A 36 años del último golpe militar en la Argentina
La construcción de la impunidad * La democracia que protegió genocidas * Aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida * Los indultos menemistas * 2005: la inconstitucionalidad de las leyes * «El 90 por ciento de los genocidas sigue gozando de impunidad” * Beneficiarios e impulsores civiles del golpe * Jorge Julio López y Silvia Suppo * Criminalización de la protesta: Ley «Antiterrorista” y «Proyecto X”. Por ANRed.
La construcción de la impunidad
En marzo de 1976, parte de los argentinos asumió el golpe de Estado encabezado por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como una nueva intervención en el orden legal constitucional. La sociedad parecía acostumbrarse a este tipo de accionar cada vez que las Fuerzas Armadas consideraban que el país transitaba una especie de «desgobierno». Cada dictadura legitimaba la anterior: constituían hechos naturales frente a situaciones que los militares debían «normalizar».
Desde septiembre de 1975, los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal y, en consecuencia, definieron una estrategia clandestina que neutralizara y exterminara físicamente a los integrantes de las organizaciones guerrilleras, del sindicalismo combativo, de las organizaciones populares, del cristianismo de base y a los potenciales opositores. Es decir que la represión fue sistemática y metódica. La «˜guerra sucia’, los «˜errores’ y los «˜excesos’ no existieron. Lo que imperó fue un plan de aniquilamiento: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones.
Esta metodología apuntó a la impunidad no sólo en el presente sino también en el futuro. La desaparición eliminaba el cuerpo del delito y, a la vez, al testigo. Por lo tanto, no había crimen, tampoco culpable. Aquí entró la complicidad del poder judicial, ya que los jueces rechazaron los miles de habeas corpus presentados por familiares de los detenidos ilegalmente.
El documento final del golpe, del 28 de abril de 1983, estableció que sería el «juicio histórico» el que consideraría sus acciones y presentó la muerte genérica, global, innominada de los desaparecidos, sin culpable alguno.
La democracia que protegió genocidas
La campaña política de Raúl Alfonsín, quien asumió como Presidente el 10 de diciembre de 1983, se basó en el restablecimiento del Estado de derecho y en el «juicio civil», sin fueros especiales, a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar.
Tres días después de asumir su cargo, Alfonsín dio a conocer los decretos Nº 157 y Nº 158. El primero ordenaba el procesamiento a distintos dirigentes de organizaciones guerrilleras; el segundo, a los comandantes de las tres primeras juntas militares. De esta forma, el gobierno radical sentó las bases de la teoría de los dos demonios al igualar responsabilidades. Además, los decretos validaron la versión militar de las razones del golpe y su legitimación para reprimir. También denotan la voluntad de salvar a la institución armada al centrar la responsabilidad sólo en los jefes.
En febrero de 1984, el Congreso derogó la ley de autoamnistía (del 22 de septiembre de 1983), con la cual los represores pretendieron exculparse de todo cargo y evitar investigaciones penales. El radicalismo quería el autojuzgamiento militar y para este fin el Parlamento sancionó la ley de reforma del Código Militar, mediante la cual la justicia castrense podía juzgar la represión ilegal. Alfonsín «olvidó» que uno de los ejes de su campaña electoral fue precisamente el «juicio civil».
Cabe señalar que la ley incluía un artículo que permitía establecer niveles de responsabilidad entre quienes dieron órdenes y los que se excedieron. La lucha de los organismos de derechos humanos y de algunos dirigentes políticos obstaculizó la sanción de este artículo. Pero, la posterior ley de obediencia debida tiene aquí su origen.
Como las Fuerzas Armadas rechazaron el autojuzgamiento, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal inició el Juicio a las Juntas, que se realizó entre abril y diciembre de 1985 y que estuvo presidido por el Dr. Andrés Dalessio y por el fiscal federal Julio Strassera, asistido por Luis Moreno Ocampo.
El tribunal sentenció a Jorge Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a prisión perpetua; a Robeto Viola le aplicó 17 años de prisión, 8 años a Armando Lambruschini y 3 años y 9 meses a Orlando Rubén Agosti. Los demás miembros de las Juntas no fueron condenados por considerar que las pruebas presentadas eran insuficientes.
El juicio se centró en juzgar a los militares, no como Junta, sino como comandantes: no se apuntó al poder político, sí a la división de responsabilidades. Tampoco se los castigó por el delito basal que fue el golpe en sí mismo; ni por delitos contra la Nación y el Estado, sólo contra particulares. Por otra parte, las condenas a los jefes de las Juntas, sostenida por el poder, generó la aceptación social de que el problema fueron los excesos y los métodos usados para reprimir y no la totalidad del accionar de las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, de 8900 casos, se tuvieron en cuenta 711 por «abundancia de pruebas» y, de los 833 testigos que quisieron declarar, se convocó a 281.
