobre los hechos y exigió que los responsables intelectuales de la Masacre de Avellaneda sean juzgados.
Detallamos a continuación los puntos claves de estas jornadas:
Fiscalía, encabezada por el Dr. Bernardo Schell
La Fiscalía comenzó su alegato el miércoles 7 y concluyó al día siguiente. Entre los principales puntos, remarcó que los uniformados llevaron a cabo «maniobras tendientes a confundir, utilizando de manera perversa la instrumentaria dada por la sociedad. Actuaron de manera subrepticia ya que eran conscientes del carácter ilícito de las conductas». También afirmaron que existió una «decisión tomada en común», un «explícito acuerdo en la distribución de los hechos», es decir que «la toma de decisión se inclinó claramente a generar la afectación de los bienes jurídicos y de la vida».
El veredicto condenatorio que estipuló la fiscalía es el siguiente:
Alfredo Fanchiotti -ex comisario- y Acosta -ex cabo- como coautores de homicidio agravado por alevosía (Santillán y Kosteki) y tentativa de homicidio (heridos de bala de plomo en la Avenida Pavón): pena de prisión perpetua.
Félix Vega -ex comisario mayor-, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente -ex policías- como autores de encubrimiento agravado: 4 años de prisión.
Lorenzo Colman y Gastón Sierra -ex policías- también por encubrimiento agravado: 3 años de prisión.
Celestino Robledo -policía retirado que realizó detenciones- por usurpación de autoridad: 10 meses de prisión.
Dra. Claudia Brancamonte (APEL), abogada de la Familia Kosteki
Adhirió al pedido efectuado por la fiscalía y pidió la investigación de los ex funcionarios Carlos Soria (ex jefe de la SIDE), Oscar Rodríguez (ex vice jefe de la SIDE) y Jorge Vanossi (ex ministro de Justicia) por falso testimonio y por el delito de acción pública que los compete. Por otra parte solicitó que Luis Genoud (ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires), Horacio Jaunarena y Aníbal Fernández se incorporen a la causa 14215 por sus responsabilidades como funcionarios del gobierno de Eduardo Duhalde (Tribunal Federal n°4, causa iniciada por Mabel Kosteki, madre de Maxi).
Dr. Mariano Bergés y Dr. Ignacio Irigaray, abogados de la Familia Santillán.
Detallaron las responsabilidades que le caben a Alfredo Fanchiotti como «coautor funcional del homicidio de Santillán realizado por el cabo Acosta, siendo también el que dispuso el ingreso a la estación». La acusación de homicidio agravado por alevosía se fundamentó en:
inexistencia de riesgo para el autor
desprevención de Darío Santillán
aprovechamiento de la situación
imposibilidad de Santillán de defenderse
También se hizo hincapié en que Fanchiotti «buscó deliberadamente el lugar más propicio para el ataque» en una clara manifestación de «desinterés por la vida humana» y que nunca mostró su «falta de arrepentimiento» sino que «revalorizó los hechos frente a sus subalternos».
Con respecto a Quevedo y Colman, el abogado afirmó que tanto uno como otro «no fueron observadores circunstanciales y que sabían que lo que estaban utilizando eran municiones de guerra».
Otra de las argumentaciones de peso fue la responsabilidad que le cabe al ex comisario mayor Félix Vega. Los abogados sostuvieron que no puede ser juzgado por encubrimiento: como jefe del operativo tiene responsabilidad por las muertes.
De este modo, exigieron que un nuevo juicio bajo la acusación de homicidio y lesiones.
Por último, dejaron en claro que existió en todo momento «una comunicación jerárquica que necesariamente implica una instancia de consulta».
De este modo los abogados de la familia de Darío solicitaron las siguientes penas:
Fanchiotti y Acosta, acusados por homicidio agravado por alevosía, prisión perpetua.
Quevedo, De la Fuente y Colman, como autores de encubrimiento agravado, máximo de pena e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Asimismo, requirieron:
Desgrabación de Benedetti para que sea investigado por falso testimonio.
Investigar a Soria y Rodríguez por delito de acción pública
Investigar la responsabilidad penal de Genoud, Jaunarena y Fernández.