Aprobación de las leyes de punto final
y obediencia debida
El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprueba una iniciativa del gobierno oficial, la ley de punto final, que fijaba que quienes no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días posteriores a la ley quedaban fuera de posibles acciones penales.
Las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos por la cantidad de denuncias presentadas. Más de 300 oficiales quedaron procesados.
Frente a las numerosas citaciones, el 17 de abril de 1987, estalló una sublevación en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico, cuyo objetivo fue encontrar una salida frente a las causas penales. Durante la «Semana Santa», Alfonsín primero habló de «no aceptar extorsiones», para luego afirmar el «reconocimiento de los niveles de responsabilidad».
Finalmente, el 19 de abril, el gobierno y los representantes de los principales partidos políticos firmaron el Acta de Compromiso Democrático que estableció niveles de responsabilidad durante la dictadura: quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa no eran punibles por delitos. El 13 de mayo se envía al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, aprobada en junio. Si bien el método militar se configuró como una cadena vertical de mandos, los grupos operativos, por su carácter ilegal y clandestino, actuaron con autonomía. Mediante esta ley, los «grupos de tareas» quedaban exentos de responsabilidades. Entre los beneficiados se encontraban Jorge Bergés, Miguel Etchecolatz, Julio Simón (Turco Julián), Jorge Acosta y Alfredo Astiz.
Al aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la reacción instantánea de los Organismos de Derechos Humanos y de diversos intelectuales fue la de denunciarlas, expresando que significaban, lisa y llanamente, que los asesinos de los luchadores populares estarían libres. Los represores caminarían por la misma vereda, compartirían iguales espacios, circularían impunemente por las ciudades de la Argentina. Por aquellos años, Osvaldo Bayer afirmaba que «El gobierno radical nos entrega un futuro de corrupción, de inmoralidad. El capitán torturador, ladrón, asesino del pasado, será el general del futuro. ¿Qué futuro moral puede tener la República con políticos que perdonan asesinos y con asesinos que continuarán usando armas y uniformes?». (1)
Los indultos menemistas
Después del levantamiento carapintada, se sucedieron el de Monte Caseros (enero de 1988, promovido por Aldo Rico) y el de Villa Martelli (diciembre de 1988, encabezado por el coronel Mohamed Alí Seineldín). Su consecuencia fue el primer indulto anunciado en octubre de 1989 por el entonces Presidente Carlos Menem. El listado híbrido de los 277 indultados tuvo como objetivo equilibrar las críticas políticas, ya que entre los desprocesados se encontraban militares acusados por violaciones a los derechos humanos, por la guerra de las Islas Malvinas y por las sublevaciones carapintadas y, por otra parte, algunos guerrilleros. Entre los militares indultados figuraban los tenientes generales Leopoldo Galtieri y Cristino Nicolaides y los generales de división Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Andrés Ferrero, Adolfo Sigwald, Jorge Olivera Rovere, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Díaz Bessone.
En diciembre de 1990, Seineldín -quien estaba encarcelado- dirige la toma del Regimiento I de Patricios en Palermo. Menem anuncia el 29 de diciembre el segundo indulto, que incluyó a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Rubén Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, a Ramón Camps, Ovidio Pablo Ricchieri y a Carlos Suárez Mason; y a dirigentes de la guerrilla. Los indultos simultáneos ratificaron la teoría de los dos demonios.
Toda la posición castrense se vio fortalecida en el accionar y en las palabras de los ex presidentes democráticos. Raúl Alfonsín afirmó que «la lucha antisubversiva fue casi una guerra»; Carlos Menem sostuvo que las Fuerzas Armadas «tienen necesidad de hacer inteligencia«. Ambos continuaron con la lógica económica y social del neoliberalismo impuesta en la década del ’70. Además, en definitiva, las leyes de punto final y obediencia debida y luego los indultos beneficiaron a cientos de incriminados en la represión ilegal. La justicia argentina demostró, a su vez, su dependencia del poder político.
«Si acá hubo juicio fue porque nosotros tuvimos el coraje de volver de la muerte para contar todo lo que nos hicieron. Nos hicieron describir las torturas, los gritos. Nos hicieron descubrir a nuestros torturadores y ahora los dejan libres« (2), sostenían militantes nucleados, a partir de 1984, en la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD).
«El 90 por ciento de los genocidas
sigue gozando de impunidad”
El reclamo permanente de los organismos de Derechos Humanos, la constante movilización popular y el apoyo del exterior permitieron lograr diversas resoluciones a nivel legal. El 6 de marzo de 2001, el juez federal Gabriel Cavallo resolvió que las leyes de obediencia debida y punto final eran nulas e inconstitucionales. Ese mismo año, la Cámara Federal confirmó el fallo y otros jueces y cámaras en el resto del país se pronunciaron en el mismo sentido. En el 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación anuló las leyes de impunidad y ratificó la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad
de las Naciones Unidas. En julio de 2005, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de las leyes y la validez de la ley que las había anulado.
Sin embargo, al recomenzar las investigaciones contra los represores, el poder judicial desdibujó la magnitud del genocidio: los procesos llevaron a unos pocos represores como imputados y, por otro lado, a unas pocas víctimas. La AEDD señala que «la mayoría de los jueces se niega a procesar a los represores como partícipes del terrorismo de Estado y del genocidio, imputándoles únicamente delitos puntuales y negándose a responsabilizarlos de todas y cada una de las atrocidades que se cometieron mientras revistaban en los campos de concentración. Aún teniendo a la vista las listas de quienes integraban el personal de cada centro de exterminio y las de los detenidos-desaparecidos que pasaron por ellos, los jueces exigen que sean las víctimas quienes prueben cuándo, cómo y a quién secuestró, torturó, violó y asesinó cada uno de los represores. Los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos. Sólo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes, a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y atormentaban. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación”. (3)
En la Argentina funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención y, al día de hoy, fueron condenados 267 genocidas: ni siquiera un represor por cada campo de concentración.
Cabe señalar, como afirman desde la AEDD, que «genocidas no son sólo los integrantes de las fuerzas represivas que manejaban los Falcon y secuestraban picana en mano, sino también los funcionarios nacionales de la dictadura, obispos y capellanes que colaboraron con el plan de exterminio, directivos de empresas que entregaron a los trabajadores y sus cuerpos de delegados, entre otros. Esto es lo que nos permite decir que el 90 por ciento de los genocidas sigue gozando de la impunidad que los gobiernos constitucionales les granjearon” (4).
Beneficiarios e impulsores civiles del golpe
La lucha por el juicio y castigo por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina también exige el juzgamiento y la condena a los civiles cómplices que promovieron el terrorismo de Estado.
Los jerarcas de varias empresas -como Mercedes Benz, Ford, Astarsa y Techint- no sólo elaboraron «listas negras” de activistas sino que también financiaron a los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las empresas cumplieron un rol fundamental como protagonistas activos en la represión, llegando a tener en sus predios campos de concentración.
Lo que la historia dio a conocer como «La noche del apagón” en Ledesma, Jujuy, es un ejemplo significativo: consistió en varias noches -entre el 20 y 27 de julio de 1976- en las que los militares provocaron cortes de luz con el objetivo de secuestrar estudiantes, militantes políticos y sociales, gremialistas o, simplemente, sospechosos de tener vinculaciones con las actividades guerrilleras. Fuerzas represivas y capataces del ingenio Ledesma allanaron viviendas y, en vehículos de la empresa, fueron trasladadas más de 400 personas a los galpones de la firma azucarera. Tras torturas e interrogatorios, algunos fueron liberados, mientras que otros fueron enviados a comisarías, cuarteles militares o a cárceles de distintas provincias. Treinta personas permanecen desaparecidas.
Otro ejemplo del horror: Mercedes Benz donó dos aparatos de neonatología al Hospital de Campo de Mayo, el mayor centro de exterminio de la dictadura. Allí, las presas parían a sus hijos y los militares se apropiaban de los hijos de los detenidos-desaparecidos. Hay 200 casos de niños apropiados sólo en este campo de concentración.