Dr. Rodolfo Yanzón (LADH), abogado de Aurora Cividino, herida por bala de plomo.
El abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hizo referencia a la continuidad de la represión de las fuerzas de seguridad que tuvieron un pico el 19 y 20 de diciembre de 2001 (con 38 muertos en todo el país) y que, seis meses después, actuaron en Avellaneda «bajo un marco de ilegalidad» y «contrario a los bienes y derechos esenciales». En este sentido destacó que son «secuelas del terrorismo de Estado, que hacen que los policías vean como eventuales enemigos a los pobres que se organizan políticamente».
También profundizó en la responsabilidad política al destacar que «los gobiernos sabían que poner a las fuerzas de seguridad podía originar una masacre, lo cual es propio de la institución policial».
Por otra parte, destacó que durante la represión del 26 de junio no actuaron sólo Fanchiotti y Acosta (ver entrevista a Claudio Pandolfi).
Yanzón solicitó una pena de 25 años de prisión para Fanchiotti y 20 años para Acosta.
Dr. Claudio Pandolfi* (Alerta Argentina), Dra. Sofía Caravelos (CIAJ), Dr. Rodrigo Borda y Dr. Gerardo Fernández. (CELS), representantes de heridos de bala de plomo.
Borda destacó que «los ilícitos cometidos el 26 de Junio de 2002 no pueden ser entendidos como hechos aislados atribuibles a un par de policías, sobre todo si se tiene en cuenta el operativo y el despliegue policial». En este sentido hizo alusión a las responsabilidades políticas: «se alentó la violencia»; «el peligro (para el gobierno) de integración entre asambleas, piqueteros, quienes reclamaban por el corralito»; hubo un «clima generado por el Estado que incitó a la represión».
En este sentido, aseguró que Vega «como coordinador y supervisor del operativo, debía garantizar la legalidad». Del mismo modo destacó que el jefe de la superintendencia, Edgardo Beltracci, al dar las órdenes a las fuerzas policiales «también debe ser investigado».
Como Yanzón, destacó que hubo «hechos idénticos en distintos lugares de Avellaneda» y que el común denominador fue que estaban «conectados con el operativo dirigido por los funcionarios políticos». En consecuencia, exigió que se investigué la responsabilidad de «Genoud como responsable de manejar a las fuerzas policiales» e instó a investigar el accionar de la SIDE y del ex presidente Eduardo Duhalde y sus ministros y funcionarios.
También se preguntó: «¿quién nos defiende del uso ilegítimo, arbitrario de la policía?».
Con anterioridad al pedido de penas, destacó los siguientes puntos que caracterizaron a la Masacre de Avellaneda:
la multiplicidad de víctimas
grado de vulnerabilidad social de las víctimas
la condición de policías
la utilización de armas de fuego
los aparatos organizados desde el poder político.
La sentencia que exigieron estos abogados es:
Fanchiotti, coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y tentativa de homicidio, 25 años de prisión.
Acosta, coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y tentativa de homicidio, 20 años de prisión.
Sierra, por encubrimiento agravado, 3 años de prisión y la inhabilitación a cargos públicos.
Investigación de la responsabilidad penal de Vega por las 31 lesiones y los dos asesinatos.
Investigación a Edgardo Beltracci por su responsabilidad en la Masacre.
Investigación de las vejaciones cometidas contra Sebastián Russo y demás personas.
Investigación por falsedad ideológica (fojas 1 y 2)
Investigación por falso testimonio por parte de Benedettis.
Investigación de la acción pública de la ley de Inteligencia
Investigación de la responsabilidad de Genoud y del falso testimonio de Soria y Rodríguez, y que se extraigan copias y se remitan las desgrabaciones de Aníbal Fernández, Carlos Soria y Horacio Jaunarena.
A partir del lunes 12, los abogados defensores de los policías acusados comenzarán sus alegatos. Se prevé que la sentencia sería el 27 de diciembre, fecha tentativa hasta tanto no concluyan los alegatos correspondientes.
*Pandolfi se encuentra en Colombia en el marco de una misión internacional de seguimiento de la situación de defensores de DDHH.