Muchísimas fueron las empresas que colaboraron e impulsaron el genocidio y que, además, se beneficiaron estatizando su deuda privada: Banco Río, Banco de Italia, Banco de Galicia, City Bank, Banco Francés, Banco de Crédito Argentino, Banco Comercial del Norte, Banco de Londres, Banco Tornquist, Banco Español, Banco de Quilmes, Banco Sudameris, Banco de Crédito Rural, First National Bank Boston, Deutsche Bank, Banco Roberts, Banco General de Negocios, Banco Shaw, Banco Superville, Bank of America, Chase Manhattan Bank, Acindar SA, Alianza Naviera Argentina, Alto Paraná SA, Autopistas Urbanas SA, Celulosa Argentina SA, Cogasco SA, Propulsora Siderúrgica, Ford, Fiat, Mercedez Benz, Establecimiento Las Marías, Grupo Clarín, Ledesma, Alimentaria San Luis Astilleros, Alianza SA de Construcción, Continental Illinois National Bank, Cemento NOA, Cía General Fabril Financiera, Deere and Company, Deminex Argentina, ESSO, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, La Penice SA, Loma Negra, Masuh SA, Manufacturas Hanover Trust, Macrosa, Pirelli, Selva Oil Incorporated, Sideco Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, Panedile Argentina, entre otras.
Cabe señalar que, mediante un apoyo explícito o tácito, los medios de prensa compartieron la responsabilidad en la legitimidad del golpe militar de 1976 y de su continuidad hasta 1983. Entre otros: Clarín fue eco de la palabra oficial, La Nación apoyó directamente el terrorismo de Estado, y La Razón, codirigido por Félix Laíño y el sector de inteligencia del Estado, fue el diario propagandístico por excelencia.
Jorge Julio López y Silvia Suppo
La lucha por el juicio y castigo a los genocidas encontró en Jorge Julio López y en Silvia Suppo un nuevo dolor.
La primera desaparición de Jorge Julio López tuvo lugar durante la última dictatura militar, cuando el 27 de octubre de 1976 fue detenido ilegalmente y mantenido en cautiverio hasta el 25 de junio de 1979. Estuvo secuestrado en los CCD que funcionaron en cuatrerismo de Arana, en el «Pozo de Arana», en las comisarías 5º y 8º de La Plata y finalmente fue puesto a disposición del PEN en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Cuando declaró por primera vez, el 7 de julio de 1999, en las audiencias del Juicio por la Verdad de La Plata, López ya tenía 69 años. Luego, como testigo y querellante del juicio que condenó a Miguel Osvaldo Etchecolatz a la pena de reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en el marco del genocidio, brindó también su testimonio. El día anterior a la lectura del veredicto, el 18 de septiembre de 2006, se produce su segunda desaparición en la Ciudad de La Plata. Con sus declaraciones quedaron involucrados gran cantidad de represores en las causas que están abiertas en La Plata por las víctimas y centros pertenecientes al «Circuito Camps”. A 66 meses de su secuestro y desaparición no existen imputados, ni líneas firmes de investigación.
El 29 de marzo de 2010 Silvia Suppo fue brutalmente asesinada en Rafaela, Santa Fe. Testigo clave en la «Causa Brusa”, Suppo impulsó un nuevo juicio que implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, quien fuera su novio. Silvia tenía 17 años cuando fue secuestrada el 24 de mayo de 1977 y trasladada a la seccional 4ta de Policía en Santa Fe. De allí la llevaron al centro clandestino de detención «La Casita» y luego a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Silvia fue violada reiteradas veces y debieron practicarle un aborto tras quedar embarazada. Eso permitió que ella denunciara el abuso sexual como metodología de tortura hacia las mujeres detenidas durante la dictadura. Silvia había señalado sentirse hostigada e intimidada desde el inicio de la «Causa Brusa». A días de cumplirse dos años de su asesinato político, aún no se ha dado una investigación seria que tienda al esclarecimiento, la verdad y la justicia.
El secuestro y la desaparición de Jorge Julio López ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner; el asesinato de Silvia Suppo, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Myriam Bergman, del CEPORDH, afirmó: «El gobierno fue utilizando la causa de López según sus necesidades. Primero lo negó (…) Después, por las enormes movilizaciones en La Plata y la organización, Felipe Solá reconoció que López estaba desaparecido y que hay 9.026 policías bonaerenses en funciones desde la Dictadura. Ahí la denuncia de secuestro cobró nuevo vuelo y Néstor Kirchner retó en público a Solá diciendo cómo podía decir eso, que no había pruebas. La movilización convirtió la causa en una denuncia nacional. Kirchner cambió entonces la estrategia y empezó a decir «˜el compañero Tito’, «˜acompañamos a su familia’. Absoluta utilización. Cuando llega Cristina Kirchner necesitan dar un vuelco y directamente pasan a negar el caso. López no existe. Cristina nunca lo nombró. Mientras, se siguió protegiendo a la Bonaerense (…) Luego de lo de Julio, fue asesinada Silvia Suppo en Santa Fe. Se quiso decir que fue un robo o un delito común, pero los hijos denunciaron desde el principio que fue asesinada por su testimonio en un juicio” (5).
A López y a Suppo, se suman las persecuciones, amenazas y amedrentamiento a sobrevivientes, familiares de desaparecidos y testigos. No son hechos aislados: forman parte de un plan para sembrar terror y confusión y son testimonio de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado. Así lo demuestran los secuestros del sobreviviente Juan Puthod en el 2008 y del testigo Víctor Martínez en el 2011.
Criminalización de la protesta:
Ley «Antiterrorista” y «Proyecto X”
850 genocidas procesados: cifra que resulta irrisoria frente a más de 4000 militantes criminalizados y al asesinato, por parte de fuerzas de seguridad o parapoliciales, de más de 70 personas por luchar y organizarse en los últimos once años. En la mayoría de los casos, los autores intelectuales y materiales no han sido juzgados y, por lo tanto, gozan de libertad.
Asimismo, medidas y acciones planificadas e impulsadas desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nuevamente ponen en discusión la política estatal de DDHH. Entre ellas, se pueden identificar dos que han tenido especial repercusión: la llamada «Ley Antiterrorista” y el denominado «Proyecto X”.
Respecto a la primera, la misma fue aprobada en el Congreso de la Nación en diciembre de 2011. El 14 de octubre del año pasado, la presidenta envió el proyecto y en el día de asunción de su segundo mandato -10 de diciembre- pidió su tratamiento y por Decreto 2021/2011 llamó a Sesiones Extraordinarias, incluyendo la Ley Antiterrorista en el temario. Este proyecto -enérgicamente rechazado por organismos de Derechos Humanos, así como por organizaciones sociales, gremiales, territoriales, ambientalistas y otras- responde a un requerimiento del Departamento de Estado de Estados Unidos:a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se exigió que para considerar a la Argentina como un país seguro de inversiones externas se debía aprobar un paquete de leyes.
La Ley Antiterrorista modifica el código penal estableciendo una legislación que, bajo el manto de la pretendida lucha «antiterrorista», convierte directamente en un crimen pasible de sanción penal cualquier tipo de protesta social, facilitando al poder judicial la aplicación de penas durísimas a cualquier organización o individuo que cuestione determinadas medidas del gobierno o se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales. El conflicto está en el contenido: el recurso de acudir al espíritu del legislador para la interpretación de la ley no resulta suficiente para prevenir con eficacia el uso de la nueva ley contra la criminalización de la protesta social.
Sumado a esto, en noviembre de 2011, con el patrocinio de dos organismos de DDHH -CORREPI y CeProDH- delegados de Kraft y otras organizaciones denunciaron ante la justicia federal que personal de Gendarmería Nacional realizaba tareas de inteligencia sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales.
Ante esta situación, se inició un requerimiento del juez federal Oyarbide para que el jefe de la Gendarmería informara sobre tales prácticas. El comandante Héctor Bernabé Schenone respondió que, efectivamente, la fuerza a su cargo destina hombres y mujeres a infiltrarse en movilizaciones, manifestaciones, asambleas y otras actividades, y registran datos que son luego volcados a una base centralizada, todo en el marco de un protocolo de actuación denominado «Proyecto X”.
En un comunicado de prensa, CORREPI dejó sentado que: «la franqueza del informe, además de mostrar que no se trata de una iniciativa propia de la fuerza, a escondidas, sino del estricto cumplimiento de las órdenes del ministerio de Seguridad, es decir, del gobierno nacional, no es ninguna novedad para la militancia. Sabemos, y denunciamos hace décadas, que, sistemáticamente, el aparato estatal nos espía, nos manda infiltrados, nos hace seguimientos, escucha nuestras conversaciones, nos filma y fotografía, y que esa «información” es luego utilizada por el aparato judicial para dar cuerpo a las causas con las que se nos persigue”.
El asesinato o la criminalización de los militantes populares y los mecanismos de inteligencia y vigilancia no son asunto del pasado. Ante el horror de la dictadura y el desencanto de la democracia, sigue siendo indispensable no claudicar. Dignificar la memoria mediante la lucha diaria y cotidiana sigue siendo la respuesta y el mejor homenaje para los 30000 desaparecidos.
Notas:
(1) Crisis, Julio de 1987
(2) Página 12, Junio de 1987
(3) «Los juicios a los genocidas», Número especial «Julio López” de la revista Tantas Voces… Tantas Vidas de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, editada en septiembre de 2011.
(4) Idem 3
(5) «El silencio de la Presidente es un mensaje de impunidad» – Entrevista a Myriam Bergman (PTS)